Ahora sí hay juicio

Jean Pumarol, acusado de quitarle la vida a una señora de 70 años y herir a otras 5 personas incluyendo su propio papá, vuelve a prisión preventiva y va a juicio de fondo. 

La Corte de Apelación revocó el “no ha lugar” que en marzo lo había dejado libre de cargos y consideró que sí existen elementos suficientes para que Jean vaya a juicio, justo lo contrario de lo que había concluido el primer tribunal que conoció el proceso en marzo. De paso le pusieron tres meses de prisión preventiva y tendrá que salir de la clínica psiquiátrica donde estaba desde aquel momento (porque su familia lo internó voluntariamente).

¿Por qué había quedado libre?

Aquí es que el debate legal se complica. En marzo, el tribunal dictó un “no ha lugar” ––cerrando así el caso–– porque el Inacif determinó que era “altamente probable” que él estuviera metido en un brote psicótico por esquizofrenia paranoide cuando pasó la desgracia. Según la ley, alguien que no entiende lo que hace por un trastorno mental no puede ser responsable penalmente. En términos legales a eso se le dice que la persona es “inimputable”.

Ni una ni la otra

La gente se preguntaba por qué entonces el tribunal no ordenó que fuera a un centro psiquiátrico. Y ahí es que se pone confuso, porque antes de dictar el no ha lugar, el mismo juez rechazó declarar a Pumarol formalmente inimputable en base a otra evaluación del Inacif ––de enero de este año–– que decía que al momento del juicio estaba estable y podía entender el proceso.

Por eso entonces no se aplicó el procedimiento especial para inimputables, que es la vía que le permite al juez mandar a internar a la persona en un centro psiquiátrico. El informe del Inacif recomendaba que Jean fuera a una cárcel con pabellón de salud mental, pero el juez no dijo nada al respecto. Los padres terminaron internándolo por su cuenta, a pesar de que él es mayor de edad y nadie podía obligarlo.

En resumen: como nunca hubo una declaratoria formal de inimputabilidad, tampoco hubo base legal para mandarlo a un centro. Pero tampoco hubo responsabilidad penal, por su estado mental cuando pasó el hecho. El resultado, de acuerdo al juez: ni cárcel, ni medida de seguridad ni juicio.

La historia no ayuda

La decisión del juez de dejarlo libre fue muy criticada, porque Pumarol tenía más de 10 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Desde 2017 hubo varios episodios de delirios y amenazas. En 2021 lo internaron por una conducta agresiva, y 6 días después de que le dieran el alta por pedido de su papá, intentó prender en fuego la casa. El propio informe del Inacif dice que los padres no mencionaron esos antecedentes cuando los entrevistaron después del ataque.

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La fiebre no está en la sábana

Está en la granja. República Dominicana tiene un problema con la peste porcina africana (PPA) desde hace 5 años, y ahora dice Brasil que nos mantiene bajo “vigilancia máxima” a través de un grupo de 21 países que coordina la lucha contra esa enfermedad en América. 

La PPA no afecta a los humanos ni aunque consuman la carne ni los embutidos, pero sí mata a los cerdos y no tiene vacuna ni cura. Le ha costado carísimo a los productores de cerdo dominicanos, y es importante controlarla porque se lleva una granja entera en lo que pestañas.

Se avisó y no se hizo

En 2022 hubo un plan para sacrificar a todos los cerdos de RD y repoblar las granjas con animales sanos. Ese plan iba a ser financiado por Estados Unidos porque es el principal cliente de nuestra carne de cerdo. El plan no se ejecutó porque, según el coordinador del grupo de 21 países, las autoridades tuvieron “miedo político” de decirles a los pequeños productores que iban a sacrificar todos sus animales, y ahora RD es un caso de “total atención”. La oferta de financiamiento ya no está.

¿Por qué es importante?

Porque República Dominicana en el 2024 fue el exportador número 91 de Carne de cerdo de 120 países en el mundo. Pero no sabemos cuál es el show de Brasil porque nuestros principales clientes son Panamá, Estados Unidos y Alemania.

Al contrario, nosotros traemos mucha carne de cerdo de Brasil y de otros países. Los números del 2024 indicaban que Brasil fue el mercado de mayor crecimiento en importación (aunque en primer lugar seguía Estados Unidos). En 2024, fuimos el importador número 29 más grande de carne de cerdo (de 219) en el mundo.

¿Controlada o manejada?

El director de la Dirección General de Ganadería (Digega) defiende la idea de no eliminar a todos los cerdos, sino “reconstruir” la producción con bioseguridad, un proceso que toma varios años. Y dice que la enfermedad está bajo control, porque menos de 1% de las pruebas que hacen dan positivas.

Pero los números del Ministerio de Agricultura dicen que la producción cayó un 25% entre 2024 y 2025, y hubo que importar más de 2 millones de quintales para cubrir el consumo local. La Federación Dominicana de Porcicultores calcula que de las 110,000 madres reproductoras que había antes de la enfermedad PPA, solo quedan 30,000. 

La ANPA (Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios) dijo en estos días estar preocupada porque la enfermedad se está regando. Eso no queda claro, pero lo que sí es que la enfermedad ya es endémica (que se mantiene presente de forma constante). De hecho, hace unas semanas tuvieron que sacrificar cientos de cerdos de varias comunidades de Puerto Plata. En ese caso, a los productores les dieron compensaciones de entre 3 mil pesos (por un cochinillo) a 40 mil pesos (por una cerda madre).

Imagen del día

Visto en: National Geographic

Este es uno de varios barcos nazis que después de más de 80 años han salido a la superficie del Río Danubio, que está pasando por una sequía que ha bajado el nivel del agua a niveles históricos. Es parte de una flota alemana que los nazis hundieron a propósito en 1944, cuando ya estaban en plena retirada al final de la Segunda Guerra Mundial.

También han aparecido bombas y municiones, proyectiles de catapulta de la antigüedad, y hasta los restos de un mamut lanudo que vivió hace miles de años.

La cifra del día

1500

La cantidad de becas para especializaciones, maestrías y doctorados en universidades de fuera que entregó ayer el gobierno a través del Mescyt. Por ahí mismo anunciaron “Excelencia sin Barreras”, un programa nuevo con 5 mil becas para hacer carreras en universidades locales.

Si no es Juan, es Juana

Hace un par de meses hubo un lío en el Poder Judicial donde jueces y funcionarios judiciales se fueron a huelga en todo el país para pedir mejores sueldos y mejores condiciones. 

Finalmente, el Consejo del Poder Judicial anunció un acuerdo de un 30% de aumento para jueces y administrativos, y aumentos también para secretarias, abogados ayudantes y oficinistas. 

Pero ahora, un par de días después de que Luis Henry Molina anunciara que no se postularía para seguir como el mandamás del Poder Judicial, sale a relucir que en el acuerdo de los aumentos había algo en letras pequeñas que no les cayó bien a los jueces.

Ay ñeñe

En el Manual de Compensación, que incluía los aumentos y otras medidas, apareció un nuevo renglón salarial exclusivo que le daba un dinero extra a los jueces que forman el Consejo del Poder Judicial. Los mismos que aprobaron el aumento general se “subieron” el sueldo a sí mismos.

Un solo miembro del Consejo votó en contra, El juez Manuel Aurelio Hernández dijo en su momento que eso chocaba con el artículo 140 de la Constitución ––que prohíbe a las instituciones autónomas subir el sueldo de sus propios directivos mientras están en el cargo–– y también con la Ley 28-11, que dice cómo funciona ese propio Consejo.

La mayoría del Consejo le respondió que ellos tienen funciones adicionales a las de ser puramente jueces. O sea, un juez de paz sigue siendo de paz, uno de apelación de apelación y así sucesivamente, pero mientras esté como consejero (miembro del Consejo) cobra más por el renglón nuevo que crearon. El argumento es que eso no cambia la escala de salarios porque no es un aumento, sino que es como un salario especial o una especie de bono por ser parte del Consejo del Poder Judicial.

Eso ya lo tumbaron

En la Asociación de Jueces y Juezas se quejaron de que ahora un consejero gane más de 450 mil pesos, y además recordaron que en 2021 el propio Consejo anuló algo parecido por inconstitucional. Rosanna Vásquez, de otro gremio de jueces que se llama Judemo (Jueces Dominicanos por la Democracia), convocó a una sesión permanente para ver qué hacen al respecto.

No es que estén incómodos por el aumento general, sino porque también los del Consejo se beneficiaron de la misma resolución.

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Seis doritos más tarde

La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió Registros de Proveedores del Estado de 11 senadores. Por ley, los legisladores no pueden hacer negocios con el Estado. No es que lo hayan hecho, dijo Carlos Pimentel, director de compras, sino que esto es “preventivo”.

¿Por qué ahora?

De los 10 senadores, cinco están ahí desde el 2020. Lo que pasa es que la ley cambió. Con la vieja Ley de Compras (340-06), un legislador podía tener hasta 10% de participación en una empresa proveedora del Estado. La nueva Ley 47-25 quitó eso y prohíbe por completo cualquier porcentaje de participación, aunque sea un 0.1%; además, prohíbe cargos de dirección o gerencia.

Entre 2020 y 2025, suspendieron 591 registros bajo la ley anterior (solo en el 2024 suspendieron los de 22 legisladores). En el 2026 ya van 81 suspensiones.

Llama la atención que los legisladores tuvieron el chance de hacerlo por las buenas porque Contrataciones mandó una circular en febrero dándoles 15 días para acogerse por voluntad propia a la suspensión. Finalmente, la Dirección la ejecutó “por las malas” el 19 de junio.

Hasta la Victoria siempre

Entre los suspendidos está Alexis Victoria Yeb, quien ya sonó con este tema en 2021 cuando en El Informe de Alicia Ortega presentaron las pruebas de que empresas vinculadas al senador recibieron contratos del Estado después de llegar al Senado. Él lo negó y prometió renunciar si se comprobaba. 

Contrataciones confirmó que dos de sus empresas consiguieron contratos con el Estado después de su juramentación, y que el Senado tenía que evaluar medidas disciplinarias. Nunca llegaron esas sanciones y él nunca renunció. La empresa que le sacaron ahora, una constructora, no aparecía entre las que se cuestionaron en 2021.

Imagen del día

Visto en: Ars Technica

Esta es Olto, una bicicleta de un fabricante de Nueva York que se llama Infinite Machine. Sí, la venden como una bicicleta porque tiene pedales. Pero no solo parece una pasola, sino que se comporta como una pasola. Y tiene una velocidad máxima de 48 km/hr, más de lo que permite el límite legal de las e-bikes (las bicicletas que pueden acelerar).

Esto abre un debate importante sobre dónde empieza y terminan los límites entre una bicicleta o una patineta con motor, una pasola, una motocicleta, y así. Porque en el caso de Olto, puede andar por donde andan las bicicletas normales aunque corre muchísimo más. Aquí estábamos teniendo esa discusión en estos días, pero no se ha avanzado gran cosa.

La cifra del día

213,355

Los galones de combustible que Industria y Comercio decomisó entre enero y julio por contrabando, venta ilegal o almacenamiento fuera de regla. También agarraron unos 46 millones de unidades de mercancía que se estaba moviendo por la izquierda, entre medicinas, cigarrillos, estimulantes sexuales, romo y así.

¿De todos o de nadie?

Las playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso. Eso dice la Constitución, pero unas denuncias de los últimos días han vuelto a traer a discusión el tema de que en algunos lugares del país los dueños de propiedades costeras impiden que la gente use la playa.

Si piensas volver

El primero en denunciar fue Mariano Lantigua, del grupo Aljadaqui, quien salió en un video quejándose de que el personal de seguridad de un hotel de Juan Dolio no lo dejó poner sillas y una sombrilla en la playa porque ese tramo le “pertenecía” al complejo. Este tema es viejo, específicamente en Juan Dolio, pero los comentarios del video se llenaron de gente diciendo que les había pasado lo mismo en otros lugares.

Luego vimos a Sergio Carlo diciendo que el personal de Dreams Macao Punta Cana vive restringiendo el uso de un pedazo de la playa, pidiéndoles a los visitantes quitar todas sus cosas del medio cuando hay actividades privadas (bodas, sesiones de fotos, etc.). Sergio depositó una denuncia formal en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pregúntale a David

David Collado reaccionó a la discusión. Dijo que lo que pasó es inaceptable y que lo avergüenza, porque las playas son del pueblo y de la gente. Que eso no quita que el acceso y el uso sea con orden, organización y respeto a la propiedad privada. Anunció además una mesa de trabajo con Medio Ambiente, Interior y Policía y la Procuraduría, para que todo el mundo esté claro de cómo se debe manejar el tema.

Aprovechando la discusión, los surfistas de Playa Encuentro le pidieron al ministro que le ponga atención a que esas mismas exigencias se apliquen allá. Ellos han tenido pleitos legales fuertes con gente que ha comprado propiedades en la zona, y se viven quejando de la entrada descontrolada de jeepetas, buggies y 4 wheels a la playa.

¿Qué dice la ley?

Hay que arrancar con la Constitución, que en su artículo 15 dice que ríos, lagunas, lagos y playas son de dominio público y de libre acceso, respetando siempre la propiedad privada. También dice que la ley deberá regular ese acceso, y ahí es que entra ––parcialmente–– la Ley 305-68 (la “ley de los 60 metros”). 

Esa ley es de 1968 y fija en 60 metros la franja de playa pública desde la “pleamar” (una línea en la arena que representa hasta dónde llega el mar en su punto más alto en condiciones normales). La Ley de Medio Ambiente (64-00) reafirma que esa franja es inalienable, imprescriptible e inembargable. Traducción: nadie es dueño de los primeros 60 metros de playa, aunque su hotel o casa esté justo enfrente.

Para completar, una sentencia del 2023 del Tribunal Constitucional (TC/0751/23) ratificó ese libre acceso público al mandar a quitar unos obstáculos que impedían entrar a la Playa Las Canas, en El Limón, Samaná. Ahí mandaba a Medio Ambiente, Turismo y la Junta Distrital de la Zona a meter mano para garantizar ese derecho constitucional. Y no era la primera sentencia al respecto.

Los chivos locos

Con tanta ley, ¿por qué sigue pasando? El problema es que la Constitución dice que la ley no solo debe regular la distancia, sino las ‘servidumbres’. Eso se refiere a la dinámica o el mecanismo que tiene que ver con cruzar terrenos privados para llegar hasta la franja pública. Y ahí, todas las leyes que tenemos hasta ahora se quedan cortas.

Varias versiones de un proyecto de Ley de Costas y Playas se han presentado en el Congreso en los últimos años, pero ninguna ha caminado.

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Nadie agarró la sartén por el mango

El mango dominicano lleva casi un mes sin poder entrar a EE. UU., el mercado más importante que tiene. 

En julio, el USDA-APHIS (servicio de inspección de plantas y animales) suspendió la importación de mango desde RD porque el programa de vigilancia que teníamos contra la mosca de la fruta no era confiable. Las pérdidas de los productores se estiman en al menos 20 de millones de dólares.

No fue sorpresa

El Ministerio de Agricultura reconoció que desde 2023 la APHIS ya estaba avisando de debilidades en los protocolos y pidiendo corregirlas. Y también los mismos productores les venían avisando de las fallas a los técnicos de sanidad vegetal, pero dizque nadie les hizo caso.

Pero es que…

No solo nadie se ocupó de que se hicieran los ajustes necesarios, sino que se estaba dando información que no era. Según un reporte de El Nacional, por meses se enviaron a EE. UU. reportes que decían “cero capturas” de moscas de la fruta, pero cuando los gringos llegaron a revisar las trampas en el terreno, estaban timbí de moscas.

La auditoría de APHIS, hecha entre el 26 de abril y el 5 de junio, encontró que el 71% de las plantaciones tenían fallas, que quienes manejaban las trampas eran trabajadores de campo y no técnicos formados. También reportan casos de trabajadores que maquillaban las trampas justo antes de que llegaran los supervisores, para que pareciera que todo estaba OK.

Sensación agridulce

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), habla de más de 2,100 productores afectados en el país y 150,000 tareas sembradas, en una industria que en 2025 exportó unos 35 millones de kilos y movió más de 50 millones de dólares. Su presidente, Tito Hernández, le achacó la crisis directamente a la “incapacidad” del Ministerio de Agricultura.

