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• Por qué Yolanda Díaz se equivoca al decir que no al ludismo

  • Un mito obrero

  • Qué aprender de los luditas

• Picoteo de noticias breves

Por qué Yolanda Díaz se equivoca al decir que no al ludismo

El líder de los luditas © The Trustees of the British Museum. (CC BY-NC-SA 4.0)

A mí me causaba tanta fascinación como rechazo el término ludita. Por un lado, me seducía la idea de trabajadores organizándose frente al capital en plena revolución industrial. Por el otro, me parecía un error de bulto entender que la culpa la tenían las máquinas… y no sus propietarios.

Eso era porque en realidad no tenía ni puñetera idea de quiénes fueron los luditas y qué defendían. Por eso la lectura de Sangre en las máquinas, de Brian Merchant, me ha resultado tan refrescante. En el libro, publicado en español el año pasado por Capitán Swing, Merchant, autor también de una newsletter homónima, hace un ligero repaso por la historia del movimiento ludita a principios del siglo XIX. Hilvana historias de figuras clave como George Moller o el legendario (e inexistente) Ned Ludd y las ata al presente.

En sus páginas aparecen nombres como el de Douglas Schifter, un conductor que se suicidó en 2018 denunciando que Uber ya estaba mierdificando sus tarifas. “No trabajaré como un esclavo por unas monedas. Prefiero estar muerto”. O el de Chris Smalls, uno de los fundadores del Amazon Labor Union y viral hace pocos días por proyectar una grabación cerca de la Met Gala a la que acudía Jeff Bezos. “Qué pasa Jeff, ¿te acuerdas de mí? El trabajador despedido de Amazon para el que aprobaste aquella campaña de difamación llamándome poco inteligente y poco elocuente”.

Como yo, mucha gente entierra la experiencia ludita del siglo XIX por pensar que fracasaron estrepitosamente y que erraron en sus métodos y en sus fines. Le pasó hace pocos días a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que intervino en una jornada parlamentaria organizada por IU sobre IA y el futuro del trabajo. En su intervención acertó en muchas cosas: la inteligencia artificial no es neutra, es un lugar de poder, y hay que gobernarla. Pidió a los sindicatos que empujen este tema y advirtió que si las instituciones no actúan “nos va a salir caro”.

“Tenemos la obligación de regular adecuadamente la IA, este es el debate de época. Si no lo trabajamos y no hacemos propuestas perderemos el tren de la historia”, incidió Díaz, en una intervención que puedes ver aquí y en la que sembró la idea de desarrollar una IA pública con infraestructuras públicas. El problema es el breve preámbulo que hizo de su disertación: “No cabe sobre esta materia ningún tipo de ludismo tecnológico. (…) Esto ya forma parte de nuestras vidas: ludismo en el trabajo, ninguno”.

Un mito obrero

El movimiento ludita eclosionó en las dos primeras décadas del siglo XIX en Reino Unido, fundamentalmente compuesto por trabajadores textiles (calceteros y pañeros) que empezaron a ver cómo los patronos sustituían su mano de obra por nueva maquinaria. Díaz se equivocó diciendo que ante la IA “no cabe ningún tipo de ludismo”, porque lo que hicieron los luditas fue organizarse. Lo intentaron todo antes: enviaron escritos al Parlamento, al entonces príncipe regente Jorge IV e incluso a los emprendedores. Las réplicas fueron todas infructuosas. Que no se atrevieran a detener el progreso.

Uno de los estallidos luditas tuvo lugar en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Allí, los herreros James y Enoch Taylor habían fabricado bastidores de tundido, lo que hacía que el proceso por el que se alisaban los paños de lana se mecanizara. Los luditas empezaron a destrozar la maquinaria con los mismos martillos que también fabricaban. “Enoch las ha fabricado y Enoch las destruirá”, solían clamar. Experiencias similares se empezaron a ver por todo el país y las leyendas engrandecieron sus avances. Pronto se empezaron a ver pasquines firmados por un Robin Hood de clase obrera: el capitán Ludd.

Tanto mito generó el movimiento ludita como leyenda negra quiso atribuirle el capital. El historiador Theodore Roszak publicó en el 86 y revisó en el 94 El culto a la información: un tratado neoludita sobre alta tecnología, IA y el verdadero arte de pensar. Mucho de ese ensayo sigue siendo vigente hoy día. Roszak criticaba, hace 40 años, la fe casi religiosa que el capital estaba depositando en la tecnología, y abría melones que hoy siguen sin debatirse, como la sustitución de la memoria por bases de datos. A Roszak también se le atribuye una frase que rescata Merchant en su libro: si los luditas no hubieran existido sus detractores los habrían inventado.

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El movimiento ludita nacía en un contexto muy complicado: Reino Unido había ilegalizado los sindicatos, y las autoridades hacían lo imposible por tratar de contener a los mecanoclastas que seguían a Ned Ludd. En aquel contexto nacieron “asociaciones” pantalla con la que siguieron intentando trasladar sus demandas por los cauces administrativos, como la Sociedad para la Obtención de Asistencia Parlamentaria y para el Fomento de la Mecánica en aras de la Mejora del Mecanismo (me flipa). Así, es de justicia reconocer lo que sí lograron los luditas.

Qué aprender de los luditas

Los luditas agotaron todas las vías posibles por alinearse con el sistema, pero el sistema no les quiso escuchar. No aceptaron ser mártires del progreso y se revolvieron contra sus patronos. Dos siglos después el imaginario colectivo sigue teniendo una imagen muy distorsionada de qué hicieron los luditas y sobre todo qué lograron. Porque, indistintamente de que las autoridades castigaran con excepcional severidad a muchos de estos mecanoclastas, muchas de sus demandas serían finalmente atendidas. Se regularían las relaciones laborales, los sindicatos volverían a ser legalizados.