Pero dentro de lo malo, lo menos malo es que cuando anunciaron la suspensión ya se había exportado entre el 85% y el 90% de la variedad cáscara amarilla de la cosecha de este año. Eso quiere decir que el impacto inmediato es menor de lo que pudo haber sido, y que hay tiempo de hacer ajustes. Además, el mercado europeo sigue funcionando normal.

El Ministerio de Agricultura ya anunció algunas medidas. Pondrán un nuevo coordinador para el programa de monitoreo, revisarán el 100% de las trampas del país y endurecerán los controles. Los agropecuarios lo ven bien, pero proponen aprovechar el momento para impulsar la agroindustrialización del mango —jugos, pulpas, mermeladas— para no depender tanto de un solo mercado.

Imagen del día

Así saltó de su jaula Umit, una tigresa Amur que llegó desde Rusia para ser liberada en Kazajistán, y se convirtió en el primer tigre en pisar ese país en más de 70 años. 

Esto es parte de un plan del gobierno para que regrese el tigre del Caspio, que por la caza y pérdida de su hábitat quedó extinto en el siglo pasado. Como ya no hay de esos usarán el de Amur, su pariente genético más cercano. 

Si a Umit le va bien y se adapta, llevarán otras tres. En algún momento tendrán que llevar machos también, porque ¿verdad?

La cifra del día

1122

Las licencias de construcción que dio el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones en los primeros 7 meses del año. Eso es casi el doble que en el mismo período del año pasado, y es en gran parte la razón por la que el sector ha vuelto a crecer después de un par de años de capa caída. La construcción representa una tajada importante en la economía y tiene muchos efectos directos e indirectos.

Estrenamos Código Penal. Pero no sabemos cuál

El país tiene desde ayer su primer Código Penal en 142 años. Se pedía hace casi 30 años, pero arrancó con el pequeño detalle de que ni los abogados se ponen de acuerdo sobre cuál versión es la que nos va a regir. 

¿El 3 o el 5?

El consultor jurídico del Gobierno, Jorge Subero Isa, le dijo a Listín Diario que el código entró en vigencia ayer.

Pero realmente abogados constitucionalistas dicen que no hay duda jurídicamente de que la ley 74-25 entre en vigencia el 5 de agosto, no el 3, porque los 12 meses son a partir de la promulgación y la publicación. Y es lo lógico, porque ninguna ley adquiere fuerza jurídica si no está publicada. La ley se promulgó un 3 de agosto pero se publicó en la Gaceta el 5, y su artículo 393 exige las dos cosas: promulgación "y" publicación.

Gran cosa la fecha, falta lo importante.

Sea el 3 o el 5, las modificaciones que se le hicieron al código todavía no entran en vigor. Hace dos semanas el Congreso aprobó la Ley 44-26 para corregir 27 artículos. Y entre ellos están los que llevaron el lío famoso de las protestas y las reuniones con el presidente Abinader: difamación, injuria, ultraje, difusión de imágenes. 

El problema es que esa ley con las modificaciones no se han visto publicadas en la Gaceta, y sin publicar no vale de nada. También lo confirmó Subero Isa diciendo: al que delinca hoy se le aplica el texto viejo, aunque el artículo ya lo hayan corregido. En pocas palabras, nos rige la versión sin reformas, cosa que hasta el mismo gobierno le hizo cambiar al Congreso a última hora.

¿Un comité de lujo para qué?

El mismo día de la reforma, con el decreto 507-26 el gobierno mandaba a crear una comisión de "socialización" con unos pesos pesados tanto del derecho como de la prensa: Milton Ray Guevara, Eduardo Jorge Prats y los directores de Diario Libre y El Nuevo Diario, entre otros. Pero eso fue lo único que hizo el decreto. No dice nada sobre promulgar. O sea, armaron un panel de expertos para darle seguimiento al código y sus modificaciones, pero el código entró sin ESAS correcciones.

¿Y si cometes un delito hoy?

Bueno, si eres un memero, sería bueno tomar precauciones. Porque independientemente de que la ley 44-26 (la de las modificaciones) diga que va a entrar en vigencia cuando entre la 74-25, si no ha sido publicada, no puede entrar en vigencia.

Si se publica hoy o mañana, pues entra en vigencia el Código con sus modificaciones al mismo tiempo. En fin, estamos estrenando Código Penal con la primera pena de la confusión.

¿A qué coste?

El doctor David Coste se fue viral en estos días con un video donde denunciaba que en la página de la TSS aparece con un reguero de trabajos que nunca tuvo: en comedores, en Juntas Municipales, en Ayuntamientos; como camionero, como empleado de cocina; en Boca de Yuma, en Luperón, en Sabana de la Mar… varias ocupaciones por todo el país aparecen en su historial, dice Coste. 

En el mismo video, otras personas dicen aparecer en empresas donde nunca trabajaron y parece que tanta gente entró a la página de la TSS que se terminó sobrecargando. 

Según él, sospecha que alguien usó sus datos para cobrar “botellas”. Pero la cosa no va necesariamente por ahí. 

¿Qué dice la TSS?

Lo primero es que la TSS salió a aclarar que no registra a nadie; quien tiene que hacerlo es cada empleador, que reporta su nómina en el sistema cada mes. Dicho eso, esos fraudes de registros en la TSS no son de ahora. De hecho, en diciembre del 2024 ya se hablaba de que la misma TSS había llevado 333 denuncias al Ministerio Público contra empleadores públicos y privados. 

¿Y cuál es la vuelta?

Coste dice que nunca autorizó nada, que no sabía de esos registros hasta que los buscó, y que aparece en varias instituciones. No queda claro cuál es el meneo en su caso particular.

Hasta ahora, la explicación conocida no tiene que ver con botellas, sino con los seguros que le tocan a los empleados formales. En 2024, el titular de la TSS, Henry Sahdalá, explicó que lo que hacen las empresas es que le dan su clave del SUIR (la plataforma donde se registra la nómina y se paga la seguridad social) a vendedores callejeros de seguros médicos, que inscriben como “empleados” con salario mínimo a gente que no trabaja ahí, casi siempre pacientes con enfermedades graves cuyo tratamiento es caro. 

Una estafa

Claro, porque el sistema de salud termina absorbiendo el costo del seguro de personas que no están trabajando. En septiembre de 2024, la TSS reportaba 297 querellas desde 2020 —28 públicas, 269 privadas— sin una sola condena. Tres meses después ya eran 333, con 168,982 personas registradas por la izquierda y unos 560 millones de pesos en juego. Esas mismas 333 las reportan hoy y, hasta ahora, no se ha sabido de ninguna condena.

Esto no es nuevo. En 2015, una investigación de El Informe con Alicia Ortega ya hablaba de redes de empleadores que inscribían gente con salarios mínimos para venderle acceso al seguro de salud sin tener empleo real. Sahdalá, entonces también al frente de la TSS, hablaba de nóminas con miles de supuestos trabajadores.

Imagen del día

Visto en: Acento

Un boxeador nicaragüense fue descalificado de los Centroamericanos porque mordió a su rival dominicano en plena pelea. Se podría decir que quería imitar a Mike Tyson, pero más bien fue a Drácula porque cuando el árbitro paró la pelea y revisó el cuello del dominicano, había marcas y sangre.

La cifra del día

70 mil

La cantidad de “agencias hípicas” que hay hoy en día en RD, según la Asociación de Bancas Deportivas. No es una cifra oficial y ese es el sector que compite directamente con las agencias hípicas, pero está bien.

Como quiera, esto llama la atención porque las agencias hípicas eran originalmente para ––como su nombre lo dice–– apostarle a carreras de caballos y en 2019 eran apenas 166 en todo el país. Pero después de un decreto de 2019 que les permitió instalar maquinitas y juegos virtuales, y ahí explotaron porque para completar no están muy reguladas por la ley.

La nueva Ley de Juegos de Azar, que está en discusión en el Congreso, promete regular mejor las agencias hípicas, las bancas deportivas y todos los juegos de azar.

¡Buenos días!
Hoy es lunes 3 de agosto

En una empresa es común perder tiempo pensando quién trabaja menos, quién se llevó el crédito o quién tomó una mala decisión. A menos que seas el gerente o el dueño, suelta a los demás en banda para que no descuides aquello por lo que sí eres responsable. 

Déjala ir

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, le pidió a las instituciones públicas, a las empresas y a todos nosotros que bajemos el consumo de energía eléctrica.

¿Y qué le dio?

Calor, igual que a todo el mundo. Julio fue un mes de temperaturas extremas, y si a eso le sumas el polvo del Sahara y la sequía, tienes el ambiente perfecto para que la gente prenda el aire acondicionado más que nunca. El mes pasado rompimos 6 veces el récord de demanda eléctrica (la energía que necesita todo el sistema en un momento dado) llegando a necesitar 4330 megavatios (MW).

El Ministerio tiró una resolución que obliga a las instituciones públicas a regular el uso del aire, desconectar equipos que no están usando, mover actividades de hora y otras cosas. A los ciudadanos y las empresas no les puede bajar una resolución, pero recomendaba mantener los aires entre 23 y 24 grados, apagar lo que no se use, desconectar cargadores y aprovechar lo más posible la luz natural.

¿Se acabó la luz?

Aquí viene lo interesante, porque plantas para producir energía hay de sobra. En papel, el país puede generar más de 7600 MW, casi el doble de lo que consume el país en su punto más alto.

El problema es que ese número es en papel. En la vida real pasan dos cosas al mismo tiempo justo en la noche: la gente llega a la casa y prende el aire (la demanda se dispara), y las plantas solares —que son casi 1800 MW— se apagan porque ya no hay sol. Resultado: en el peor momento del día, lo que el país realmente puede producir baja a unos 4400 MW.

Recuerda que el pico que tuvimos el mes pasado llegó a 4330. Es decir, quedamos ras con ras. Si una sola planta se daña, ya no hay con qué darle luz a todo el mundo.

Y eso, que estamos “apretados” y no en déficit porque hace unos meses comenzaron a entrar cientos de MW de capacidad nueva. Pero el próximo gran estreno es San Felipe I, en Boca Chica, en mayo de 2027; así que tendremos que ‘abrocharnos’ los meses más calurosos de este año con lo que tenemos.

No es producir, es repartir

Producir los megavatios necesarios es una cosa, y que lleguen completos a donde van es otra. Y ahí está el gran problema que no se va a solucionar con más plantas: las redes de líneas, subestaciones y transformadores siguen teniendo muchas carencias y limitaciones. Por eso, aunque todas las plantas estén encendidas y funcionando a capacidad, tenemos apagones por rumba. Esta semana ya hubo quema de gomas y bloqueos de calles en sectores de la capital donde están “disfrutando” de apagones de hasta 7 horas.

Y los nominados son…

El 16 de julio, El Brifin publicó que la nómina pública de RD llegó a 780,060 empleados en mayo, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) citados por un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). 

Eso es un aumento de 35,789 funcionarios en total respecto a mayo del 2025, o 130 por día hábil según CREES. Y el mayor aumento en un solo año desde al menos el 2016, solo quitando el 2021-2022 (recuperación de empleos por la pandemia).

No bro lo que pasa es que…

El 21 de julio, recibimos una carta de la Secretaría de Asuntos Económicos del PRM con un desglose de dónde fueron a parar los nuevos empleos públicos de entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Según eso, del total de 35,700 (la cifra que usaron, ligeramente menor a los 35,789 que da el cálculo de la Sisalril):

• 27,813 fueron al Ministerio de Educación

• 3972 fueron a Interior y Policía

• 3087 fueron al Ministerio de Defensa.

Eso da 34,872 nuevos empleos. No se especifica dónde cayeron los 828 restantes. Tampoco cuántos son administrativos y cuántos operativos.

Pero es que yo no sé

El 30 de julio, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, fue citado diciendo que realmente el Estado no sabe con exactitud cuántos empleados tiene.

"No son 780,000, son menos. ¿Qué tantos? Tampoco te lo puedo decir", dijo el ministro. También que en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) la nómina pública "ronda los 700,000" cotizantes —casi 80,000 menos que el dato de Sisalril— y que tres auditoras están revisando las nóminas de las instituciones del Estado para ver si en diciembre tienen un levantamiento. Según el ministro, eso pasa porque no hay una conexión entre las instituciones que permita contar con precisión cuántos es que son.

Elige tu fuente

Sisalril y TSS miden algo parecido porque registran las personas con empleos públicos a través de la seguridad social. Pero por alguna razón, ahora mismo llegan a cifras que tienen decenas de miles de diferencia.

Será esperar a diciembre, para ver si cuando el MAP termine de auditar la nómina pública es 780,060, 700,000, o ninguna de las dos. Lo que no tiene que esperar es el hecho de que ha ido aumentando consistentemente.

Imagen del día

España instaló una barrera en el mar en el espigón del Tarajal, el lugar por donde los migrantes han entrado nadando a Ceuta (territorio español en África) desde Marruecos y Argelia.

Se habla de que más de 50 mil personas se devolvieron a Marruecos, y que al menos 72 perdieron la vida tratando de cruzar. Otros se habrán quedado tratando de conseguir que los dejen entrar a España.

Mientras todo esto pasa, el gobierno español está bajo fuego de sus propios aliados europeos. Italia cerró sus fronteras marítimas y aéreas con España, aunque horas después lo dejó en controles aleatorios solo para no europeos. Finlandia, Dinamarca, República Checa y Países Bajos pidieron sacar a España del espacio de libre circulación —algo que en la práctica no se puede hacer— y Francia reforzó los controles en su frontera con España. Sánchez va mañana martes a la reunión de ministros de Interior de la UE.

La ñapa del lunes

• El Festival Presidente anunció sus primeros artistas: Don Omar, Beéle, Dalvin La Melodía y Milly Quezada.

• Después de 60 años, el periódico El Nacional dejará de salir en versión impresa.

• Trump frenó los últimos ataques a Irán porque oootra vez dizque están cerca de un acuerdo.

• La FIFA tumbó la propuesta de venderle una parte del Mundial a inversionistas privados.

La cifra del día

256

La cantidad de páginas que la Procuraduría bloqueó durante el Mundial de fútbol porque estaban transmitiendo los juegos sin tener los derechos. Las autoridades identificaron más de 300 páginas haciéndolo.

Pero no fue solo aquí, sino parte de la Operación Tarjeta Roja en conjunto con EE. UU. y varios países de América Latina.

¡Buenos días!
Hoy es viernes 31 de julio

Melissa Núñez, representante de Concepción de La Vega, se coronó anoche como Miss República Dominicana Universo 2026 y nosotros lo vimos juntos en el icónico Watch Party de La Magacín conducido por Hector Adriel. Gracias a todos los que nos acompañaron, hicieron sus predicciones y se llevaron sus premios. La pasamos genial junto a ustedes.

La cima más alta

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló los permisos urbanísticos de la Torre Everest, en Piantini. ¿El problema? La torre está levantada y bien avanzada. De hecho, más avanzada de la cuenta. 

¿Qué dijo el tribunal?

La sentencia anuló certificados de uso de suelo emitidos entre 2020 y 2023 a Grupo Choroni, la empresa dueña de la torre, por violar la Resolución Municipal 94-98 y la Ordenanza 9-2019, las normas que dicen qué tan grande puede ser lo que construya en esa zona y cuál será su uso.

Pero esto se complica, porque el Ayuntamiento del Distrito fue quien dio esos permisos, y el mismo Ayuntamiento es quien pone la demanda ante el TSA. Lo hizo por vía de una acción en lesividad, que se le pide al tribunal que le anule sus propios permisos, porque entiende que se otorgaron mal.

La Alcaldía no firma

Vamos para allá ahora, pero antes, hay que hacer la cronología. El primer certificado para la torre, de abril de 2019, aprobó un edificio de 20 niveles, ocho sótanos y 64 apartamentos de una habitación. Ese mismo año, la Alcaldía negó el helipuerto por ser una zona residencial de alta densidad. En agosto de 2020 ya Grupo Choroni era dueño del terreno y el proyecto recibió un "resellado" que mantuvo los 64 apartamentos, pero le devolvió el helipuerto en base a una comunicación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). 

Pero el cambio importante llegó en febrero de 2022, cuando un nuevo certificado convirtió el proyecto en un condominio-hotel de 238 suites, con restaurantes, oficinas y salones de eventos, y disminuyó la distancia a los linderos hasta menos de medio metro, cuando la regla es que deben ser cuatro metros mínimo. Un informe técnico de la propia Alcaldía calculó que eso llevó la densidad a 3,763 habitantes por hectárea, casi cuatro veces más que el límite de la zona. La altura también se pasaba.

Para el TSA, ya eso era un proyecto totalmente diferente que debió pasar de nuevo por todos los procesos. Y aclaró que el hecho de que el IDAC diera luz verde al helipuerto solo dice que es seguro para volar, no que pueda estar en el edificio que se vaya a construir ahí.

¿Y por qué esperó tanto la Alcaldía?

¿Y por qué llegaron tan alto?

Después del informe de mayo del 2023 que hablaba del exceso de densidad, la Alcaldía esperó como un año y medio para empezar a moverse. En el interín, la Junta de Vecinos de Piantini se empezó a quejar del helipuerto, y ya en diciembre estaban los consorcios de las torres vecinas pidiendo que se anularan los certificados. Para enero de 2024 ya la cosa era tan seria que intimaron por acto de alguacil a la alcaldesa Carolina Mejía y al propio director de Planeamiento Urbano para que respondiera.

La Alcaldía vino a poner la acción por lesividad en septiembre de 2024. Y cuando lo hizo, cometió un error y lo retiró al día siguiente. Tuvo que empezar de cero un mes después con todo corregido, y la resolución final que después termina en el TSA no llegó hasta finales de noviembre. En agosto de 2025 el Ayuntamiento pidió parar la construcción mientras se decidía el asunto, y el tribunal se lo negó porque los permisos parecían válidos y ya había gente que había comprado confiando en ellos. 

Mientras todo eso pasaba durante todos esos años, la torre avanzaba.

El que sí firmó

Los dos certificados —el del helipuerto y el que subía a 238 suites— los firmó Mayobanex Suazo, quien en ese entonces era director de Planeamiento Urbano. Tres meses después de firmar el segundo, esa misma oficina, bajo su dirección, le respondió por escrito a una vecina que preguntó por los permisos que tenía la torre, diciéndole que el proyecto no había cambiado y no se daba ninguna aprobación nueva desde 2019.

En octubre de 2024, el director legal del Ayuntamiento denunció penalmente a Suazo acusándolo de soborno. El expediente también tiene una denuncia por una supuesta alteración de fecha en uno de los certificados. Casi dos años después no hay acusación alguna, y el TSA lo que dice es que no le toca determinar delitos, y además las violaciones a las normas urbanísticas ya eran suficientes para anular los permisos.

¿Y ahora?

Grupo Choroni fue a la Suprema porque también tiene sus argumentos, así que la justicia no ha dicho la última palabra. Mientras tanto, hay gente que ya pagó parcial o totalmente propiedades ahí dentro, y que ahora podría estar en un limbo. Queda por verse si se mantiene la detención, y si se mantiene, qué pasará con la torre y quiénes le van a pagar dinero a quiénes (por devolución y/o compensación por los daños). Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando.

Con dominio

El Tribunal Constitucional sigue tirando paquetes. Ahora le puso límites a algo que se hace (o se hacía) en residenciales y juntas de vecinos para forzar a la gente a pagar su mantenimiento: meterlos al medio en redes sociales. También prohibió usar drones o cámaras apuntando hacia el interior de las casas. 

La sentencia resuelve el caso del Residencial Estrella Marina, en La Romana, donde la CIA le quedaba corta a la directiva. Publicaban los nombres y fotos de los que debían mantenimiento, los obligaban a bajarse del carro a levantar la barra de la garita a mano, les cerraban la casa club, y según denuncias tenía drones y cámaras vigilando patios y piscinas. Incluso, dice el expediente que alguien de la directiva le entregaba una ruta al camión de la basura para que se saltara las casas con deudas. 

Un grupo de dueños ganó el caso en agosto de 2025; la junta apeló, y así llegó al TC.

Lo que no se puede

Dice el TC que publicar audios, videos y fotos de los “morosos” y usar cámaras o drones para vigilar la vida personal de la gente que vive en un lugar violan el derecho a la intimidad. Mandó a esa administración a soltar eso, pero también sirve como precedente para el resto de los residenciales y condominios.

El TC también aclaró que informar sobre las deudas dentro del residencial no viola ninguna ley de por sí. Un aviso en las áreas comunes es válido si la deuda es real, exigible, no está en la justicia y la información se queda dentro del condominio. Lo prohibido es sacarla a lo público, donde la pueda ver gente que no tiene nada que ver con el condominio.

Las cámaras se pueden poner hasta en el zafacón, siempre y cuando no apunten hacia dentro de las casas.

Imagen del día

Visto en: El País

Miles de migrantes marroquíes y argelinos llegaron de repente, nadando o por tierra, a las costas de Ceuta ––un territorio autónomo que está en la puntita de arriba del continente africano, prácticamente dentro de Marruecos, pero que pertenece a España––. Lamentablemente al menos 9 murieron ahogados en el intento.

Esto no fue de repente o porque sí. Es que el Tribunal Supremo español confirmó hace unas semanas que la ley de extranjería no permite las “devoluciones en caliente” (expulsión inmediata) si agarraron al migrante en alta mar.

La cuestión es que era tanta la gente que la Guardia Civil española tuvo que quitar las barreras y el Ejército tuvo que involucrarse. El gobierno español dice que habló con el gobierno marroquí para que devuelvan a todos los que entraron, pero del lado marroquí hay una fila de 5 kilómetros que no para de crecer, y en el centro de acogida no cabe un alma. El presidente Pedro Sánchez va para allá hoy mismo por la magnitud de la crisis. Italia ya está amenazando con suspenderle la libre circulación (Schengen) a España.

La cifra del día

481 millones

Los intentos de ciberataques a instituciones públicas de RD en 2025, según el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). Eso es casi el doble que el año anterior. 

Ahora, una cosa es intentarlo y otra es lograr algo. Pues solo en lo que va de 2026 ya van 32 incidentes con impacto en instituciones estatales. Al menos 18 instituciones han recibido ciberataques graves desde 2020, entre ellas el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Migración.

¡Buenos días!
Hoy es jueves 30 de julio

Casi nada es completamente bueno ni completamente malo. Cada ventaja que trae la vida esconde un costo a pagar, y en cada dificultad puede aparecer algo útil. Un cerebro maduro se prepara para aprender a vivir con esas dos cosas al mismo tiempo, sin exigirle a la vida que todo sea blanco o negro.

¿Quieres ser jefe?

Por primera vez en la historia de RD, una persona jurídica puede ser penalmente responsable gracias al nuevo Código Penal.

¿La empresa?

Sí. Una empresa no puede ir presa, pero sí puede ser confiscada, multada o cerrada, quedarse sin permisos o licencias, salir de la lista de proveedores del Estado, o incluso disuelta por completo.

Los artículos 8 al 11 del nuevo Código dicen que una empresa responde penalmente cuando un delito se comete por fallas en su dirección, supervisión y control. No hace falta ni siquiera identificar a la persona que lo hizo, sino que solo hay que demostrar que la falta solo pudo haber salido de alguien con funciones de dirección o representación. También aplica por pura negligencia o descuido, sin que nadie tuviera intención.

Por lo menos en la última modificación al Código Penal quedó claro que estos artículos se comenzarán a aplicar el 3 de noviembre y no desde que entre en vigor el Código el próximo lunes. Ya ANJE y CONEP, dos de los gremios empresariales más importantes, avisaron que no les gustaba esto porque genera “incertidumbre jurídica”. Pidieron más tiempo, pero lo dejaron en 3 meses más para que las empresas tengan tiempo de armar sus controles.

El salvavidas

La ley manda a las empresas a tener un programa de “compliance” –––códigos de conducta, controles internos, canales de denuncias, programas de capacitación–– porque si pasa algo, eso puede disminuir bastante su responsabilidad o hasta salvarla del todo, especialmente si prueba que el delito se cometió con maniobras raras o difíciles de detectar.

Para las mipymes, la ley permite un modelo "proporcional" donde hasta el dueño puede asumir él mismo las funciones de cumplimiento en vez de tener que montar toda una estructura. Pero esto es para todo tipo de persona jurídica; e incluso, una empresa matriz puede ser responsable de lo que haga una filial, si al momento de pasar el hecho sabía o autorizaba a que se cometiera el delito.

Todo depende 

Gran parte de las quejas de todo el Código tienen que ver con las ventanas que deja abiertas para que la evaluación de un delito dependa de quién lo interprete. Es lo que pasa con los memes y el material audiovisual, y por eso la procuradora Yeni Berenice salió a aclarar que los memes, las parodias y las caricaturas no son delito ni llevarán a nadie a la cárcel.

El problema con eso es que esa es la interpretación de la procuradora y el Ministerio Público actual y no de uno del futuro, y tampoco es necesariamente la interpretación de los jueces y de los otros actores del sistema judicial.

No era ese el corte

Rebeca Brizard murió horas después de ir a hacerse una lipo. Cuando Salud Pública cogió para la clínica, se encontró con que quien la operó no era cirujano. De hecho, no era ni médico: era barbero.  Esto pasó en la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento de la doctora Griselda Basora, en Santo Domingo Este.

Pero, ¿cómo así?

Emanuel Hernández, el barbero, había trabajado antes con un cirujano plástico reconocido. De ahí lo botaron, según contó el director de Habilitación de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, porque "cruzó los límites". Y en vez de quedarse cortando pelo y barba, terminó operando gente en una clínica que para completar no tenía habilitación. La propia doctora Basora le dijo a Mesa que Hernández ya había hecho "un par de procedimientos" antes en ese mismo centro. Ahora no se sabe dónde está.

Barberos hay muchos

Y así mismo hay clínicas estéticas operando sin permiso y con personal sin títulos. Y es como la búsqueda de la vida eterna: no se acaba nunca. El director de Habilitación de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, contó que ese departamento ha cerrado casi 1500 centros ilegales en los últimos años. Empezaron con 149 en 2021; 498 en 2022; 458 en 2023; 234 en 2024; 71 en 2025; y 83 en lo que va de 2026. Y pudieran ser más, porque un comunicado de mayo hablaba de 501 entre 2024 y abril de este año.

Mesa dejó claro que la responsabilidad no es solo del barbero, sino de todos los que participaron dentro de ese lugar. La familia de la joven ya puso la denuncia ante la Fiscalía y el caso está en investigación.

Y hablando de acreditaciones…

Salud Pública le pidió al Ministerio de Educación Superior que verifique los títulos del doctor Fadul, días después de que le cayera una última lluvia de ácido nuriático donde se cuestiona la validez o legalidad de los títulos de medicina y especialidades que él presenta. Y también solo unos días después de que la embajadora de EE. UU. confirmara que el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr pidió que Fadul hiciera estudios sobre su “enfoque” para el autismo.

Por otro lado, dicen desde el entorno del doctor que él va a proceder legalmente contra Nuria, por lo que se puede asumir sería difamación, injuria cualquiera de las anteriores. O sea, que este pleito va para largo y ya a nivel internacional.

La cifra del día

416

La cantidad de iniciativas que el Senado aprobó entre agosto 2025 y agosto 2026, según la rendición de cuentas de su presidente, Ricardo de los Santos. De esas, 58 llegaron a convertirse en ley.

Dentro de las 294 "resoluciones y acuerdos" que también entran en ese total hay de todo un poco. Por ejemplo, el proyecto que le pone el nombre "Carretera de la Altagracia" a un tramo vial en Hato Mayor del Rey, o la que le cambió el nombre al Polideportivo de San Cristóbal, o la resolución que reconoce a un ciudadano "por su trayectoria ejemplar... y su compromiso con la educación, la cultura y la conciencia nacional". También hubo reconocimientos a una cadena televisiva por sus "aportes" a la diáspora y a un empresario por su "destacada trayectoria".

Y también hay leyes de importancia real, como el Código Penal, la Ley de Contrataciones Públicas y la modificación a la Ley de Partidos.

¡Buenos días!
Hoy es miércoles 29 de julio

Que la gente pueda contar contigo no solo habla bien de ti, sino que también te convierte en alguien valioso. La confianza abre puertas, fortalece relaciones y hace que la gente haga caso cuando hablas. Ser confiable no se compra. No se improvisa. Se construye poco a poco, cumpliendo especialmente cuando nadie te está mirando.

¿Final o suspensivo?

Abinader firmó las modificaciones al nuevo Código Penal, así que entrará en vigor el 3 de agosto como estaba pautado desde el año pasado. 

Muerto ese abejón

No necesariamente. Con el decreto 507-26, el presidente creó una comisión de “seguimiento” que deberá discutir “futuras mejoras” al Código y evaluar cómo se va aplicando. Esta no es una comisión cualquiera. La presidirá el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, acompañado de juristas como Eduardo Jorge Prats y Julio César Castaños Guzmán. Representando a los periodistas estarán Aníbal de Castro (Diario Libre) y Persio Maldonado (El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios).

Que al final cualquier otra modificación tendrá que pasar por el Congreso, pero está bien.

Lo que suena bien

El Código Penal le dará muchas más herramientas al Estado para perseguir y disuadir el crimen. Suma más de 70 delitos que antes ni aparecían –– como feminicidio, sicariato, estafa piramidal, hostigamiento (bullying) y muchos otros––, aumenta las penas máximas y también permite el cúmulo de penas. También estrena la responsabilidad penal de las empresas.

Defectos de origen

Pero esas mismas herramientas pueden llevar a excesos o abusos de poder, que es lo que todavía mucha gente le critica al nuevo Código. No solo en cuanto a difamación, injuria y el uso de imágenes y audiovisuales en las redes, aunque eso es lo que más ha sonado, sino en otros sectores. 

Entre las inconformidades pendientes y la docena de acciones de inconstitucionalidad que hay ahora mismo en el Tribunal Constitucional en contra del Código, trabajo no le va a faltar a la comisión.

De amanecida

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el Decreto 308-06, que desde 2006 prohíbe la venta de bebidas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión después de las 12 de la noche (domingo a jueves) y las 2 de la madrugada (sábados y domingos). 

En un shot

Esa decisión parte de que un ciudadano, Víctor Eddy Mateo Vásquez, fue a alegar que el decreto violaba media Constitución: dignidad, igualdad, libertad de tránsito, de reunión, de empresa, propiedad. Los jueces descartaron casi todo porque Víctor no explicó cómo el decreto violaba cada derecho, solo lo afirmó ahí. Sí analizaron la libertad de empresa, y le dieron la razón al Estado porque el decreto no dice que nadie puede vender ni operar su negocio, solo limita el horario.

Así que la decisión no tuvo nada que ver con derechos, sino con lo que el gobierno puede hacer y lo que no. Dice el TC que al presidente (Leonel, en ese momento) se le fue la mano porque ese tipo de decreto solo se puede usar para situaciones específicas y temporales (como Semana Santa o Navidad), no para regular algo de manera permanente o indefinida como lleva haciendo este por casi 20 años.

Pero no todos los jueces pensaron lo mismo. Tres votaron lo contrario porque para ellos el decreto es perfectamente válido a partir del poder de policía del presidente para proteger el orden público. 

Sírveme otro

Antes de que algunos comiencen a celebrar, hay que decir que el TC le dio 2 años al Congreso para que regule esto por ley. Mientras tanto, el decreto sigue siendo válido hasta que haya una ley, se pase ese tiempo o el presidente decida derogarlo. 

Algo curioso es que la propia Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (el presidente) le pidió al tribunal que declarara el decreto inconstitucional (la Procuraduría sí había pedido mantenerlo).

Imagen del día

Visto en: El Mundo

Un avión francés mandando una nube de retardante rojo justo en el corazón del incendio que está acabando con el suroeste de Francia. Allá se han quemado unas 16 mil hectáreas en lo que va de año, un récord histórico que triplica el mismo periodo del año pasado. 

La cifra del día

265

La cantidad de parejas que se han casado después de conocerse en TOKYO Enmusubi, una aplicación de citas lanzada por el propio Gobierno de Tokyo para incentivar los matrimonios. No para que se casen y ya, sino para que tengan muchachos lo antes posible. 

Japón, como muchos otros países, está entrando en una crisis de “vejez”: hay cada vez más envejecientes que ya no trabajan y necesitan recursos, y menos jóvenes para producir esos recursos.

Hoy es martes 28 de julio

Un muchacho no aprende de lo que uno le dice. Aprende de lo que uno es delante de él.