Y, con ellos en activo, lograron también un objetivo esencial: sembraron el terror entre sus verdugos.

No merece la pena rasgarse las vestiduras por un debate terminológico o historiográfico, pero las palabras encierran significados. Escuchar a una ministra decir que no cabe ningún tipo de ludismo y que hay que gobernar la IA y crear una IA pública es problemático. Hay muchos debates subyacentes al respecto. El de género, el medioambiental, el colonial, el laboral, el fiscal. Díaz tocó algunos de ellos tangencialmente, pero se dejó quizá el más importante: el de la propiedad. Los mecanoclastas no creyeron que las máquinas eran demoníacas: creyeron que sus propietarios sí lo eran.

El ludismo es un término distorsionado. Al fin y al cabo, ¿qué puede ser más ludita que regular el acceso de los menores a las redes sociales? Los luditas no cuestionaban el progreso, cuestionaban su propiedad. Hoy el neoludismo se abre paso. En España el movimiento ecologista ya está poniendo pie en pared ante la voracidad de las tecnológicas que quieren minar la península de centros de datos. Los artistas también están en pie por el papel que la IA desempeña en su sector. Con la técnica actual estamos más cerca de abolir el trabajo que de perpetuarlo. Pero pensar que algo así puede llegar de la mano de los magnates que ahora llamamos tecnoligarcas es una quimera.

Hay que reconquistar el término ludita en el imaginario. Hay que despojarlo de cualquier connotación moral. Y debemos dejar de pensar que OpenAI, Anthropic, Google o cualquier megacorporación tecnológica son algo inevitable. También debemos entender que delegar no va a ser suficiente: tenemos que llenar los sindicatos de martillos de Enoch. Lo que dice esta tira en The Nib: bienvenidos al futuro. Saboteémoslo.

En breve…

La conquista del feed

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PD. Siento la falta de compromiso bimensual de los últimos tiempos. Muchos cambios, muchas tareas (profesionales, militantes, personales) y pocas horas. La conquista del feed mantiene su intención de salir un lunes sí y un lunes no, pero el tema de hoy merecía cierta urgencia. ¡Ojalá os resulte interesante!

En el número de hoy...

• EGEDA pide cárcel y 870.000 euros a un proyecto sin ánimo de lucro que rescataba lost media

• Picoteo de noticias breves

EGEDA pide cárcel y 870.000 euros a un proyecto colectivo y sin ánimo de lucro que rescataba lost media

El Gobierno vuelve a mirar a otro lado, al igual que con el escándalo de los bloqueos DNS que impulsa LaLiga con las operadoras

Foto de Jannes Wulff en Unsplash

El domingo que viene es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con una persecución judicial a un divulgador cultural en nombre de los derechos de autor?

En cuestión de unos días sabremos más del juicio en el que piden dos años y medio de cárcel y 870.000 euros a un youtuber que divulga sobre cine en internet. Es el caso de La filmoteca maldita, un celebrado canal sobre cultura y cine con más de 400.000 suscriptores. La Policía Nacional detuvo hace cuatro años a este burgalés al que acusan de haberse enriquecido incurriendo en un “delito contra la propiedad intelectual”, tipificado en el Código Penal con penas de hasta cuatro años de cárcel.

La espectacular detención que el mismo youtuber explicó en su canal (con escudos antidisturbios, arietes y armas que la policía llevó a su domicilio) se produjo en 2021. Él mismo contó quién estaba detrás de la denuncia ante la Policía Nacional. Se trata de una vieja conocida de la persecución a la supuesta piratería: EGEDA, la entidad de gestión de derechos de autor del audiovisual. Una entidad que además preside Enrique Cerezo (sí, el del Atleti) desde hace casi 30 años.

EGEDA considera al impulsor de La filmoteca maldita como el cerebro detrás de Zoowoman, un colectivo que se dedicaba a recuperar lost media. En palabras del youtuber, el lost media son “aquellas películas que no tienen derechos de autor, que están perdidas de la mano de dios, que están descatalogadas, que las productoras desaparecieron y nunca llegaron a distribuirse. Ese cine que está prácticamente muerto y que es muy difícil de conseguir”.

De este tema apenas hay información en los medios de comunicación y las razones os las podéis imaginar. Solo en los últimas días el director de cine Nacho Vigalondo ha quebrado esta omertá con una columna en el diario El Mundo. Ahora mismo, lo mejor para enterarse bien de esto es un fragmento de un directo de otro youtuber, BaityBait, que puedes ver aquí. tldr; Zoowoman era un proyecto sin ánimo de lucro. La filmoteca maldita advertía también hace una semana que la resolución del caso llegaría en cuestión de días, por lo que esta semana será crucial para conocer al menos uno de los desenlaces de esta historia.

Las brigadas españolas contra la piratería

EGEDA lleva cerca de 30 años combatiendo ferozmente la piratería. En la práctica, imponiendo, de la mano de las instituciones, un modelo cultural extractivista y elitista que tiene defensores a lo largo del planeta. Las personas que estén detrás de Zoowoman no son las únicas que están detrás del disparadero de las EGEDA o SGAE de turno.

Aunque la eficacia de estas entidades se puede cuestionar. Según el último Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2024 elaborado por la consultora GfK, los internautas españoles accedieron en 2024 a 7.330 millones de contenidos ilícitos; lo que supuso un consumo valorado en 42.782 millones de euros y un lucro cesante de 3.032 millones para las industrias creativas, de las que 721 millones correspondieron a pérdidas en el ámbito de las películas y las series.

Mareante, ¿verdad? Es natural: este informe anual persigue exactamente eso. Que en cuestión de una semana aparezca en medios distintos titulares que den sensación de emergencia. Piratería en España: pérdidas de 721 millones de euros. La piratería digital en España sube un 9 % y alcanza una cifra récord de 42.782 millones. La piratería crece en España y provoca 3.000 millones de euros en pérdidas a los creadores de contenido. Todos estos son titulares reales. Si no lees la letra pequeña despacito seguramente no te enteres de la verdad.