Guárdame eso ahí

Ahora que terminó la primera legislatura del año en el Congreso (así se le llama a los períodos de trabajo, son dos al año), es momento de repasar cómo les fue a los legisladores y cuáles han sido las prioridades.

Uno de nueve

Vamos a lo que dijeron que iban a hacer y lo que terminaron haciendo. Empezando la legislatura, Alfredo Pacheco anunció una “ola de aprobaciones”. El compromiso con el Senado y el Gobierno era sacar 9 proyectos de ley específicos antes de que llegara el cierre.

Ahí estaban el Código Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Deportes, la Ley de Salud Mental, la Revalorización de Inmuebles, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Personas Desaparecidas, la Ley de Alimentación Escolar, y la de Garantías Recíprocas para Mipymes. 

De esos que prometieron, aprobaron solo uno, que fue la Ley de Alerta de Personas Desaparecidas. Y de los que no tenían en agenda, se aprobaron algunos astoa, como la Ley de Residuos Sólidos, el Código Penal, la Reforma Tributaria, unos préstamos sin discutirse ampliamente, el presupuesto complementario sin que Hacienda fuera al Congreso a explicarlo, entre otras cosas.

Lo que se quedó

El Código Laboral murió oooootra vez (graciadio, dirán algunos). La Ley de la Policía la aprobaron los senadores pero los diputados no le pusieron ni la mano y perimió. Se quedaron la Ley de Seguridad Social, el Código de Agua, la regulación de IA, la Ley de Discapacidad, y ni hablar de la revisión de la Ley de Hidrocarburos (que la prometió Abinader en el 2021). A los 18 proyectos de la iniciativa “Déjala Ir” ––para violencia de género e intrafamiliar–– no les pusieron la mano, a pesar de que los feminicidios subieron un 74% en los primeros 6 meses del año.

¿Y ahora?

La próxima legislatura arrancará el 16 de agosto. Viendo que los proyectos que prosperan son a los que el gobierno les mete el turbo, la pregunta que queda es si el Congreso está ahí solo para acompañar la agenda del Gobierno o si realmente tiene su propia planificación. En palabras del diputado Eugenio Cedeño, del mismo PRM: la práctica de dejar pendientes proyectos de ley de gran importancia al cierre de cada legislatura “es un cáncer que arrastra el Congreso y que algún día habrá que quitarlo. El Congreso tiene que aprender a priorizar”.

Allá también

Vienen deportaciones masivas de haitianos en Estados Unidos. ICE (la "Migra") se prepara para deportar en masa a haitianos que van a quedar indocumentados porque se les acabó el Estatus de Protección Temporal (TPS), que es un un permiso especial que deja vivir y trabajar allá a gente que salió de países en crisis. Los haitianos tenían ese permiso desde el terremoto del 2010, pero venció ayer.

Trump mandó a eliminar ese permiso para varios países, y la Corte Suprema le quitó a los tribunales el poder de frenar la decisión, como venían haciendo.

Poniéndole números

Unos 350 mil haitianos se quedaron sin poder trabajar legalmente y sin protección migratoria. O sea, sujetos a deportación. Pero aunque vienen deportaciones “masivas”, no todo será de golpe. 

Empezarán en Ohio, donde viven unos 14 mil haitianos que tenían TPS. Muchos de ellos están en Springfield, la ciudad que Trump puso en boca de todos cuando saltó con que los haitianos se estaban comiendo las mascotas de la gente. Pero el verdadero rebú se espera en Florida, donde viven 158 mil de esos. La mayoría están en Miami-Dade, especialmente en El Pequeño Haití. Según una congresista, el plan es detener a unos 2 mil haitianos por día.

Regresando al problema

La administración Trump dice que ya ese TPS no tiene sentido porque la cosa en Haití ha mejorado. No se sabe en qué ha mejorado exactamente porque los datos que llegan desde allá dicen que las bandas todavía controlan, y la violencia sigue igual o peor. A eso hay que sumarle que todavía no han elegido un gobierno por votos desde que Jovenel Moïse ganó en 2016, y las elecciones ahora las movieron para diciembre. Las autoridades haitianas ya dijeron que no tienen la capacidad para recibir a tantos deportados de golpe.

Aquí también está el temor de que, ante la llegada de tantas personas, suba la presión sobre la frontera. Pero tranquilo, que por lo menos el ministro de Defensa ha dicho que el muro está trabajando a la perfección y que ha reducido la migración irregular, ha frenado a las bandas y ha bajado los delitos en la frontera en más de un 95%.

Imagen del día

Visto en: El País

Este es un teatro de la antigua Roma con restos griegos, romanos y hasta del neolítico. O al menos eso era lo que pensaban los turistas que iban y pagaban 40 euros para visitarlo y hacer tours guiados. 

Realmente fue la obra de un italiano llamado Franco Malosso, cuyo nombre artístico era Franz Von Rosenfranz. Cogió piedra y la envejeció él mismo a mano, montó columnas de cemento y estatuas de yeso, y montó el “verdadero” teatro en un terreno de 5 mil metros cuadrados en Arcugnano, Italia. Lo descubrieron en 2016, y hace unos días le cantaron 2 años y 4 meses de cárcel.

La cifra del día

123

La cantidad de bienes que se van a ofrecer en la segunda subasta pública de la Dirección General de Bienes Nacionales, el viernes 31. 

Además, hay 61 lotes de otras cosas que se venderán en grupo. Esta subasta tiene más ítems que la anterior, pero probablemente sea más modesta porque hay vehículos, carrocerías, motores para piezas y hasta chatarra, pero nada de yates y mucho menos aviones.

¡Buenos días!
Hoy es lunes 27 de julio

Pregúntale a un hijo adulto qué recuerda de su papá. Casi nunca dice «que me pagó la universidad». Dice cosas raras: que cantaba mal en el carro, que arreglaba cosas los sábados, que se reía duro, que tenía una manía con algo. O sea, recuerda al hombre. No recuerda el sacrificio. Recuerda al hombre que estaba ahí siendo alguien.

¿Cuánto vale un decreto?

En el caso del Decreto 502-26, podría ser un 2.5% de todo lo que exportamos a EE. UU. O quizás no. El presidente tiró ese decreto 15 minutos antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles que anunció EE. UU. para 60 países ––nosotros entre ellos–– por no hacer lo suficiente (o nada) para prevenir la entrada de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. 

Quitando la razón legal, la estrategia de Trump es puramente comercial y manda aranceles para los países que venden el 99% de lo que EE. UU. compra. Pero hay dos grupos: a los países que no han promulgado una prohibición efectiva de importaciones con trabajo forzoso les toca un 12.5%, y a los que sí tienen alguna prohibición o compromisos pero no la aplican plenamente (o han hecho avances) les tocó un 10%. Nosotros estamos en el primer grupo.

¿Por qué ahora?

Porque se había avisado. Lo que no está claro es por qué Abinader esperó a última hora, si desde principios de junio sabíamos que los gringos habían dicho que nosotros teníamos ese problema. Y la investigación de la Oficina del Representante Comercial (bajo la Sección 301), que empezó en marzo, ya había avisado que quien tuviera una prohibición formal contra bienes de trabajo forzoso pagaría 10%; quien no, 12.5%.

En fin, con el decreto el gobierno busca mostrar un compromiso con EE. UU., y posiblemente que nos metan a la categoría de 10% en vez de la de 12.5% en alguna revisión próxima. Eso parece insignificante, pero en la práctica lo que quiere decir es que nuestros productos pagarían 2.5 pesos menos por cada 100 de impuestos al entrar a EE. UU., y eso nos podría poner en ventaja frente a países competidores que se queden con el 12.5% (como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú).

O al menos no ponernos en desventaja versus quienes ya están en el grupo de 10%. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras ––países que también tienen zonas francas que exportan a EE. UU.–– hicieron sus diligencias a tiempo y quedaron con 10%.

¿Y qué dice el decreto?

Aquí hay que empezar aclarando algo: no es que EE. UU. dice que en los 60 países con los nuevos aranceles hay trabajo forzoso, sino que en algún momento de la cadena ––desde la materia prima hasta el producto terminado–– lo hubo. Por ejemplo, si compras un chip en China para fabricar un dispositivo médico aquí y después exportarlo a EE. UU., puedes entrar en el grupo aunque no tengas trabajo forzoso si China hizo el chip con trabajo forzoso. 

Volviendo al decreto: prohíbe que entre a RD cualquier mercancía donde haya “indicios razonables” de que se usó trabajo forzoso en cualquier punto, sin importar el país de origen. Aduanas investiga y puede retener o bloquear la mercancía; el Ministerio de Trabajo hace cualquier evaluación técnica sobre condiciones laborales en 60 días (90 máximo); y los importadores tienen que declarar en Aduanas si saben o sospechan que lo que traen vino de un lugar donde hubo trabajo forzoso. Habrá un registro público de cosas prohibidas.

Sálvese quien pueda

Todos los que quieran estar alineados con Trump tendrán que hacer cosas parecidas, y esa es una de las razones por las que los más afectados son China (que además tiene otros aranceles más altos) y los asiáticos, por aquello de que son “la fábrica del mundo”. El mismo viernes cayeron en negativo las principales bolsas asiáticas.

Como la guerra es contra China y no contra nosotros, no pagarán aranceles la yuca, yautía, plátano, banano, piña, aguacate, mango, guayaba, naranja y lechosa; café tostado y sin tostar; cacao en grano, pasta, manteca y polvo; y azúcar cruda. A eso hay que sumarle exenciones generales como donaciones, materiales informativos y mercancía que ya venía en camino antes de que el arancel entrara en vigor.

¿Es suficiente el decreto?

Eso dependerá de los gringos. Pero ya la Asociación de Industriales pidió una “estrategia nacional” para hacernos más competitivos en los mercados internacionales, porque ya no se evalúa solamente la calidad, el precio o el origen del producto, sino el marco institucional del país, la trazabilidad de las cadenas de suministro y qué tan buenos son sus mecanismos para asegurar el cumplimiento.

¿Qué harías con 200 millones?

El jueves pasado, los diputados estaban conociendo la Ley de Juegos de Azar. Pero como era una discusión muy larga y solo les quedaba un día de trabajo, aprovecharon para meter en el mismo medio de la discusión dos solicitudes de préstamo. Uno para la cuenca del Yuna, por 265 millones, y uno para Seguridad Vial por 200 millones de los verdes.

Obviamente los aprobaron los dos sin hablar mucho, pero a un diputado peledeísta le dio tiempo para decir que no confía en el Intrant y en Milton Morrison para manejar tanto dinero, y cuestionó si al menos parte de eso se usaría para comprar cascos e instalar reductores de velocidad. También preguntó que a qué brujo es que va Morrison, pero eso no viene al caso.

¿Y para qué es?

Para el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. Es un plan de 5 años a ser ejecutado por Obras Públicas y el Intrant. La tajada más grande, unos 139 millones, es para intervenir varias carreteras con asfaltado, señalización, iluminación y cruces peatonales. Ahí están la Sánchez, Las Américas, la Autovía del Este y la del Nordeste.

Otros 20 millones son para arreglar los alrededores de 286 escuelas en Santo Domingo y Santiago, con paradas, rampas y reductores de velocidad (sí, hay reductores). Lo demás se reparte entre control de tránsito, “fortalecimiento institucional” del Intrant y atención a víctimas de accidentes.

Impulsa tus ideas en el espacio donde nacen los grandes negocios. Oficinas flexibles, networking y productividad en el corazón empresarial de Santo Domingo.

La letra pequeña

El Código Penal con modificaciones ya está hace rato en la mesa del presidente para su firma. Desde la semana pasada sabemos que la comisión que lo estudió en el Congreso metió unas 40 modificaciones, pero ahora salió a relucir que lo que hablaron los comunicadores que se reunieron con el presidente (en cuanto a los temas que tienen que ver con la libertad de expresión) no fue lo que finalmente se aprobó. 

El artículo 192, que tiene que ver con audios, imágenes o videos, es el que ha provocado más desencanto. Aquí los tres puntos que pueden dar problemas:

1. La expectativa “razonable” de confidencialidad

El artículo del Código original ––el que fue aprobado el año pasado–– castigaba difundir audios, imágenes o videos de otra persona solo con que hubiera falta de consentimiento. El nuevo exige que salga de un “ámbito privado” o de una “expectativa razonable de confidencialidad”. 

Eso suena a protección, pero nadie define qué es eso. Por ejemplo, un funcionario grabado en una reunión puede decir que ahí esperaba confidencialidad, aunque la grabación destape un escándalo de corrupción.  

2. Venganza y descrédito público

El original castigaba con 5 a 10 años cuando el motivo era “chantaje, extorsión, venganza o descrédito público". En la reunión con el presidente, los comunicadores pidieron quitar “venganza” y “descrédito público”, dejando solo chantaje, extorsión y aprovechamiento económico. 

Pues en el texto final quedaron venganza y descrédito público. Y el problema es que, por ejemplo, denunciar un acto de corrupción desacredita a quien la cometió por definición. Y ahora eso cae en la misma categoría que chantaje, extorsión y aprovechamiento económico.

3. “Creado” y “publicado”

Esta es la cereza del pastel. El Código original castigaba con 2 a 5 años la difusión de la imagen, videos o audios falsos o alterados por medio de montajes o por cualquier otra forma sin el consentimiento de la persona que dañen o ataquen el honor, el buen nombre o la propia imagen y reputación personal.

Los comunicadores pidieron poner esa pena solo cuando el contenido tenga carácter sexual manifiesto y la conducta sea idónea para afectar gravemente la intimidad, dignidad o autodeterminación sexual de la víctima.

Bueno, pues en la versión aprobada no solo volvió lo que estaba en la original, sino que agregaron “creación” y “publicación” aparte de difusión. O sea, ya no es suficiente que el contenido se riegue, sino que montarlo o subirlo puede llevar a alguien a la cárcel. Y el contenido, que puede ser cualquier meme, solo tiene que dañar o atacar el honor, el buen nombre o la imagen y reputación. Eso es tan abierto que hasta un meme sencillo podría entrar ahí.

Usted decida

Se supone que el presidente tiene hasta el 3 de agosto para decidir si lo firma.

Imagen del día

Visto en: JCC 2026

Empezaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde RD es sede por tercera vez en 100 años. Después de la ceremonia del viernes comenzaron a competir los 6,200 atletas de 37 países en 40 deportes, 53 disciplinas y con 3,244 medallas en juego.

La delegación dominicana buscará romper el récord de 35 medallas de oro que se consiguieron en San Salvador 2002, o las 133 en total de Mayagüez 2010. Por lo pronto ganamos al menos 13 en el fin de semana, y 3 de oro (todas en artes marciales): Ana Rosa Smerlin estrenó el medallero de oro en judo, después le siguió Esmeralda Damiano, también en judo, y la tercera la consiguió Wilfrido de la Cruz en taekwondo.

La cifra del día

28 mil

Como ya es costumbre para estas fechas, la ADP salió a decir que hay un déficit de aulas para el inicio del año escolar. Ahora dicen que faltan 28 mil, y que eso dejará a 200 mil estudiantes sin espacio. A eso le suman la falta de más de 3 mil nombramientos de profesores y 600 escuelas con problemas de infraestructura que no se han resuelto.

Lo que llama la atención es que el año escolar pasado la propia ADP hablaba de un déficit de 7 mil aulas ––una cuarta parte del número que dieron ahora. Y el gobierno reportó la entrega de más de 1150 aulas y proyectó entregar unas 1700 más, bajando el número restante a poco más de 4 mil.

¡Buenos días!
Hoy es viernes 24 de julio

A propósito del estreno de La Odisea, vale mirar el viaje de Odiseo más allá de la aventura. Pasó años intentando regresar a Ítaca, pero volver no significaba recuperar intacta la vida que había dejado. Después de ciertas experiencias, nadie regresa siendo el mismo. También pasa fuera de los libros. Hay etapas, lugares y personas a los que se vuelve esperando encontrar lo conocido, hasta descubrir que el tiempo cambió el escenario y también a quien regresa. A veces, el verdadero viaje no consiste en encontrar el camino de vuelta, sino en aprender qué hacer con la persona en la que uno se convirtió.

Es caprichoso el azar

Ayer la Cámara de Diputados conoció el informe de la comisión que estudia el proyecto de ley que regula los juegos de azar: bancas deportivas y de lotería, agencias hípicas, casinos, tragamonedas, bingos y, por primera vez, las apuestas en línea. La pieza no nació ahí: la sometieron los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, el Senado la aprobó en junio y desde entonces estaba donde los diputados.

Antes de que se leyera la primera línea del informe, ya había gente protestando. El martes, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción le pidió a Abinader frenar el proyecto porque, según ellos, abriría la puerta a unos 35 mil nuevos puntos de apuesta. Fenapadres —la federación de asociaciones de padres— hizo un llamado parecido a Abinader, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al Congreso: que no se toquen las distancias entre bancas y escuelas, que dice la Ley 140-02.

¿Qué dice la propuesta?

Lo primero: crea una Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como regulador único, y con eso sustituye el rebú que hay ahora entre la vieja Dirección de Casinos, la DGII y una pila de decretos sueltos.

De ahí para allá: registro único y digital de todos los puntos, que tendrían que declarar ventas, sorteos y pagos; regulación de los juegos en línea, que hoy no tienen ninguna; un régimen tributario más estricto; prohibición de la publicidad dirigida a menores; la advertencia obligatoria «Jugar Puede Provocar Adicción y Afectar la Salud» en cada punto de venta; y penas de hasta 10 años de cárcel para las infracciones graves.

OK, ¿y la queja de los padres?

Aquí hay que separar dos cosas. La Ley 140-02 exige 500 metros entre una banca deportiva y otra. Eso es todo: no dice nada sobre escuelas, iglesias ni hospitales.

Las distancias a lugares sensibles las trae el proyecto, y ahí sí había una cosita. El texto depositado ponía 500 metros entre una banca deportiva y una escuela, pero solo 200 metros para las bancas de lotería y para los puntos de loterías electrónicas. Misma escuela, tres reglas distintas según el tipo de negocio.

El informe que llegó ayer a los diputados —que recomienda votar a favor— unifica todo en un solo artículo: nunca menos de 500 metros de escuelas, universidades, cuarteles, iglesias, hospitales y sedes de gobierno, para cualquier modalidad, lotería incluida.

¿Y lo de los 35 mil puntos?

La Red de Ciudadanos Contra la Corrupción no explicó de dónde sale ese número. Su planteamiento es que las agencias hípicas servirían de camuflaje para meter tragamonedas. El artículo 104 le prohíbe a una agencia hípica operar "otros tipos de juegos o servicios”, pero solo cuando eso "afecte el funcionamiento de otros establecimientos de juegos de azar". Si meterle tragamonedas cae ahí o no, el texto no lo aclara. Pero lo que no está prohibido, está permitido.

Contra la tesis de los 35 mil hay una cosa: el artículo 190 congela por 10 años las licencias para establecimientos nuevos, contadas desde que se publique el registro de los que ya la tienen. Y ese registro no sale mañana, porque la ley da un año para regularizarse a los que se acogieron al decreto 197-26, de marzo de este año, y a los que ya tienen licencia y cumplen con las distancias.

El gancho está en el otro lado, porque el mismo proyecto dice que los requisitos de distancia no aplican a los establecimientos ya autorizados cuando la ley entre en vigencia. O sea, la banca que hoy está a 80 metros de una escuela se queda donde está.

Y nada

Esos son algunos de los puntos en discusión, pero hay muchos más. Al cierre de esta edición los diputados seguían debatiendo las modificaciones, con la intención de devolver la pieza al Senado anoche mismo o, a más tardar, hoy: es su último día de trabajo en esta legislatura.

El tamaño del asunto: hay más de 71 mil bancas de lotería y deportivas registradas en el país, y encima de eso —según Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados— opera "una exageración de cantidad de bancas de apuestas, de lotería y otras cosas" sin ningún control. Dueños de unas y otras hay dentro del Congreso; Pacheco aclaró que ninguno estuvo en la comisión que estudió la propuesta.

Un dato divertido

En el mismo medio de las discusiones sobre esa ley, Pacheco sometió a votación varios contratos de nuevos préstamos que nada tienen que ver. Estamos hablando de deuda nueva por cientos de millones de dólares votándose a vapor y sin tener su propio espacio amplio de discusión.

No se rinde

La administración Trump anunció ayer nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% para los productos de unos 60 países, entre ellos nosotros y varios de sus más cercanos aliados. Muchísimos países se quedaron fuera, pero es irrelevante porque entre esos 60 está casi el 99% de todo lo que EE. UU. importa. 

Estos aranceles vienen a sustituir de inmediato los que él había puesto en febrero, que vencieron a la medianoche de hoy. Se salvan el petróleo, gas, fertilizantes, medicamentos genéricos (que ya tienen arancel cero por dos años aparte) y todo lo que cubre el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá.

Se pusieron creativos

Los que vencieron ahora se basaban en un poder de emergencia que dura máximo 150 días. Y esos los había puesto como un tente ahí después de que la Corte Suprema le tumbó los originales en febrero por exceso de poderes del presidente. Ahora se fue con la Sección 301 ––la misma que aplicó contra China en su primer gobierno–– que ya ha pasado la prueba por los tribunales. 

¿Cuál fue la excusa?

El trabajo forzado. Según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., los países en la lista no prohíben o no restringen la entrada a EE. UU. de productos hechos con trabajo forzoso. Ahí metieron a países como los de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur o Canadá. También están China, Rusia y casi toda Latinoamérica.

¿Cómo sabemos que RD está?

Porque desde principio de junio sabíamos que los gringos habían dicho que nosotros teníamos “deficiencias” en la prevención del trabajo forzoso, y que nos aplicaba la famosa Sección 301. A nosotros nos tocará el 12.5%, que es el más alto de los dos.

¿Cómo nos afecta?

En 2025 RD exportó más de 7 mil millones de dólares a Estados Unidos, que compra casi la mitad de todo lo que vendemos al mundo. Zonas francas, dispositivos médicos, manufacturas eléctricas y tabaco son algunos de los rubros más importantes. Los textiles puede que vayan más suave, porque se supone que entran a EE. UU. libres de arancel por el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA.

Lo que hacen los aranceles es que encarecen nuestros productos porque pagan más para poder entrar a EE. UU. Pero eso lo paga el importador, así que el riesgo es que compren otro más barato en vez del nuestro (aunque todos los países competidores tienen los mismos aranceles, así que lo que es igual no es ventaja). El que sí paga un precio más alto es el consumidor final, porque el importador en muchos casos le traspasa el costo, aunque sea parcialmente. Y claro, el gobierno gringo recauda muchísimo más dinero.

Imagen del día

Visto en: En Segundos

Poner una bandera en el balcón o el frente de la casa no es lo suficientemente patriótico, si lo comparas con esta estatua de Juan Pablo Duarte que, según un video que anda en las redes, está en la marquesina de una casa de algún lugar del país. 

La cifra del día

RD$7.5 millones

Es el monto que la Procuraduría General de la República deberá pagar a Juan Francisco Álvarez Carbuccia por el retraso en la devolución de bienes que un tribunal había ordenado restituirle, entre ellos un teléfono celular incautado durante la investigación del caso Intrant. La condena corresponde al pago de un astreinte (penalidad por incumplimiento de una decisión judicial), fijado en RD$20,000 por cada día de demora

¡Buenos días!
Hoy es jueves 23 de julio

“El mundo te preguntará quién eres. Y si tú no tienes clara la respuesta, el mundo se encargará de responder por ti.”

Autora: Psic. Brenda Benavides

Mamá, soy famoso

Mientras el director del Intrant estaba en Nueva York rindiéndole cuentas a la ONU sobre lo que se ha hecho en cuanto a seguridad vial, el propio enviado de la ONU estaba aquí diciéndonos en la cara lo que ya sabemos desde hace mucho: que el tránsito dominicano es un desastre.

Pura coincidencia

Los días 20 y 21 de este mes hubo una reunión de alto nivel convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer una revisión de cómo van sus compromisos globales de seguridad vial ––con la meta de reducir a la mitad las muertes por accidentes para el 2030. Allá, Milton Morrison presentó los números de RD en el 2025, que nunca son muy halagüeños: 2992 muertes entre más de 100 mil accidentes de tránsito, donde más del 65% fueron motoristas.

Mientras eso pasaba allá, el enviado especial de la ONU para seguridad vial, Jean Todt, pasó por el almuerzo semanal del Grupo Corripio. Él está aquí por los Juegos Centroamericanos, pero nos recordó que el tránsito dominicano es un desastre, y que la inseguridad vial es una “pandemia silenciosa”. En un mundo donde mueren 1.2 millones de personas cada año en las calles y otros 50 millones quedan heridas o discapacitadas, nosotros nos destacamos.

En el mismo almuerzo estuvo también la representante del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Anda María Díaz, y nos sacó en cara otra triste realidad: menos del 10% de los motores en el país tienen seguro vigente, a pesar de que la ley lo exige. Y para rematar, el representante de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Carlos Carrera, dijo que los accidentes de tránsito son la causa de muerte número uno entre niños y adolescentes de 5 a 19 años en RD.

Hay que dar la cara

Morrison habló en la ONU de lo que se ha venido haciendo. Presentó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por 121 instituciones públicas y privadas; también el programa “Una moto, un casco”, que busca que ningún motor se venda sin venir acompañado de un casco homologado; de “Cultura del Tránsito”, que llevará educación vial a las escuelas con el objetivo de capacitar a 300 mil estudiantes para 2028; y de la inversión de 200 millones de dólares del BID para mejorar nuestras calles.

En fin, Morrison presentó pactos, programas e inversiones millonarias. Lo que no presentó fue cuál es la razón de que con todo y eso seguimos igual de lejos de alcanzar la meta de reducir las muertes a la mitad para el 2030.

¿Dónde están los 9?

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) le quitó la beca a 606 estudiantes de la UASD por no cumplir con los requisitos. Tuvieron que hacer esa aclaración porque estudiantes denunciaron en la prensa que les habían cancelado la beca sin darles explicaciones.

Pero la gente se puso a sacar cuentas a partir de los números que dio el mismo Ministerio para explicar la decisión, y hay 9 becarios que no aparecen por parte.

¿Qué fue lo que pasó?

El Programa Nacional de Becas tenía 2557 estudiantes inscritos en la UASD. A 1058 los citaron a finales de junio a actualizar sus expedientes, avisados de que quien no fuera perdía la beca sin hablar más nada. Se presentaron 886, pero solo la mitad logró probar que estaba al día. Entre los que no pudieron demostrarlo y los que ni aparecieron salen los 606 que pierden el beneficio.

Sumo allá, resto aquí…

Si citaron a 1058 y se presentaron 886, los ausentes tendrían que ser 172. Pero el MESCyT dice que fueron 181. O sea, que en un grupo de 1058 personas el Ministerio contó 1067. Nueve estudiantes que aparecen en la cuenta de los ausentes pero no en la lista de los convocados.

Ese mismo hoyo se ve en la suma final: los que ya cumplían, los que pasaron la revisión y los que perdieron la beca suman 2566, nueve más que los 2557 inscritos. 

¿Un errorcito de cálculo? Puede ser, pero estamos hablando de un comunicado oficial de la institución que se encarga de la Educación Superior.

¿Y ahora?

El ministro Rafael Santos Badía confirmó que el Estado seguirá metiendo mano con los que sí cumplen con los requisitos, pero los demás deberán devolver lo que cobraron “de manera improcedente”. Lo que no dijo es cómo ni cuándo se hará ese cobro, pero quien crea que hubo un error puede pedir una revisión individual en la Dirección Nacional de Becas. Si demuestra que realmente cumple, recupera la beca, pero no le darán el dinero por los meses que estuvo suspendida.

El MESCyT también anunció que, junto a la UASD y la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), empezará a dar seguimiento continuo para revisar índices, créditos y asistencia a clases, para no tener que hacer estas convocatorias masivas cuando haya problemas.

Imagen del día

Visto en: Panorama

Dos agentes de Migración están siendo investigados por llevar a un haitiano de la manera en la que se ve en la foto. Dice la institución que ellos fueron a responder una llamada denunciando que el hombre estaba robando, y cuando lo agarraron primero lo montaron sentado entre los dos para llevarlo al centro de detención; pero que él se movió tanto que tumbó el motor, y lo que ellos decidieron fue agarrarlo así para poder llegar.

La cifra del día

Más de 75 mil

La cantidad de platos de comida que se servirán durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para atletas, entrenadores, delegados y personal de organización. Eso da una idea de la magnitud de la logística detrás de un evento como ese.

¡Buenos días!
Hoy es miércoles 22 de julio

«No lo puedo estrenar en un carro, porque no tengo carro. Tengo que estrenarlo en un motor, que eso es lo que yo tengo». Frase de uno de los motoristas que iban metiéndose por el túnel de la Plaza de la Bandera, entre otros fantásticos que logró entrevistar un reportero de De Último Minuto.

No fue fao, fue hit

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó que RD ya logró bajar y mantener la subalimentación por debajo del 2.5% de la población. 

Es una gran noticia, pues con eso salimos de la lista de países que la ONU tiene en su “mapa del hambre”. No es que nadie pase hambre, pero el país que esté por debajo de 2.5% tiene “cero hambre”. La noticia la dio el director general, Qu Dongyu, junto al presidente Abinader.

¿Cómo miden el hambre?

La FAO no cuenta a las personas con hambre una por una, sino que estima estadísticamente qué probabilidad hay de que alguien tomado al azar en un país coma habitualmente menos calorías de las que necesita. Para eso junta tres piezas: cuánta comida hay disponible en promedio (lo que el país produce e importa, menos lo que exporta, pierde o destina a otros usos, convertido en calorías por persona), qué tan desigual se reparte esa comida según encuestas de hogares, y cuál es el mínimo de calorías que una persona necesita para vivir sana con actividad ligera.

Con esos datos traza una curva de cómo se distribuye el consumo en la población y mide qué porción queda por debajo de ese mínimo. A ese porcentaje se le llama prevalencia de la subalimentación. Como los datos de comida disponible brincan de un año a otro por razones ajenas al hambre, se saca un promedio de tres años. Con eso se mide bien la tendencia de largo plazo entre países, pero solo cuenta calorías, no calidad nutricional.

¿Cómo llegamos ahí?

Abinader dijo el año pasado que en el 2019 la subalimentación estaba en 8.7%. Si te vas a las series de 3 años de la FAO, pasamos de 7.6% en el período 2014-2016 a 2.5% en el período 2023-2025. 

Sea cual sea el dato que escojas, la realidad es que desde hace mucho venimos bajando ese número consistentemente. Tanto es así que la FAO ya nos había reconocido entre 38 países en 2013 por adelantarnos a la meta de reducir el hambre a la mitad para el 2015. En ese momento todavía estábamos un poquito lejos, pero ya podemos decir que somos solo uno de 5 países de América Latina y el Caribe que han logrado el “hambre cero” (Uruguay, Brasil, Costa Rica y Guyana son los otros).

El próximo reto

No tener hambre no es lo mismo que comer bien. Y por eso vale la pena mencionar que el propio informe de la FAO dice que unos 1.9 millones de dominicanos ––como un 16.2% de la población–– no tuvieron en 2025 el dinero suficiente para poder tener una dieta saludable. Y es que el costo de una dieta saludable subió un 65% entre 2017 y 2025.

Como sea vamos por buen camino, ya que el ritmo mundial para llegar a Hambre Cero en 2030 va muy lento, y todavía hay millones de personas en subalimentación, sobre todo en África.

Te lo entrego limpio

Un apartamento de un narco, un carro usado para cometer un delito grave o dinero robado del Estado podrían terminar financiando programas para víctimas de violencia de género. Esa es la idea detrás de una modificación a la Ley 60-23 (Administración de bienes incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio) que acaba de ser aprobada en el Senado. 

Todavía faltan los diputados, pero esto lo que propone es que por lo menos el 10% de lo recaudado por la venta o administración de esos bienes incautados y decomisados a criminales y corruptos deberá ir a programas de prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar. De ese 10%, el Ministerio Público se queda con un poco menos de la mitad (un 40%), y el resto se reparte entre el Ministerio de la Mujer, Interior y Policía y el Ministerio de Educación.

¿De dónde sale ese dinero?

La extinción de dominio le permite al Estado quedarse con bienes (propiedades, dinero, vehículos, etc.) vinculados al crimen o a la corrupción, haya o no una condena penal. Eso se promulgó en 2022 después de más de 10 años dando vueltas en el Congreso, y entró en vigencia en 2024.