Pero me seduce otro análisis. Da igual que la mitad de internet en España se vaya a negro cada fin de semana porque hay fútbol. Da igual que La Coalición (el rimbombante nombre que aglutina a las patronales de las industrias culturales españolas) tenga, en connivencia con el Ministerio de Cultura, la capacidad de señalar dominios para que las operadoras los bloqueen con una intervención judicial muy limitada. Da igual que las Netflix de turno introduzcan mecánicas cada vez más opresivas para evitar que compartas la cuenta con tu madre en otra ciudad. Da igual que la Audiencia Nacional estuviese a punto de bloquear Telegram en toda España.

Da igual porque, a pesar de todos los esfuerzos, GfK llega y te suelta un informe larguísimo lleno de cifras mareantes (con la palabra “estimaciones” en pequeñito, claro) que se resume en que estas brigadas antipiratería son una panda de inútiles.

De derrota en derrota y con el Gobierno en frente

En España y en gran parte del mundo el debate en torno a la piratería es un debate viciado. La copia privada o backup de repente se convirtió en piratería. Los disquetes del tres y medio, los CD vírgenes, los pendrives para guardar las fotos de la playa eran piratería (y todo el mundo tenía que pagar el famoso canon digital). La difusión de enlaces o tutoriales era piratería. Modificar un aparato tecnológico en propiedad era piratería. Todo es piratería salvo cuando se trata de entrar un modelo de IA.

Pero hubo un tiempo en este país en el que este debate pareció importar. La ley Sinde era en realidad una reforma de la Ley de Economía Sostenible que propuso la ministra socialista Ángeles González-Sinde, y que creaba la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano vigente y hoy dependiente del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun. Su propuesta, facilitar el bloqueo de dominios web en los que se alojaran o enlazaran contenidos “pirata”, desencadenó una serie de protestas que se convirtieron en los prolegómenos del 15-M. Hace quince años de ello.

Finalmente, la Ley Sinde salió adelante y se transformó en la Ley Sinde-Wert con el paso de los años. Desde entonces hemos vivido derrota tras derrota en nombre de los sacrosantos derechos de autor: en 2021 el Ministerio de Cultura instó a las industrias culturales a firmar un protocolo con las operadoras telefónicas para agilizar todavía más el bloqueo de páginas web.

Esta misma semana el Ministerio de Cultura, a través de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ha bloqueado todos los dominios del Anna’s Archive, un metabuscador de bibliotecas en la sombra (no indexadas en la clear net) que utilizan cientos de estudiantes de literatura en todo el mundo. Esta misma semana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue muy clara: hay que celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para perpetuar el actual modelo económico.

“El 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, una ocasión para reconocer el valor de la creatividad, del conocimiento y del talento de nuestras sociedades. (…). Proteger la propiedad intelectual no es solo proteger una obra, es proteger el esfuerzo, la innovación y el futuro de un modelo económico basado en el conocimiento”.

Sí dio algo de aliento el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una reciente entrevista con Facu Díaz, cuando casi al final se pronunció sobre los bloqueos en internet. “Estamos en ello. Es la última derivada de un cambio de régimen en internet”. Eso sí. El ministro no conocía el caso de La filmoteca maldita.

Más frentes en el mundo

Ni Zoowoman ni Anna’s Archive son los únicos ejemplos, aunque sí los más recientes, que refleja cómo estamos retrocediendo en años lo que pudimos avanzar en décadas en el ámbito de un internet libre. También es recurrente el caso del Internet Archive, un archivo que busca preservar páginas web, libros, música y software en activo desde hace 30 años y que recientemente rompió el hito de haber archivado más de un trillón de páginas.

El Internet Archive nacía también con una pulsión de biblioteca. Su proyecto Open Library permitía prestar copias digitales de todos los libros que preservan. El problema, claro, es que las editoriales consideran que eso es piratear.

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Hachette, Penguin Random House o Harper Collins demandaron a Internet Archive (igual que Hachette ha demandado al Anna’s Archive) y en 2023 un juez federal estadounidense sentenció que Internet Archive vulneraba los derechos de autor. El recurso del Archive no prosperó y la institución desistió y no lo llevó al Supremo: desde entonces no pueden prestar muchos de los libros que preservan.

Por supuesto, editoriales y sellos musicales también han demandado al Internet Archive, aunque curiosamente la plataforma está ahora en peligro porque muchos medios de comunicación están bloqueando masivamente los bots que scrapean la red. Internet Archive hace uso de este tipo de bots para tomar imágenes de páginas y así poder preservarlas. Los medios están tomando esa decisión para frenar el scrapeo de las grandes plataformas de inteligencia artificial. En consecuencia, ahora es la herramienta más popular de Internet Archive, su Wayback Machine, lo que está en peligro.

Vender vino sin botellas

Que hayamos dejado de hablar de ello no quiere decir que el conflicto terminase. Invocar los derechos de autor vale para todo, salvo para proteger a los pequeños artistas de los grandes depredadores IA de Silicon Valley.

Vale incluso para secuestrar un sinfín de dominios web perfectamente legales cada fin de semana con la excusa de proteger la propiedad intelectual del fútbol que el Supremo ya cuestionó. (En palabras de mi admirado Carlos Sánchez Almeida: “El fútbol no es un arte ni cultura, por muy bonitas que sean las piruetas que se hagan”).

Hace quince años el tema generaba tal interés que hasta este tema de The Pinker Tones salió en la banda sonora del FIFA 11. Pero el debate tiene en realidad más de 30 años. John Perry Barlow, ensayista, ganadero y ciberactivista, publicó en el 94 su famoso Vender vino sin botellas, un alegato llamando a repensar la totalidad de la economía con el auge del mundo digital.

“En todo el tiempo que llevo recorriendo el ciberespacio, sigue sin haberse resuelto un inmenso interrogante que se halla en la raíz de casi todas las tribulaciones legales, éticas, gubernamentales y sociales que se plantean en el mundo virtual. Me refiero al problema de la propiedad digitalizada”, comenzaba.

Barlow reseñó cómo la economía en su conjunto no protegía el vino, sino las botellas de vino. “Los derechos de la invención y de la autoría se vinculaban a actividades del mundo físico. No se pagaban las ideas sino la capacidad de volcarlas en la realidad. A efectos prácticos, el valor estaba en la transmisión y no en el pensamiento transmitido. Ahora que la información entra en el ciberespacio, hogar natural de la mente, las botellas están desapareciendo”.

Este ensayo volvió a cobrar relevancia porque el gran capital lleva años tratando de introducir la escasez en el mundo digital para rentabilizar el vino sin botella. Lo vimos poco después de la pandemia, ante el auge de los NFT (¿os acordáis?). El dilema sigue sin resolverse.

“Casi todo lo que creemos saber sobre la propiedad intelectual es erróneo. Tendremos que desaprenderlo”. Aunque en algo erró Barlow hace 32 años: dijo que las protecciones que se desarrollarían se apoyarían “mucho más en la ética y en la tecnología que en la ley”.

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• El problema de hablar de las plataformas es que no hablamos de internet

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El problema de hablar de las plataformas es que no hablamos de internet

Unos cuantos riesgos (y oportunidades) que no he leído en torno al debate sobre los menores en redes sociales

Photo by Lucas Santos on Unsplash

Al menos reconozcamos esto. El debate sobre qué hacer con el acceso de los menores a las redes es otra derrota más para los movimientos que defienden una red radicalmente libre y neutral. También es la constatación de que no será la última.

Desde que Sánchez anunció en Dubái que España también prohibiría el acceso de los adolescentes a las plataformas digitales no he parado de leer argumentos maniqueos, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que es divertido jugar con ellos. Si alguien dice que no se ha de prohibir el coche sino educar en buenas prácticas conduciendo yo puedo decir que no hay que prohibir el tabaco sino educar en buenas prácticas fumando. Si alguien dice que hay que impedir que los niños fumen yo puedo decir que siempre encontrarán quién les compren tabaco. Y así, hasta el infinito.

Pero la realidad es que no todo lo que aparece detrás de una pantalla es un coche o un cigarro. Yo puedo entender e incluso compartir la medida: vivimos tiempos urgentes y las redes están haciendo mucho daño en los críos. También conozco y comparto los riesgos, y no hace falta caer en conspiraciones para entender que esta medida supondrá un cambio de paradigma sobre internet que tendrá muchas consecuencias no exploradas.

El problema es el marco del debate. Es el que tenemos porque la primera derrota fue que llegáramos a este punto. Ahora poco margen hay para impulsar iniciativas de alfabetización digital (¿acaso no existen ya?) o para apostar decididamente por espacios digitales alejados del tecnofeudalismo. No digo que dejemos de intentarlo, digo que sería tolerar un daño tanto a los niños como a la democracia que a corto plazo no íbamos a poder frenar sin medidas contundentes.

En el campo hay puertas

Pero hay mucho ruido en torno al dilema de marras. He visto analogías convirtiendo las redes sociales en alcohol o tabaco. La narrativa que impulsa todo esto es la del pánico moral. Al mismo tiempo es evidente que tenemos una relación cada vez más disfuncional y lesiva con la tecnología. Tanto en niños como en adultos.

El problema de fondo es tratar a los menores como imbéciles. Pensar que con los bloqueos con los sistemas de verificación de edad esto se va a terminar. No voy a insistir en ese mantra absurdo de que “no se pueden poner puertas al campo”. El símil es nefasto: sí se pueden poner puertas en el campo, claro que hay puertas en el campo. Y por supuesto que una autoridad, legítima o no, puede bloquear el acceso a internet a placer. Lo vemos cada vez que hay fútbol.

Hace días leí en redes una anécdota divertida. En una clase de informática en el instituto un grupo de chavales convirtió un artículo de la Wikipedia en su particular tablón de anuncios, ya que el acceso a Tuenti en la red local estaba vetado. Los chavales no van a dejar de comunicarse por internet. Encontrarán la forma. Vía VPN, vía nuevos servicios. Porque claro, ¿a qué se refiere el Gobierno cuando habla de redes sociales?

Cómo ‘bloquear’ a los adolescentes

Ese es el quid de la cuestión.

Que el Gobierno quiera prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes ya se sabía. El proyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales llegó al Congreso el año pasado. Entre otras cuestiones, la propuesta plantea modificar la ley de protección de datos. Esta ya establecía que solo un adolescente de más de 14 años puede dar por sí solo permiso a un tercero (una red social) para que trate sus datos. La edad mínima para acceder sin autorización a las plataformas pasará de 14 a 16 años.

Esto no basta. Seguramente ya conoces a menores de 14 que ya usan WhatsApp, Instagram o TikTok. Por eso el Gobierno lleva la propuesta más allá y exigirá a las plataformas mecanismos de verificación de edad más eficaces. Lo hace amparándose en el Reglamento de Servicios Digitales, como ya han planteado vecinos como Francia.

Ya no bastará con preguntar el año de nacimiento y confiar en la buena fe de los usuarios. La ley exige a las plataformas medidas “proporcionadas, eficaces y respetuosas con la protección de datos”. Eso sí, no exige que pidan el DNI a los usuarios, aunque Discord haya empezado a hacerlo. Por cierto, con tecnología de una empresa llamada Persona, financiada entre otras por Peter Thiel, fundador de Palantir.