Ahora, una cosa es quitar los bienes y otra administrarlos mientras avanzan los procesos judiciales. Para eso está esta ley, la 60-23, que fue promulgada en octubre del 2023. Esa ley creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).

¿Y eso ya está funcionando?

Sí. En mayo, el INCABIDE hizo su primera subasta pública y vendió 100 de 143 bienes puestos en oferta y recaudó unos 562.8 millones de pesos. Pero aparte de eso, el INCABIDE dice que ya ha recuperado más de 4,000 millones en bienes incautados, de los cuales 2,635 millones son en efectivo. 

En mayo, cuando la PGR le transfirió 2,655.5 millones que tenía retenidos, el 90% pasó directo a la Cuenta Única del Tesoro (la caja del gobierno) y el 10% se quedó para la operatividad de INCABIDE. (eso funciona así cuando no hay una víctima identificada para darle el dinero como compensación).

Imagen del día

Visto en: El Día

Un cargamento de casi 4 millones de huevos dominicanos salió ayer para Cuba, con algo de retraso. Eso no afectará el precio local, según el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura.

La cifra del día

Más de 90 millones de pesos

Lo que perdieron los productores de mango de Baní por la suspensión de las importaciones desde EE. UU. Eso es solo por los más de 100 contenedores de mango que se tuvieron que quedar en puerto, pero no contempla cualquier otra pérdida adicional que haya de aquí a que quiten la suspensión. Al menos fue ya en el final de la temporada de mangos.

¡Buenos días!
Hoy es martes 21 de julio

“El amor son mil pequeñas incomodidades que alguien asume por ti”, analiza Ren Therapy. Dice que amar casi nunca está en los grandes gestos. Se parece más a coger una ruta más larga para ir a buscarte, mover un par de cosas para poder acompañarte o resolver algo que te tocaba porque sabe que ya no das para más. Son sacrificios pequeños, sí, pero cuando alguien de verdad te importa, ni siquiera se sienten tanto como sacrificios.

Date alguito más ahí

Hace unas semanas el país se tragó un paquete de medidas fiscales. Esta semana llegó la primera pista de para qué era: el gobierno depositó en el Senado el presupuesto reformulado del Estado, que realmente es la versión ajustada del presupuesto que el Congreso aprobó antes de que empezara el año, y ahí se ve dónde va a caer buena parte de esa dinero que hay que buscar.

Y donde más cae es en el sector eléctrico. El subsidio a la electricidad se comió en medio año tres cuartas partes de lo que tenía presupuestado para todo el año. O sea, un hoyo que a este ritmo se traga lo que le echen, y una parte grande del gasto adicional va para allá. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, dice que también se contempla usar una porción para inversión pública.

Si te gusta ver los números: el gobierno está pidiendo 40,978 millones de pesos más que el presupuesto original.

¿Y por qué siempre pasa eso?

Porque en el presupuesto original el gobierno siempre es demasiado optimista, y después empiezan los imprevistos mientras la base inicial no baja. En 2020 la pandemia se comió casi todo el presupuesto adicional; en 2021 fue la factura de las vacunas; en 2022 metieron mucho en subsidios por la guerra de Ucrania. Este año el turno al bate es del sector eléctrico. Por eso, a estas alturas del año la costumbre es que el gasto aumente considerablemente frente a lo que se aprueba en enero. Tanto así que el presupuesto original ya casi ni sirve como referencia.

¿De dónde sale el dinero?

Aquí está lo diferente de este año. Como el ingreso del gobierno ya es menor a lo que gasta en el primer presupuesto, aumentar el gasto a mitad de año usualmente significa más deuda. Pero Magín dice que esta vez no se cogerá prestado: que se movieron partidas de un lugar a otro y la diferencia se cubre con lo que van a recaudar las medidas fiscales que aprobaron hace un par de semanas. Cuando las aprobaron dijeron que buscaban unos 40 mil millones más, y eso cuadra casi a exactitud con lo que ahora piden gastar de más.

Que cuadre tan justo es precisamente lo que hay que mirar, porque no siempre es así. En 2020, sin ir más lejos, el aumento de RD$202 mil millones del presupuesto reformulado se cubrió en gran parte con préstamos y bonos: había que tapar un hueco de casi 63 mil millones en recaudación que dejó la pandemia, más un aumento real de gasto de 122 mil millones. Otras veces es menos dramático, pero el patrón es que subir el gasto a mediados de año termina en préstamos adicionales. Esta vez el gobierno dice que no. Habrá que ver.

¿Y ahora qué sigue?

La propuesta tiene que pasar por comisiones en el Senado y por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. La Constitución dice que el gobierno tiene que llevar el presupuesto del año siguiente antes del 1 de octubre, o sea que los legisladores verán este ahora y ya en cuestión de 2 meses estarán discutiendo el del año que viene.

¿Qué dice tu bolsillo?

La canasta familiar promedio nacional ––un cálculo aproximado de lo que gasta mensual una familia dominicana para vivir–– pasó de RD$34,992 pesos en 2019 a RD$48,541 al cierre del 2025. Eso es un aumento de 38.7% en 6 años, pero hay que seguir sumando porque para junio de este año ya andaba rozando los 50 mil pesos.

La canasta familiar nacional es lo que gasta mensualmente una familia en 305 bienes y servicios que representan su consumo real (nada de lujos). Pero no es igual para todos, y por eso toda la población se divide en 5 quintiles que van desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico. La canasta familiar promedio nacional es eso mismo, el promedio entre las 5 canastas.

Tradúceme eso

Lo que hace 6 años comprabas con 100 pesos, hoy te cuesta unos 140 pesos. El problema está en si hace 6 años ganabas 100, y hoy ganas menos de 140. O sea, si lo que ha subido tu salario es menos que lo que ha subido la canasta básica, entonces puedes comprar menos cosas con los pesos que recibes mensualmente.

Hagamos la comparación

En el sector formal, los salarios han aumentado. Y si nos vamos a los números, han aumentado más que la canasta básica.  

Empecemos por el salario mínimo. Hace poco decía el gobierno que con los 3 aumentos que ha hecho del 2020 para acá, ha habido una mejora real de 38.1% en el poder de compra del salario mínimo promedio respecto al 2018. Ese número tiene la inflación descontada, así que quiere decir que el salario creció más que los precios y ahora en promedio la gente que gana salario mínimo puede comprar más cosas que antes. Otros análisis son un poco más conservadores y dan mucho menos de 38.1%, pero siguen dando positivo.

Pero el salario mínimo no siempre empuja a los otros hacia arriba en la misma proporción, así que hay que irse al salario promedio. Según la TSS, el salario promedio cotizable pasó de RD$26,016.4 en diciembre del 2020 a RD$38,733.94 al cierre del 2025. Eso es un 48.9%, también por encima del aumento de la canasta en un 38.7%.

Ah, pues bien

El problema es que el salario del sector formal no cuenta la historia completa, porque más de la mitad de los trabajadores del país son informales. Ahí no hay estadísticas ni comparaciones que digan si sus ingresos han subido a la par con los precios, o por encima, o por debajo. Igual pasa con los profesionales y trabajadores independientes, que cobran por los trabajos realizados y no un salario.

Al final, cada quien hará sus cálculos y hablará con el bolsillo.

Imagen del día

Visto en: La Vanguardia

Este es Irinjadapilli Raman, el primer elefante robótico de India. Vive en un templo, y fue donado en el 2023 por PETA (la organización de derechos de los animales más grande del mundo) y una actriz a una familia que antes usaba elefantes de verdad para sus rituales. El robot mueve las orejas, la cabeza, y hasta llora agua por la trompa. Se lo alquilan a otros templos por unas 8,800 rupias (unos 100 dólares) por evento, y ya hay lista de espera y todo. Después de él, PETA ha donado unos 40 más.

En la India todavía hay cerca de 2,600 elefantes cautivos, muchos maltratados por sus cuidadores para mantenerlos "controlados" — a veces hasta cegándolos. Los de mentira quizás no tengan las facultades espirituales de los reales para los creyentes, pero al menos no sufren.

La cifra del día

Más de 13 mil millones de dólares

Lo que facturó la FIFA en el ciclo mundialista 2023-2026. Eso incluye las fases de clasificación y el propio Mundial, que es responsable de más de 9 mil de esos millones. Algunos reportes hablan de hasta 15 mil millones en ingresos relacionados solo al torneo que acaba de terminar.

Para que tengas una idea, 13 mil millones es más que la economía entera de 64 países y territorios del mundo — como Montenegro, Mónaco, Bután, Fiyi y Cabo Verde. Y si te vas a resultados netos, la FIFA cerró con más de 5 mil millones de ganancias.

¡Buenos días!
Hoy es lunes 20 de julio

Bueno, se acabó el Mundial, Messi no pudo cerrar con otra copa y ahora toca volver a la vida real a revisar correos, pagar facturas y hacerse de cuenta que uno no organizó el último mes entero alrededor de los partidos de fútbol. Ahora sí, vamos a hablar de otras cosas.

Cuando calienta el Sol

En febrero te contábamos del nuevo Reglamento de Generación Distribuida de la Superintendencia de Electricidad (SIE), la norma que cambió las reglas para quienes tienen paneles solares conectados a la red eléctrica.

El reglamento llegó por un lado con buenas noticias y por otro con una parte que no gustó mucho. Y acaba de entrar en vigencia hace poco.

¿Qué es lo bueno?

Lo bueno: los trámites para instalar paneles serán digitales. Las distribuidoras tendrán hasta 45 días para responder solicitudes (y si no responden, se da por aprobado el proceso), se elimina el límite del 15% de energía solar por circuito (siempre que la red aguante), y el medidor que mide lo que consumes y lo que entregas al sistema será instalado sin costo.

Lo no tan bueno

El punto que en aquel momento provocó la discusión fue el nuevo cargo por uso de la red. Algunos sectores lo bautizaron como “impuesto al sol”.

¿La idea? Que los prosumidores, o sea, quienes tienen paneles y mandan energía sobrante a la red paguen un cargo por usar los cables y la infraestructura de las distribuidoras. El cobro equivale al 25% del valor de la energía que inyectan al sistema.

Cuando se anunció el reglamento, RD100% Renovable advirtió que esto podía hacer menos rentable instalar paneles solares. Su argumento era que debía mantenerse la lógica de “kilowatt por kilowatt”: si entregas energía a la red, deberías recibir un valor equivalente cuando consumes.

La entidad dijo que se reunió con el Superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, quien  habría prometido eliminar el cargo por uso de redes eléctricas a usuarios de bajo consumo que inyectan energía al sistema desde sus paneles solares ––el “impuesto al sol”––, pero eso no pasó y acusan a la Superintendencia de incumplir la promesa.

Ahora que la regla comenzó a aplicarse, algunos usuarios están tirando el grito.

Dame un ejemplo

Hablamos con un usuario quien pidió no ser identificado. Él tiene un sistema de 12 kilovatios instalado en su casa y asegura que invirtió más de RD$1 millón pensando que recuperaría ese dinero en unos ocho años.

Antes del cambio, pagaba una factura fija de RD$40. Pero en mayo le llegó una de aproximadamente RD$6,400. La razón, según explica, es la aplicación del Cargo por Uso de la Red.

El problema, dice, es que tampoco tiene claro cuánto de la energía que produce está enviando realmente al sistema. Su factura no le muestra ese detalle, por lo que no puede calcular cuánto le beneficia que ahora se reconozca el 100% de la energía inyectada, en vez del 75% que se reconocía antes.

¿Vale la pena?

Y ahí está una de las grandes preguntas de los usuarios: ¿el cambio realmente mejora el negocio de tener paneles o simplemente cambia la forma en que se calcula el ahorro?

En su caso, la cuenta cambió. Si antes pensaba recuperar su inversión en ocho años, ahora estima que tardará cerca de 13 años. Y no sabe si ese tiempo podría aumentar si en el futuro cambian nuevamente los cargos.

“Si hubiese sabido que las reglas iban a cambiar, quizás habría elegido baterías y no conectarme a la red”, dice. Pero esa opción también tiene un costo: tendría que invertir cerca de otro millón de pesos para poder operar sin depender del sistema eléctrico.

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Horas extra

Los diputados se pasaron varios días trabajando hasta tarde en la noche para discutir las modificaciones al Código Penal. En ese tiempo era imposible verlo todo, porque tenían 93 propuestas de cambio ––84 que vinieron de distintos sectores de la sociedad y 9 de legisladores–– que cambiaban 399 artículos (casi todos). 

Finalmente, los diputados aprobaron en primera lectura 32 modificaciones: 24 fueron recomendadas por la comisión especial que analizó las propuestas, y 8 que fueron introducidas durante la discusión en el hemiciclo. 

Falta una segunda lectura, pero como 109 de los 132 diputados presentes votaron a favor, se podría esperar que quede así mismo o con cambios mínimos en una segunda lectura, y de ahí pase al Senado. A ambas Cámaras les quedan 6 días para terminar todo antes de irse de vacaciones, y la idea sigue siendo que el Código modificado entre en vigor el 3 de agosto como está estipulado.

OK, pero ¿qué cambiaron?

Vamos a hacer una tabla con los cambios más relevantes:

Imagen del día

Visto en: The Independent

Este es el momento sagrado de quienes ganan un torneo de fútbol: la hora de levantar la copa. Y ayer, Trump se quedó en el medio y salió en la foto. Infantino, el presidente de la FIFA, intentó decirle que se quitara, pero no hubo forma. Al menos salió sonriendo.

La cifra del día

Más de 70

La cantidad de férulas que un grupo de estudiantes y egresados de la Escuela de Arquitectura y Diseño de INTEC fabricó con impresoras de 3D para mandar a Venezuela. Algunos las hicieron en sus propias casas. Estas férulas sirven para inmovilizar deseos, muñecas y brazos de personas que tuvieron fracturas o esguinces por el terremoto.

No solo con ropa, comida o medicinas se puede ayudar.

¡Buenos días!
Hoy es viernes 16 de julio

La resiliencia es una práctica, algo que se construye. Y esa práctica empieza desde pequeños.  Por eso, más que evitarles cualquier dificultad a los niños, lo importante es acompañarlos mientras aprenden a enfrentarla. Cuando un niño pierde, se frustra, se cae, le dice que no, o tiene que intentar algo otra vez, aprende que no todo en la vida le sale a uno como quiere, pero también que puede tolerarlo y seguir adelante.

Las habichuelas ya se cocinaron

Pero la Junta entiende que no es tarde para ablandarlas. 

Esta semana se supo que un tribunal dominicano había dado como buena y válida una sentencia de hace meses de un tribunal de Nueva York, que mandaba a la Junta Central Electoral a pagarle cerca de 900 mil dólares a Latin Events por una campaña de registro de votantes durante una serie entre Águilas y Licey en el 2023 que no pagó completa.

Pues ayer, el pleno de la Junta finalmente rompió el silencio y dijo que apelará “por todas las vías judiciales necesarias, nacionales e internacionales”, porque insiste en que nunca contrató lo que le están mandando a pagar.

¿Y cómo es eso?

La sentencia decía que de un contrato de alrededor 1 millón de dólares ––que incluía 15 mil boletas para los juegos, 20 mil platos de comida y publicidad–– la Junta había pagado solo 230 mil dólares. Y dice la Junta que sí, que eso fue lo único que pagó porque fue lo único que contrató: publicidad y logística para la serie Titanes del Caribe por 230 mil dólares. Hicieron una transferencia por ese monto el 21 de mayo del 2024.

¿Y lo otro?

Sigue diciendo la Junta que después de que pagaron eso le comenzaron a llegar otras facturas. Ahí están las boletas por 600 mil dólares más 53,250 de impuestos, y lo restante de comida de a 10 dólares por plato en 4 restaurantes de la ciudad. 

Según el comunicado, nunca pidieron eso, no hay contrato que lo respalde, y tampoco evidencia de que el Pleno o el presidente de la Junta hayan autorizado ese gasto.

¿Y por qué perdieron el caso?

Porque la Junta ni fue a la audiencia en Nueva York, y eso automáticamente es una sentencia en contra. Pero entonces dice la Junta que nunca fue notificada como manda el protocolo. Sí llegó una notificación al consulado dominicano en Nueva York, pero no a su sede de Santo Domingo. Y según el Tratado de Viena ––dice la Junta–– un consulado no tiene personalidad jurídica para recibir ese tipo de notificación en nombre de la institución.