En España, el Ejecutivo ya ha desarrollado una solución técnica piloto que es garantista con la privacidad, al menos técnicamente. Sí, el famoso pajaporte. Sin embargo, la herramienta se ampara también en el desarrollo del reglamento europeo eIDAS2, que por supuesto abre la puerta a que el sector privado participe de este nuevo mercado de carteras digitales. Aunque se apliquen unos mínimos, no todas las alternativas tendrán por qué ser tan escrupulosas con tu información.

Marcando los límites de la prohibición

En lo técnico, la propuesta del Gobierno hará que un sistema de verificación de una gran red social se conecte con la cartera digital del menor y esta devuelva un sí o un no, ningún dato más: ni fecha de nacimiento, ni nombre, ni apellidos, ni DNI. En el aire queda cómo funcionará el mecanismo si efectivamente los tutores o padres autorizaran a un menor de 16 años a tener WhatsApp, por ejemplo.

Tampoco se sabe cómo será la eventual enmienda que se plantee en Cortes para forzar a las plataformas a incorporar estas medidas ajustándose a lo que quiere el Gobierno.

Es fácil imaginar que si los chavales no pueden usar TikTok encuentren otras vías. Lo hemos visto en Australia, donde una medida similar ya está en vigor. Desde buscar plataformas que escapen de la legislación a reconquistar los viejos foros phpBB que tan populares fueron hace dos décadas.

El tema es: ¿cómo será la legislación española? ¿Será un foro entre particulares considerado red social? En la práctica se hace un tratamiento de datos, con lo que posiblemente tendrían que introducir medidas de verificación de edad. ¿Se va a exigir lo mismo a Meta que a WhatsApp? ¿Y lo mismo que a un foro de baloncesto? ¿Y que a un periódico? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Estamos prohibiendo a los menores el acceso a las redes sociales o el acceso a internet?

Las VPN, ya en la diana

Si bien se puede esperar que una prohibición del acceso de los menores a las grandes plataformas podría incentivar alternativas menos lesivas, lo cierto es que una vía de escape más evidente es usar redes privadas virtuales. Las conocidas VPN siguen ganando popularidad. El mercado global crecerá de unos 88.000 millones de dólares ahora a 530.000 millones de dólares dentro de ocho años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de hasta el 22%.

El problema es que las VPN ya están en la diana de las instituciones españolas y europeas. Y eso ya poco tiene que ver con el bienestar de los menores en entornos digitales.

Ya conocéis la historia de LaLiga de Tebas con los CDN de, entre otras empresas, Cloudflare. Gracias a un procedimiento judicial en el que las telecos se allanaron, la justicia avala bloqueos dinámicos de amplios rangos de IP si detecta que en ese rango hay tráfico de una emisión pirata. El problema es que es tecnológicamente imposible bloquear solo esa emisión pirata: se bloquea todo el rango, también a servicios perfectamente legales.

Bruselas ya tiene el ojo puesto sobre las VPN desde hace semanas. Ya se han presentado en la Eurocámara preguntas a la Comisión que plantean la necesidad de bloquear o perseguir aquellas que amparen los contenidos ilícitos. Es un golpe a la línea de flotación del anonimato en internet.

Quien pueda hacer que haga

Era de esperar y ya ha sucedido. Un juzgado de Córdoba ha aceptado unas medidas cautelares en otro procedimiento instado por LaLiga y Telefónica en el que inaudita parte, es decir, sin escuchar a las afectadas, obliga a proveedores de VPN a bloquear páginas. Las señaladas en este caso son conocidas (porque se anuncian en un sinfín de canales de YouTube): NordVPN y ProtonVPN.

Lo llamativo de este caso es que el magistrado es plenamente consciente de la decisión que ha tomado. Tanto, que incluso la viene justificando desde hace días en su perfil en LinkedIn, donde por supuesto hay usuarios lanzándoles preguntas incómodas que por ahora están sin respuesta. El juez, Antonio Fuentes Bujalance, aclaró con vehemencia que las medidas cautelares que ha otorgado no implica que las VPN puedan bloquear tráfico legal. Pero especialistas dudan de la capacidad de la tutela judicial, que en el caso de los bloqueos a los CDN es evidente que no funciona.

No hace falta ser ni juez ni abogado para llegar a una conclusión inquietante. Es más fácil socavar el derecho fundamental de la comunicación si se denuncia antes una emisión pirata del fútbol que si se habla del malestar de los menores. Todo aun cuando el fútbol no se considera una propiedad intelectual, según la jurisprudencia del Supremo: los partidos no son una obra a proteger.

¿Qué queremos?

El tema de bloquear el acceso a los menores de 16 años en las redes sociales también lleva otros pildorazos incómodos que ni siquiera están apareciendo en los medios. El abogado Cristóbal Gázquez ha diseccionado alguno en sus directos en Twitch (este artículo suyo es recomendable). Por ejemplo, la idea de una reforma del Código Penal que incorpore como medida cautelar desconectar a una persona de internet. Bautizado como “orden de alejamiento digital”, la premisa puede ser inocente. Sus efectos, devastadores.

A fin de cuentas, este desarrollo legislativo no siempre lo interpretarán los mismos. ¿Qué pasará cuando lleguen los amigos del autoritarismo al poder?

Bloquear el acceso de menores a redes sociales puede ser positivo para los menores y nefasto para las redes. Puede ser una buena oportunidad para impulsar una red más libre, autónoma, soberana y neutral. Pero la ejecución es algo lo suficientemente delicado como para que por lo menos empecemos a entender la magnitud de lo que hay en juego. Para empezar, al contrario de lo que podríamos esperar, Silicon Valley está muy cómodo con este auge prohibicionista. Lo ven como una puerta de entrada a una nueva era de la vigilancia digital. Si no se define bien qué regular y cómo se volverá a poner al lobo al cuidado de las ovejas.