Haciendo sus diligencias

Mientras la Junta anunciaba que iba a apelar, Latin Events le estaba pidiendo a Banreservas retener 108.7 millones de pesos de los fondos de la Junta —el doble de lo que reclama—, mediante un acto de alguacil. Todavía no se sabe qué hará el banco.

Preguntas sin respuesta

Si llegó la notificación al consulado, ¿nadie le dijo a la Junta que allá había llegado algo que podía llevar a una sentencia en su contra? Si nadie contrató esos servicios, ¿de dónde saltó Latin Events con que le debían todo eso? Si las sentencias de allá y de aquí son de “carácter definitivo”, ¿es posible una apelación? Y finalmente, ¿de dónde saldrá el dinero si no hay de otra y hay que pagar? Bueno, esa última tiene respuesta: de los impuestos que todos nosotros pagamos.

De eso sí sabemos

La Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) de este año será aquí, del 1 al 4 de diciembre en Bávaro-Punta Cana. Ese evento se considera el principal foro mundial sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

¿Y qué hacen ahí?

Lo organizan Transparencia Internacional y el Consejo de la IACC cada 2 años desde hace más de 30 años, y ahí se reúnen gobiernos, organismos internacionales, empresarios, académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En este caso recibiremos delegaciones de más de 140 países, y nos convertiremos en el primer país del Caribe en ser anfitrión.

En la agenda hay temas como contrataciones públicas, acceso a la información, recuperación de activos, inteligencia artificial, integridad pública y rendición de cuentas. El periodismo de investigación también tendrá su protagonismo, porque organizaciones como el Pulitzer Center, la Global Investigative Journalism Network (GIJN) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) van a montar talleres para periodistas de distintos países, enfocados en fortalecer investigaciones sobre corrupción y manejo de dinero público.

¿Aquí? ¿En serio?

El gobierno dice que es un reconocimiento a los avances que ha habido en los últimos años en institucionalidad, transparencia, prevención de la corrupción y todos esos menesteres. Antes de que te rías, la verdad es que los números dicen eso.

Hay que aclarar que eI IPC mide percepción, porque sale de la opinión de expertos y empresarios sobre qué tan corrupto es el sector público. estos números vayan mejorando, seguimos estando a años luz.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2025, que publicó la misma Transparencia Internacional, RD subió del puesto 104 al 99 entre 182 países, y su puntuación pasó de 36 a 37 de 100. Es la puntuación más alta que hemos tenido desde que empezaron a medirlo, y llevamos 5 años seguidos mejorando. Todavía seguimos un poco lejos de los países a los que mejor les va en la región, como Canadá (75) o Uruguay (73).

Imagen del día

Visto en: Yahoo

El del pelo largo es Messi y el bebé es Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas de España en la actualidad. Esta foto es del 2007, cuando Messi tenía solo 20 añitos, pero se acaba de ir viral porque ambos se enfrentarán el domingo en la final de la Copa del Mundo.

La historia de la foto es que UNICEF y un medio catalán organizaron una rifa solidaria para elegir familias que participarían en un calendario benéfico del Fútbol Club Barcelona. La familia de Lamine Yamal se ganó un puesto.

En ese momento, Messi era la gran estrella en ascenso del Barcelona. Hoy en día, Lamine es la gran estrella en ascenso del Barcelona.

La cifra del día

3,030,647

La cantidad de dominicanos que viven fuera, según el último conteo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index). Es la primera vez que la diáspora pasa de 3 millones.

Es verdad que 9 de cada 10 están en EE. UU. y España, pero hay dominicanos repartidos entre 129 países. Y un dato relevante es que 1 de cada 3 de los que viven fuera tiene entre 0 y 25 años de edad, o sea que muchos ya nacieron fuera.

¡Buenos días!
Hoy es jueves 16 de julio

¿Quieres ser tu propio jefe? Bueno, realmente eres tu propio jefe la mayor parte del tiempo. Incluso trabajando para otra persona, cada uno administra su carrera, su tiempo, su reputación y la calidad de lo que entrega.

Cantar puede curar

Según informes, cinco de los diez imputados en el caso SeNaSa ya están haciendo sus diligencias y negociaciones para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Sería admitir lo que hicieron para recibir condenas menores. A los fiscales les conviene porque usualmente esos acuerdos incluyen karaoke para que la gente cante y eso fortalezca el caso, aunque todavía el tribunal tendría que autorizar los acuerdos.

En lo que seguimos el caso original y esperamos el 2.0, la nueva administración de SeNaSa llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS) que debe tener a los directores de hospitales públicos celebrando más que a un argentino después del juego de ayer.

¿Cuál es el acuerdo?

A partir de agosto, los hospitales públicos comenzarán a cobrar de SeNaSa las mismas tarifas que hoy en día cobran las clínicas privadas por atender a un afiliado del régimen contributivo (el seguro básico que te descuentan de tu salario). 

Ojo, no todas las clínicas cobran lo mismo ––porque una pequeña en una zona rural no cuesta lo mismo que una grande en la ciudad––, así que lo que sabemos es que cogieron una tarifa de referencia dentro de las distintas que manejan.

¿Cuáles hospitales son?

El SNS presentó el cambio en general: “los hospitales”. Pero contactamos a SeNaSa y nos dicen que arrancarán con los hospitales autogestionados y regionales, y después seguirán con los otros de manera escalonada.

Y tiene sentido que empiecen por los autogestionados, porque esos no dependen de que el Estado les transfiera dinero para operar. Es decir, se mantienen puramente de lo que les cobran a las ARS y a los pacientes por los procedimientos que se hagan. Algunos ejemplos son el Ney Arias Lora, Cecanot y el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza.

Un reclamo viejo

Desde hace tiempo, los hospitales reclaman que les suban las tarifas para que estén al nivel de las que se le pagan a las clínicas. Lo que pasa es que eso de que cobren menos tiene una razón de ser, y es que el Estado ya le mete dinero a esos centros por otras vías. Si no es dándoles dinero, es construyéndose, ampliándolos, asignándoles equipos, y así. 

Y comoquiera, tanto clínicas como hospitales cobran “copagos” (las famosas diferencias que tiene que pagar el paciente), pero se supone que como parte del acuerdo, los hospitales tendrán dinero suficiente como para no cobrar esos copagos.

¿Esto es bueno?

De inicio, sí. Si un hospital comienza a facturar más, se supone que tendrá más dinero y podrá dar mejores atenciones. Y por el momento solo es SeNaSa, pero ya eso es significativo porque es la ARS que más afiliados tiene por mucho. Todo dependerá de qué tan bien inviertan y usen el dinero extra que les va a entrar.

En la boca del…

Lobo. Así se llama la operación del Ministerio Público que explotó hace ya un año y algunos días, con 15 allanamientos y 15 detenidos, entre militares, policías y civiles que ahora están acusados de pagar sobornos en varias instituciones durante años para conseguir o mantener contratos. Ahora fue que la Procuraduría presentó la acusación formal, y el tribunal decidirá si van a juicio.

¿No que no se le podía poner nombres?

Pues llamémosle la operación de las Ede (Norte, Sur y Este), SeNaSa e Inaipi, porque esas fueron las instituciones donde según el expediente los acusados repartieron 108 millones en sobornos durante años para ganar y mantener contratos de seguridad privada.

En la lista de acusados están el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, dueño de Senase (así, con e), acompañado de un pelotón de militares retirados (un mayor general, varios coroneles, un teniente coronel) y hasta un militar activo, el primer teniente Elías Caamaño Pérez. También entraron las empresas usadas para mover el dinero: Senase, El Niño Prodigio, Magestym Waste & Recycling y Magesty Recycling. Dicen los fiscales que por ahí se disfrazaban los sobornos de "comisiones" y "servicios".

Todo en el medio

El expediente incluye a los dueños de compañías de seguridad y a los encargados de seguridad de las instituciones mencionadas, que según la acusación eran que movían las fichas para que se les dieran los contratos a esas empresas.

Imagen del día

Visto en: AP News

Este es “Gus”, uno de los esqueletos de Tiranosaurio Rex mejor conservados que existen. Mide más de 11 metros de largo y casi 4 de alto, y con los 183 huesos que tiene está completo en un 61%.

La cuestión es que se acaba de vender en subasta por 50.1 millones de dólares a un comprador anónimo que hizo sus pujas por teléfono. Es ahora el dinosaurio más caro que se haya vendido jamás, superando a “Apex”, un estegosaurio que se vendió en 2024 por 44.6 millones a un multimillonario que después lo prestó al Museo Americano de Historia Natural. Con Gus no se sabe qué va a pasar.

La cifra del día

780,060

La cantidad de empleados públicos que reportó la Sisalril en mayo de este año. Eso es un aumento de 35,789 versus mayo del año pasado; o si lo quieres ver de otra forma, 130 empleados más por cada día hábil según este análisis del CREES.

Aunque todos los años viene subiendo la nómina considerablemente, este es el año en que más ha subido de los últimos 10 años, solo quitando el salto del 2022 (51,198 empleados de un año a otro, pero fue porque se recuperaron los recortes que se hicieron por la pandemia).

Aumentar la nómina es lo que más impacta en el gasto público, porque las remuneraciones a empleados públicos son la partida más grande del presupuesto. Representan un 23.2% del gasto total estatal (unos RD$376,964 millones) más que cualquier otro renglón incluyendo el pago de intereses de la deuda.

Y eso fue en un año difícil para la economía.

¡Buenos días!
Hoy es miércoles 15 de julio

Seth Godin dice que si tu trabajo nunca ha sido criticado, probablemente todavía no has hecho un trabajo que importe. Porque hacer algo relevante casi siempre implica exponerse, tomar una posición y aceptar que ni todo el mundo lo va a entender, ni a todo el mundo le va a gustar. A veces creemos que no tener críticas es señal de que vamos bien, cuando en realidad puede ser señal de que no estamos diciendo ni haciendo nada importante para nadie.

¿Perdiendo o dejando de ganar?

Todas las semanas, el gobierno nos dice que “subsidió” los combustibles con un reguero millones para que el precio por galón se quede igual o no suba tanto como debería subir. Ese dinero sale de las cajas del Estado, pero no es un subsidio convencional porque el combustible es uno de los renglones que más impuestos le genera al propio Estado. O sea, al subsidiar en este caso, lo que hace el Estado es renunciar a una parte del dinero.

Eso es diferente a los subsidios convencionales, como el que se hace al sector eléctrico, donde el Estado le transfiere a las distribuidoras miles de millones para compensar el dinero que pierden. Eso es pura pérdida. Vamos a tirar los números.

Empecemos por el principio

Un galón de gasolina premium cuesta ahora mismo RD$338.10. Ahí está incluido lo que cuesta traer el combustible de fuera, los márgenes de comercialización (transportistas, bombas, distribuidores) y otras cositas menores. Pero casi una tercera parte, unos RD$102.39 para esta semana, son impuestos.

Hay dos tipos de impuestos: uno es un impuesto fijo por galón de RD$71.85, que no depende del precio del combustible; y otro es un 16% sobre el precio de importación del combustible. Para esta semana, eso significa RD$30.54 por galón. Algo interesante es que el monto a cobrar por ese impuesto varía junto con el precio al que se compra el combustible, porque es un porcentaje. O sea, que mientras más caro el combustible que se compra, más dinero recauda el Estado por ese lado. 

Ahora, multiplica

En los primeros 6 meses del año, el Gobierno subsidió los combustibles con RD$21,323 millones para mantener los precios donde los ha mantenido. Eso es mucho más que los RD$12,500 millones que habían presupuestado para el año entero (una partida que luego llevó a RD$22,500 millones por la guerra en Medio Oriente). 

Pero si te vas a la recaudación, el gobierno ingresó unos 45 mil millones de pesos en esos mismos 6 meses por los impuestos a los combustibles (más de 51 mil millones de pesos si sumas la contribución del GLP).

Es decir, que entre lo que el gobierno ingresó en impuestos a los combustibles y lo que gastó subsidiando, le sigue quedando un margen a favor de más de 30 mil millones de pesos. Sería más si los subsidios fueran menores, pero sigue siendo un margen a favor y no una pérdida neta.

¿Y cómo afecta la recaudación?

Esta parte es interesante, porque cuando te vas al presupuesto del 2026, las estimaciones de la DGII contemplaban haber recaudado unos RD$37,064.5 millones en los impuestos a los combustibles al cierre de mayo (todavía no tenemos el reporte detallado del cierre de junio). Y adivina cuánto recaudó… RD$37,633.5 millones. Eso es 569 millones por encima de lo proyectado al inicio. Eso es porque los impuestos se cobran igual por cada galón, y el subsidio se va a otra cuenta de gasto.

Para que se entienda del todo, con números redondos y ficticios solo para poner un ejemplo. Imagínate que tu presupuesto dice “voy a recaudar 100”. Si el petróleo se dispara y el Estado termina gastando 20 en subsidios, no quiere decir que recaudó 80. En su bolsillo entraron los mismos 100 que había contemplado (o un chin más, como ahora), aunque termine poniendo 20 por otro lado. 

Por eso, llamarlo “sacrificio” puede sonar raro. El gobierno pone dinero y eso le hace un hoyo en el presupuesto, pero lo pone en un renglón que como quiera le deja ingresos muy superiores a la cantidad que puso. Por cada peso que gasta subsidiando el galón, cobra más de dos pesos en impuestos sobre ese mismo galón. 

Así que depende cómo lo veas. Puedes decir que el gobierno ganó menos de lo que hubiera ganado sin subsidiar, o que dejó de ganar una parte. Lo que no puedes decir es que simplemente perdió dinero, como sí pasa con otros subsidios.

Despacio, que tengo prisa

Ahora tiene el Congreso un juye juye con el Código Penal y las nuevas modificaciones. Tienen sesión mañana a la 1 de la tarde para ver si lo aprueban de una vez, y si no les da el tiempo, convocarán a una extraordinaria el viernes; y si no, el sábado también está ahí.

Pero mientras todo el debate se ha concentrado en la difamación, la injuria, el ultraje, el hostigamiento ––que ahora sustituye al bullying–– y el resto de las 19 modificaciones que el gobierno mandó, hay gente ya haciéndose una pregunta a futuro: ¿están las cárceles listas para lo que viene?

¿Presos por un tubo?

No es que el Código Penal automáticamente hará que más gente comience a caer presa. Pero tiene más de 70 delitos nuevos, sube los años de cárcel de muchos delitos, y para completar, permitirá el cúmulo de penas. O sea, más delitos por los cuales podría cualquiera ser condenado, y más años de condena.

Por eso salió el juez Rafael Báez, de la Corte de Apelación del Distrito, a avisar que todo eso puede poner peor lo que hace tiempo es una crisis del sistema de cárceles. En las que tenemos ahora abundan el hacinamiento, las precariedades y el desorden. 

¿Lo vieron venir?

Puede haber sido casualidad o que una cosa va de la mano con la otra, pero ahora mismo hay un plan ambicioso de construcción de cárceles bajo el nuevo modelo. En enero, la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y el Ministerio de Vivienda (Mivhed) adjudicaron la construcción de 10 cárceles nuevas. Otras 10 se licitarán a finales de este año. 

La meta, según el Mivhed, es desaparecer por completo el viejo modelo penitenciario. No solo las cárceles donde todavía mandan los militares, los policías y los presos, sino a las improvisadas que hay dentro de los mismos cuarteles militares y policiales en todo el país.

Imagen del día

Visto en: CNN

Estos son Fede y Magui, dos goldfish argentinos. Y mejor diles así, porque un juez los reconoció como seres sentientes con derechos propios.

Los peces pasaron muchísimo tiempo en una pecera de 40 litros en el vidrio de alante de un restaurante de sushi en Buenos Aires. Una ONG demandó al restaurante por violar la ley argentina contra el maltrato animal (porque estaban en el solazo y con el ruido constante de la calle), y el tribunal mandó a trasladarlos a un acuario y reconoció sus derechos.

Esta no es la primera vez que un animal deja de ser una “cosa” en los tribunales. Por ejemplo, en 2014 declararon a la orangutana Sandra como persona no humana, allá mismo en Argentina. Los abogados que llevan esos casos dicen que esto no es un relajo, sino que busca que repensemos cómo tratamos a los animales en general.

La cifra del día

80%

Lo que aumentaron las licencias de construcción que se dieron en RD en los primeros 6 meses de este año respecto al año pasado, según el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). Entre enero y junio salieron 921 permisos, cuando en el 2025 habían salido 512 en el mismo período.

Esto no quiere decir solamente que hay más gente buscando construir, sino que los permisos están saliendo más rápido. La lentitud de los permisos es una queja que viene desde hace años en el sector construcción.

¡Buenos días!
Hoy es martes 14 de julio

Albert Camus decía «Despacio, despacio, hazle espacio por fin a la felicidad». A veces no es que la felicidad no llegue. Es que uno tiene la vida tan llena de pendientes, preocupaciones y problemas, que cuando aparece, la felicidad no encuentra dónde sentarse. Ojo al verbo que usa Camus: hacer espacio. Nadie hace espacio sin sacar algo primero. La pregunta que debes hacerte es qué es lo que debes quitar del medio.

¿Un pequeño malentendido?

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, salió a calmar la marea que se creó con el artículo 141 del nuevo Código Penal. Ese es el que habla de la prescripción de los delitos sexuales; o sea, hasta cuándo se puede perseguir un crimen después de cometido y antes de “vencer”.

Recuérdame la alarma

En el Código, como está ahora, dice que la agresión sexual prescribe a los 20 años del hecho cuando la víctima es un adulto. Pero en el caso de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o vulnerables, hay una regla especial que dice que prescriben a los 30 años, pero contados a partir de que la víctima cumpla los 18 años. La razón es que las víctimas de abuso infantil muy rara vez denuncian siendo niños.

Pues en la modificación que el gobierno mandó al Congreso parecían haber borrado ese párrafo especial, dejando todos los casos ––incluyendo los de menores–– bajo la regla general de 20 años. 

¿Y qué dijo De los Santos?

Que en esa propuesta se puso lo que se quiere modificar, y que por eso parecía que habían cambiado lo de la prescripción. Pero que, en realidad, la prescripción se queda como estaba y lo único que buscan eliminar es la expresión “prisión mayor” del encabezado para corregir una “inconsistencia técnica”. La prisión mayor es un concepto que se metió en el nuevo Código, que se refiere a la pena más alta para delitos graves, con hasta 40 años de cárcel.

Y nada, ahora mismo hay una comisión de senadores y diputados analizando la propuesta, y la promesa es que estará todo listo antes de que entre en vigencia el 3 de agosto.

Ya lo TSAbes

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) le respondió rápido a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), y mandó a las clínicas a seguir atendiendo a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.

La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) había anunciado que a partir de hoy no recibirían a los afiliados de esas dos ARS. Las clínicas están en pleito con todas las ARS porque no les han ajustado las tarifas ni cerca de los niveles en los que dicen que se las deberían haber ajustado, pero arrancaron con esas dos porque dizque no se habían sentado a negociar. 

Se supone que van a acatar la decisión del TSA y cancelarán el anuncio, que hubiera dejado a cerca de 1 millón y medio de afiliados sin seguro a partir de hoy. Ayer en la tarde tuvieron una reunión para decidir qué harán ahora.

Negociando se llega a Roma

En el fin de semana, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril, es como el supervisor de todo el sistema) hizo de mediador con representantes de Andeclip y de ambas ARS. No hay un acuerdo definitivo por ahora, pero dijo la justicia que en lo que van hablando no pueden dejar de atender a ningún tercero por un pleito económico en el que no tiene nada que ver. 

Después de la decisión del TSA, las partes sostuvieron una nueva reunión en la que se presentaron propuestas y contrapropuestas; sin embargo, aún no han logrado alcanzar un acuerdo. Mientras continúan las conversaciones, el paro de los servicios a los afiliados de Primera y Futuro permanece suspendido.

Con el dedo en el gatillo

En El Seibo se regaron ayer. Prendieron gomas y basura, bloquearon vías y protestaron fuerte contra la Policía. Esto fue después de que familiares y testigos dijeran que Michael de Jesús de la Rosa, de 21 años, murió al caerse de su motor porque un agente le había dado con un casco para intentar pararlo. 

Pero la versión de la policía es otra.

¿Qué dice la PN?

Como una imagen vale más que mil palabras, sacaron un video de una cámara de seguridad donde se ve que Michael chocó con otro vehículo durante una persecución, y que ningún policía le puso la mano.

O sea, que no fue otro caso de abuso policial. Pero esto llega en momentos en que hay mucha presión con la reforma policial.

¿Qué dijo Abinader?

En la entrevista con Edith Febles y José Monegro, Abinader lo que dijo fue que la reforma policial “todavía enfrenta importantes desafíos”, y todavía se ven actuaciones policiales que no están alineadas con los estándares de Gobierno.

La reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional está en el Congreso, y promete cosas como regular el uso de la fuerza y fortalecer los mecanismos disciplinarios. Mientras tanto, cada movimiento de cada agente está constantemente en la mira.

Imagen del día

Visto en: The Times

Estos hombres cargaron un mikoshi (un santuario portátil) hacia el mar en el Festival Enoshima Tenno, en Fujisawa, Japón. Esto es un ritual que para ellos purifica al santuario y a quienes lo cargan. 

Ahora, ¿por qué lo hacen solo usando fundoshi, el taparrabos tradicional de Japón? Porque su tradición dice que se considera una prenda “pura”, y es la ropa que usan para este tipo de rituales. Y además es más cómodo cargar algo tan pesado vestido así.

La cifra del día

11.2 millones de dólares

Lo que la FIFA piensa ganarse vendiendo unas 8104 piezas de grama del estadio en el que se jugará la final del Mundial. Son 4 ediciones de entre 450 y 3000 dólares cada una, y solo se las venderán a compradores de EE. UU., Europa y Reino Unido. 

Porque a esto hay que sacarle hasta el último juguito.

¡Buenos días!
Hoy es lunes 13 de julio

A veces una cosa está bien hecha, pero le falta ese detalle que te dice que alguien le puso un chin más de empeño y que no hizo el trabajo por salir de eso, o que ya estaba bien así. Add the Care ingredient se trata de eso. Cuando a alguien le importa lo que está haciendo, se nota.

El arreglo al Código Penal

El viernes pasado el Poder Ejecutivo mandó al Senado un proyecto para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal. Llega después de una semana de cacerolazos y una protesta en la Plaza de la Bandera contra lo que la gente bautizó como ley mordaza. 

Lo que mejora

Criticar a un funcionario sería menos riesgoso

• Artículos 208 y 211 — Difamación y críticas a funcionarios

La pena por difamación bajaría de dos a cinco años de prisión a un rango de uno a dos años, siempre y cuando estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable de la información.

Los funcionarios públicos solo podrían pedir prisión por expresiones que afecten su vida íntima y privada. Si el pleito es sobre su gestión, tiene que irse por lo civil para que las cosas se resuelvan con dinero.

Al ultraje le tocó lo suyo

• Artículo 310 — Ultraje contra funcionarios

El ultraje es un acto de maltrato o una ofensa muy grave que daña la honra o la dignidad de alguien. Puede ser de palabra, por escrito o mediante una acción física. Significa literalmente “ir más allá” de los límites del respeto.

El delito genérico de ultrajar a cualquier funcionario sale del Código y queda solo en el ámbito jurisdiccional: solo jueces, secretarios judiciales, ministerio público, alguaciles, intérpretes y peritos, y solo con ocasión del ejercicio de sus funciones en un proceso judicial. La pena queda en quince días a un año.

Lo grande es que nada de lo anterior es nuevo. En abril de 2016, el Tribunal Constitucional anuló siete artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y eliminó la cárcel para quien critica a los funcionarios y la injuria contra esas mismas personas.

O sea, no hubo despenalización general porque la difamación y la injuria contra particulares siguieron siendo delitos. Visto así, que a los funcionarios solo se les pueda perseguir penalmente por expresiones que afecten su vida íntima y privada no es una victoria del proyecto que se negoció, sino el reconocimiento de una regla que había puesto el Constitucional desde el 2016.

Esto quiere decir que el Congreso no le había hecho caso alguno al Tribunal Constitucional aprobando ese Código de esa manera.

Le apretaron a los corruptos

• Artículo 303 — Malversación de fondos públicos

El artículo 303 habla de la malversación de fondos públicos. Este es el aumento de pena más fuerte de todo el proyecto:

• Pena de prisión: sube de 2 a 3 años a 5 a 10 años.

• Multa: pasa de 9 a 15 salarios mínimos a 4 a 10 veces el monto malversado.

Si no puede precisarse el monto malversado, 4 a 10 veces el último salario del funcionario.

Lo que tiene luces y sombras

El escudo de “interés público”

• Artículo 192 — Contenido privado, interés público y deepfakes

Lo del artículo 192 es lo que más protege el periodismo de investigación. Primero, corrige la barbaridad de castigar el difundir cualquier foto, audio o video de otra persona sin su permiso —filmar una protesta y publicarla cabía en el tipo—. El proyecto lo limita a que sea contenido obtenido en privado y sin interés público de por medio.

Pero también hay retrocesos:

• La pena por divulgar contenido sexual de una persona adulta baja de 5 a 10 años a 2 a 5 años, cuando no existan otras agravantes.

• La pena de 5 a 10 años solo aplica para casos en los que:

  • la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable;

  • exista chantaje, extorsión o beneficio económico;

  • el responsable tenga una relación de autoridad o confianza con la víctima.

Publicarlo en redes sociales o en una plataforma de alcance masivo ya no aumentaría automáticamente la pena. En la ley aprobada, solo por difundirlo de esa forma podía aplicarse el rango de 5 a 10 años. Además se elimina el párrafo que castigaba los montajes y deepfakes. El nuevo artículo solo alcanza el material obtenido en un ámbito privado, y un video falso no se obtiene, sino que se fabrica.

Adiós al bullying, ¿o solo al nombre?

• Artículos 121, 122 y 123 — Hostigamiento y hostigamiento cibernético

El proyecto deja de usar los términos bullying y ciberbullying y pasa a llamarlos hostigamiento y hostigamiento cibernético. La definición se vuelve más precisa porque ahora exige que la conducta sea repetida, sistemática y grave. Es decir, una burla, una discusión o un insulto aislado no serían suficientes.

Pero también se limita su alcance. Antes incluía los ámbitos educativo, laboral, social o cualquier otro. Ahora se concentraría en espacios educativos, formativos, deportivos y extracurriculares.

Las penas también cambian:

• La pena básica se mantiene de 15 días a un año.

• La pena agravada, que antes era de 4 a 10 años, bajaría a 1 o 2 años en algunos casos.

• Si provoca el suicidio de un adulto, sería de 2 a 5 años.

• Si la víctima que se suicida es menor, sería de 5 a 10 años.

Ya no está la pena especial de 10 a 20 años por reincidencia. El acoso laboral sale de estos artículos, pero seguiría cubierto por el artículo 144 sobre acoso agravado, cuya pena sube de dos a tres años a dos a cinco.

También corrigen viejas críticas

• Artículos 214 y 215 — Abandono de niños, niñas y adolescentes

En la ley aprobada, cuando el abandono es cometido por el padre, la madre, el tutor o el maestro, la pena puede ser de 20 a 30 años, sin diferenciar adecuadamente si la víctima murió, sufrió lesiones permanentes o no tuvo consecuencias de esa gravedad.

El proyecto crea una escala:

• De tres a cinco años si no hubo lesión permanente ni muerte.

• De 10 a 15 años si el abandono provocó una mutilación o lesión permanente.

• De 20 a 30 años si causó la muerte.

Aquí la pena baja considerablemente en algunos casos, pero al mismo tiempo se vuelve más proporcional al daño que realmente sufrió la víctima.

Lo que empeora

El artículo del que nadie habló

• Artículo 141 — Prescripción de los delitos sexuales

En ninguna protesta ni en ningún medio se habló del artículo 141, sobre prescripción.

La ley aprobada establece, como regla general, que la agresión sexual prescriben a los 20 años desde que ocurrió el hecho pero añade una regla especial para los casos contra niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. Dice que esos delitos prescriben a los 30 años contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

El proyecto mantiene la regla general de los 20 años, pero elimina ese párrafo especial. La razón de contar desde la mayoría de edad es que las víctimas de abuso infantil casi nunca denuncian cuando son niños o adolescentes, sino que hablan décadas después.

Por ejemplo, hoy, un niño abusado a los 7 años puede denunciar hasta los 48. Con el proyecto, prescribiría a los 27. Uno abusado a los 3, a los 23.

Tic toc

El Código entra en vigencia el 3 de agosto. La legislatura ordinaria termina el 26 de julio. Eso deja al Congreso apenas dos semanas para aprobar 18 modificaciones o convocar una extraordinaria.

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De la Plaza al Palacio

Mientras en redes sociales se convocaban protestas contra el nuevo Código Penal, un grupo de comunicadores ya estaba sentado en el Palacio Nacional negociando cambios directamente con el presidente Luis Abinader.

La revelación la hizo el propio Santiago Matías (Alofoke), quien aseguró que durante las últimas tres semanas sostuvo varias reuniones con el mandatario junto a Ramón Tolentino, Ricardo Ripoll, José Peguero, Ariel Lara y "El Piro" para discutir los artículos que afectaban la libertad de expresión.

¿El resultado? Apenas un día después, el Poder Ejecutivo sometió al Senado un paquete de 18 modificaciones al Código Penal. Si, las mismas modificaciones que acabas de leer más arriba.

La protesta confusa

El verdadero debate comenzó cuando Santiago Matías explicó públicamente que ya algunos comunicadores se habían reunido con el presidente mucho antes de las protestas. Aparte de eso, algunos medios habían publicado que Somos Pueblo convocó a sus seguidores a manifestarse desde la Plaza de la Bandera para protestar contra el Código Penal.

Alofoke  aseguró que antes de reunirse con el presidente incluso contempló convocar un paro nacional si el Gobierno no intervenía para modificar los artículos relacionados con la libertad de expresión, según dijo se modificaron 16 artículos. Según explicó, las conversaciones terminaron dando resultados y por eso decidió apostar por el diálogo en lugar de la confrontación.

En un video de Instagram El Piro dijo que no convocó ninguna protesta, sino que invitó a la gente a acompañarle al Tribunal Constitucional (que por coincidencia está frente a la Plaza de la Bandera) a entregar un documento para que se declare inconstitucional los artículos del nuevo Código Penal que considera Ley Mordaza.

¿Negociación o falta de transparencia?

Ahí fue donde se dividieron las opiniones. Para algunos, el grupo consiguió exactamente lo que buscaba: que el Gobierno modificara varios artículos antes de que el Código Penal entrara en vigencia. 

Este sábado, Nuria tiró un chinazo diciendo que “una amenaza de 48 horas da pie a reuniones con el presidente para arreglar el código penal, y que una posición extrema suele viajar mucho más rápido que un análisis jurídico”.

¿Coincidencia?

La cronología llama la atención. Primero los cacerolazos y las protestas, luego el Poder Ejecutivo sometió al Senado las 18 modificaciones al Código Penal. Y solo después muchos supieron que quienes habían encabezado las críticas ya llevaban varios encuentros con el presidente.

Y luego vino anoche la entrevista que dio Abinader a Edith Febles y José Monegro, del Grupo Corripio. De ahí sacamos algunas cosas.

Sobre las recientes protestas, Abinader reconoció el malestar de algunos sectores y aseguró que el Gobierno da seguimiento a sus reclamos. “Cualquier situación y cualquier descontento para nosotros es preocupante. Siempre le damos seguimiento y nos ocupamos también”.

Hago mea culpa

En sus palabras, admitió que se reunió con "los principales comunicadores de este país” y dijo que “debimos hacerlo antes y no esperar a lo último, pero lo vamos a hacer ahora”. También defendió la necesidad de garantizar la libertad de expresión al señalar que “yo soy el más interesado en tener la garantía cuando salga del Gobierno en el 2028 de poder expresarme libremente”.

Sobre la Policía, dice que la transformación de la Policía Nacional debe mantenerse. Sobre la lucha contra la corrupción, aseguró que ningún gobierno puede impedir totalmente que ocurran actos ilícitos, pero sí enfrentarlos. “Tú no puedes evitar que haya corrupción. Ahora tú lo que tienes es combatir la corrupción”. Pero para la entrevista completa, la puedes ver aquí.

La cifra del día

758,134

Esa fue la cantidad de multas impuestas en 2025 por no usar casco, la infracción de tránsito más común en República Dominicana. En total, durante el año se registraron más de 2.3 millones de infracciones, lo que significa que casi tres de cada diez estuvieron relacionadas con motociclistas que circulaban sin casco.