Hace años la Audiencia Nacional estuvo a punto de bloquear cautelarmente todo Telegram. La noticia llegó un viernes por la noche. Para el martes, el mismo juez retiró la medida. Entonces mucha gente convirtió Telegram en un baluarte de la libertad de expresión. Ahora muchos nos caemos del guindo: Telegram es otra red social privada de un oligarca, este no estadounidense, con ideas fantasiosas de que Sánchez es un malvado censor.

El momento es urgente. Pero las respuestas efectistas pueden tener consecuencias inesperadas. A lo mejor, si lo que toca es regular internet, hay que dejarse de medias tintas y empezar a buscar pretextos más sólidos y certeros que escudarse detrás de los niños o detrás de los oligarcas. A lo mejor, lo que sucede es que no podemos esperar esa audacia de las instituciones. Y a lo mejor, lo que podemos hacer es aprovechar la semilla de este debate para hablar más sólidamente de cómo queremos relacionarnos en línea.

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• Qué pasa cuando una IA reescribe tus reseñas en internet

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Qué pasa cuando una IA reescribe tus reseñas en internet

Spoiler: nada. Spoiler dos: la nueva ley de atención al cliente tampoco hará que pase nada

Foto de Shutter Speed en Unsplash

Imagínate que tú, una persona que no eres muy dada a dejar reseñas de los artículos que compras por internet, te animas a destacar por una vez lo satisfecha que estás de una compra. Ahora imagina que meses después recibes una notificación de que otro usuario ha respondido a aquel comentario. “¿cuánto te han pagado por el anuncio?”. Lo primero que pensarás es que menuda mala baba hay que tener.

Ahora imagina, ¡sigue imaginando!, que entras en tu reseña para revisar si efectivamente te dejaste llevar por el entusiasmo. E imagina, una vez más, que al revisar tu opinión no reconoces ni una coma. Alguien la ha modificado. Te han suplantado. Y el suplantador tiene una forma muy reconocible de escribir.

Porque la nueva reseña estaba llena de esos modismos tan de moda —guiones largos, respuestas neutras, miles de emojis, aclaraciones innecesarias, todo impecablemente correcto— que era obvio que no la había escrito un humano. 🤖

Pues deja de imaginar, porque esto está pasando. Este jueves el Congreso dará la luz verde definitiva a la ley de atención al cliente, después de que se aprobara en la Cámara Baja el mes pasado y se debatiese en el Senado hace unos días. La ley, en su tramitación parlamentaria, incorpora medidas para combatir las reseñas falsas, uno de los grandes dragones por batir del sector del comercio electrónico. Y a la vista está de que la ley nace muerta en este aspecto.

La IA lo está revolucionando todo (anda, ¡aquí también!) y hay marcas o empresas que sin mucho disimulo están tirando de chatbots para optimizar el SEO de sus artículos en grandes plataformas o, directamente, para engañar a consumidores.

El caso de PCComponentes

La anécdota con la que arranca el boletín es real. Le ha pasado a una lectora empedernida de La conquista del feed. A mi pareja, vamos. Cris se compró un móvil en PCComponentes hace unos meses y se animó a compartir una reseña en la web comentando pues que estaba contenta porque buscaba un terminal nuevo y se lo había encontrado casi a mitad de precio. Nada extraordinario. Lo sorprendente llegó a los meses.

Su reseña había sido sustituida por 626 palabras de puritita IA chunga con toda la pinta de querer optimizar el artículo en motores de búsqueda. Canta muchísimo. Cris no diría “el Tensor G3 de Google mueve todo con fluidez”, diría más bien “ojísimo con el procesador”. Y lo más jodido de todo: su nombre seguía (sigue) firmando esta reseña, que está etiquetada como una “opinión destacada” (es la primera que sale en la página del artículo) y como “opinión verificada”, lo que supuestamente garantiza que la reseña la hizo “el mismo usuario que realizó la compra”. Bueno.

Reseña modificada en la web de PCComponentes

El caso es que la anécdota (no deja de ser eso) me pareció tan burda que no pude evitar ponerme en contacto con el equipo de comunicación de PCComponentes. Ya ves tú en qué fechas, en plena temporada de ofertas por Black Friday un periodista dando por saco con nosequé movida de una newsletter. Al mismo tiempo, Cris abrió un ticket al servicio de atención al cliente.

La duda era, en cualquier caso, pertinente. ¿Qué había pasado? En mi cabeza manejaba algunas opciones. La primera: alguien había vulnerado la cuenta de Cris y había modificado su reseña. Tal cosa no ha sucedido (porque se habría recibido algún correo de cambio de contraseña o se habría dejado alguna huella). La segunda, más preocupante: se habían vulnerado los sistemas de PCComponentes, un comercio electrónico emergente con sello español (es de Murcia) que facturó en 2024 562 millones de euros, con un beneficio de 10,4 millones, y que aspiraba a crecer en este 2025 un 15%.

La respuesta tardó y no es la más satisfactoria. El servicio de atención al cliente le dijo a Cris que ellos “no tienen capacidad para modificar comentarios” y “no hay ningún proceso de IA que genere opiniones”, solo traducciones de reseñas. A mí, un responsable de comunicación sí me dio algunas pistas. Los equipos de Tecnología de la empresa están monitorizando el resto de la plataforma y se han comprometido a eliminar la reseña (que por ahora sigue vigente).

La sospecha es que ciencIA, el servicio IA que hace resúmenes de lo que comentan los clientes (algo que ya existe en otras tiendas en línea) se volvió un poco loca.

ciencIA recoge algunas cosas de la 'reseña’ de Cris

Escríbeme una reseña indicando…

El de PCComponentes no es más que una anécdota si se compara con la auténtica dimensión del problema. El de las reseñas falsas es un mundo con consideración de industria. A nadie se le escapa que durante años numerosas empresas se han organizado a través de plataformas como Telegram para retribuir con tickets de regalo o vales de compra a sus supuestos reseñistas. Amazon se ha convertido en un poderoso intermediario para muchas pymes de España y de todo el mundo que han visto en el gigante del ínclito Bezos una oportunidad para construir su imperio.

No hace falta incurrir en tretas sofisticadas. Yo he llegado a recibir cartas manuscritas (sí, manuscritas) adjuntas a un paquete que había pedido. Lo que querían los vendedores es que pusiese reseñas y a cambio recibiría un vale de compra para Amazon. Lo llamativo es que el vale de compra era de un valor sustancialmente mayor al producto que había comprado legítimamente. Contra eso las majors y las instituciones lo tienen jodido.

Ahora la IA está cargándose este negocio, porque para qué pedirle a nadie que se preocupe de escupir cuatro líneas o un par de fotos de un producto cuando tienes a ChatGPT dispuesto a ello. Te quiero decir:

Cucha, tas dejao el prompt

Le envié esta reseña falsa al equipo de comunicación de Amazon, que agradecieron el detalle y anunciaron que la borrarían inmediatamente. Evidentemente, que se hable más y más de esto le hace mucho daño. Ha costado eones convencer a los boomers de que detrás de cada tienda en línea no hay un estafador ávido por tu dinero. Pero lo cierto es que los esfuerzos que se hacen para combatir todo esto no son suficientes a tenor de lo que se ve en el día a día de esta y cada una de las plataformas habituales.

Amazon anunció, por ejemplo, una alianza con otras grandes plataformas como Booking, Expedia, Glassdoor, Tripadvisor y Trustpilot para “asegurar a los consumidores el acceso a reseñas auténticas y fiables”. El objetivo era “compartir buenas prácticas” y perseguir “estándares” a nivel industria. Esto fue hace dos años. Solo un mes después la misma multinacional reivindicó que usaría la IA para combatir este problema. Era difícil, claro. El responsable de Prevención contra el Fraude y Abuso de en Amazon, Josh Meek, enfatizaba entonces que “la diferencia entre una reseña auténtica y una falsa no siempre es evidente”.

He hecho el experimento con ChatGPT. Le he pegado el pantallazo con su motor GPT 5.1 activado. Le ha costado 41 segundos llegar a una conclusión. “Yo diría que no es una reseña orgánica de un cliente, sino un texto generado (probablemente por IA) y pegado sin limpiar las frases de contexto”. Hay que conceder que el gran desafío de las reseñas falsas es su masividad. Cuando llueve es lógico que alguna gota moje. Eso sí, Amazon lleva años en una campaña global contra este fenómeno y en 2023 denunció en España a doce intermediarios de reseñas falsas.

Sería bueno conocer qué casos son y cómo se han ido resolviendo. El gran debe de los medios a la hora de hablar de tecnología: mirada más local y más continuidad.

Y qué dice la nueva ley de atención al cliente

En 2011, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley de atención al cliente. Rubalcaba defendió en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la norma obligaría “a las grandes empresas a que tengan servicios de reclamación y de atención al cliente que funcionen con prontitud”. No llegó ni al Senado. Zapatero convocó elecciones y se disolvieron las Cortes. La misma suerte corrió un texto de la misma naturaleza que presentó el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón en 2023. Otra ley de atención al cliente que decayó por convocatoria electoral.

Por eso es normal que en la reciente sesión en la Cámara Alta en la que se debatió la nueva ley de atención a la clientela una senadora del PP se preguntara con melancolía qué iba a pasar esta vez, si volvería a caer el Gobierno. Pues bien, parece claro lo que va a pasar: la norma se debate este jueves en el pleno del Congreso después de haber recibido luz verde en el Senado. Habrá ley de atención al cliente y en su paso por las Cortes ha incorporado medidas contra las reseñas falsas. Pero, ¿qué es una reseña falsa?

Si no tienes medios de producción, una reseña falsa es una putada, porque puede inferir que el producto que vas a comprar incluye unas cualidades o una funciones que en realidad no atienden tus necesidades. Si tienes medios de producción, una reseña falsa también es una putada, porque te encuentras a clientes insatisfechos con la temperatura del café dándote la murga ante todo el mundo. Y si encima eres de los que creen que tu café de especialidad no está gentrificando el barrio, sino dándole color, pues claro, le tendrás pánico a las estrellitas de Google.

Entonces, ¿para quién legisla el Gobierno? La nueva ley de atención al cliente incluye una somera reforma de la ley de 2007 para la defensa de los consumidores. Modifica su artículo 20.4 para que quede claro que el empresario que se atenga a reseñas deberá aclarar si controla o no que sus reseñas puedan ser falsas. Ni más, ni menos. Debe haber “información sobre el hecho de que el empresario garantice o no que dichas reseñas publicadas han sido efectuadas por consumidores que han adquirido realmente el bien”. En otras palabras: vas a ver un montón de disclaimers en tiendas online del tipo: “No nos hacemos responsables”.

¿Qué más dice? Pues que las reseñas solo podrán publicarse si han pasado menos de 30 días desde que el cliente adquirió el producto y que el empresario deberá tener derecho a responderlas. Y que si una reseña es falsa, el empresario también tendrá derecho a solicitar que se eliminen aportando las pruebas pertinentes. Que también es un poco como cuando un vendedor por internet te pide pruebas que demuestren que no te ha llegado un producto. fotodemanovacia.jpeg

La ley de atención al cliente que desde esta semana tendrá España incorpora cosas muy interesantes que ya se irán desglosando (obligatoriedad de comunicar con quince días de antelación la renovación automática de una suscripción) y algunos cantos a la luna (el derecho a conocer los parámetros con los que los algoritmos marcan precios o recibes publicidad personalizada en internet, ay qué inocencia). Pero también evidencia que a menudo entre lo que el legislador percibe, la empresa hace y las personas sufrimos hay abismos de distancia. Ah, y… ¿la mejor compra de mi vida? La renovación anual del dominio de La conquista del feed… supongo.

En breve…

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• Por qué la nueva medida de la UE será un retroceso en derechos digitales

• Picoteo de noticias breves

Por qué la nueva medida de la UE será un retroceso en derechos digitales

Bruselas propone reducir tus derechos para ampliárselos a las grandes tecnológicas

Foto de la Agencia KOBU en Unsplash

Lo han llamado ómnibus pero tiene más bien forma de obús. Bruselas va a hacer retroceder varios años los derechos digitales de todos los europeos con su esperada y temida propuesta legislativa: el Ómnibus Digital. Bajo este rimbombante nombre lo que hay en realidad son dos propuestas normativas, el reglamento europeo ómnibus digital sobre acervo digital y el reglamento europeo ómnibus digital sobre inteligencia artificial.

Una cosa que sorprende bastante es que con este Ómnibus la Comisión está enmendándose la plana retocando normas que en el mejor de los casos habían comenzado a aplicarse hacía unos meses. Pero donde se han posado las primeras miradas afiladas es en la primera de las propuestas, que se mete de lleno en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Una cosilla delicada.

Bruselas vuelve una vez más a reivindicar la necesidad de meterle mano a lo digital invocando el famosísimo informe Draghi que se presentó a mediados del año pasado. La Comisión le encargó al expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano Mario Draghi la confección de un informe que diagnosticara por qué Europa se había quedado atrás en términos de competitividad con respecto a Estados Unidos y China. El complejo de siempre.

Draghi presentó su informe con un tono apocalíptico. Llegó a decir que el RGPD había provocado que “el beneficio de las pymes tecnológicas se redujera en más de un 15%”. “Estamos matando a las pymes”. El problema es que citó erróneamente su propio informe: lo que exponía en el ensayo, de unas 400 páginas, es que las pymes europeas habían reducido en un 15% el potencial procesado de datos que podrían haber hecho por la aplicación de la norma. No es lo mismo.

La clave está en los datos

El RGPD es probablemente la norma más aburrida pero más esencial de todo el abanico de la regulación digital de toda la Unión. Aburrida porque la mayoría del público no se detiene mucho a pensar qué es un dato personal y por qué es importante preservarlo, protegerlo y evitar convertirlo en carnaza para el mejor postor.

Un ejemplo de ello es la gracia que me hizo leer un comentario en LinkedIn. La Agencia Española de Protección de Datos había sacado un comunicado explicando cómo son los datos que procesa y transmiten las nuevas balizas V16 obligatorias para los coches. Ahí me encontré con un comentario de Olmo: parece que a la gente le preocupa más estas balizas que lo que hacen sus teléfonos móviles. Equilicuá.

Pero, ¿en qué leches se mete este Ómnibus Digital? Hay para todo el mundo. Las propuestas en sí son un compendio de reformas a reglamentos viejos y recientes. Se detiene con especial ahínco con el Reglamento del Dato. Por ejemplo, si el Reglamento del Dato indicaba que las empresas podrían verse obligadas a ceder sus datos a gobiernos y empresas públicas por “necesidades excepcionales”, la propuesta de Bruselas cambia esa etiqueta por “emergencias públicas”. Restringe el escenario en favor del sector privado. Una idea de por dónde van los tiros.

En lo que al RGPD respecta, el Ómnibus Digital plantea, entre otras cuestiones, redefinir qué es un dato personal. Ahí es nada. Con la propuesta de Bruselas sobre la mesa, se considera dato personal todo aquel con el que la entidad/empresa que lo gestiona pueda identificar a una persona. Mi primer apellido es Ruiz. Qué os apostáis a que de repente para Meta mi apellido no es un dato personal, joe, cómo va a serlo, si ruices hay millones.

Podemos aceptar barco como mascota y asumir que el RGPD, en su redacción vigente, necesitaba retoques. Lo que no está tan claro es que la norma haya sido la culpable de esa supuesta falta de competitividad. Me inclino más a pensar en que la culpa está en la dejación de funciones institucional. Meta no ha conseguido cumplir adecuadamente con el RGPD en más de un lustro, por ejemplo. De ahí que en una sentencia histórica los periódicos españoles le puedan sacar (ya veremos) casi 500 millones de euros a la propietaria de Instagram por “competencia desleal”.

Reacciones

Sobre las implicaciones que tiene este Ómnibus Digital ya están corriendo ríos de tinta. Noyb, la asociación en defensa de la privacidad que preside el austríaco Max Schrems, ya prepara un informe detallado sobre ello. Schrems ya estuvo hace unos días muy enfadado porque un primer borrador de este Ómnibus Digital se estaba filtrando en redes (lo comentamos en la anterior newsletter). Algo ha cambiado desde el borrador a la versión final, y el escenario es igual de preocupante.

Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora en la asociación de derechos digitales EDRi, hacía un análisis en el que destacaba que con la reforma del RGPD se permitiría, entre otras cuestiones, que datos de categorías especiales podría alimentar los datasets de una inteligencia artificial. Estos datos reciben la categorización de especial y pronto entenderás por qué: son aquellos relacionados con la salud, la orientación sexual, las opiniones políticas y religiosas…

La propia EDRi lanzaba un comunicado apenas horas después de conocerse los primeros detalles del Ómnibus Digital bruselense, advirtiendo que “podría desmantelar los cimientos mismos de la política de derechos humanos y tecnología en la UE”. “A pesar de los intentos de la Comisión por minimizar el asunto, el Ómnibus es una traición a la promesa europea. Están sacrificando la protección de las personas frente a sistemas de IA dañinos por promesas vacías de innovación. Cuando el dinero tecnológico fluye como el agua en Bruselas, ¿quién lleva el timón?”.

Son cada vez más las voces que denuncian un “atropello” legislativo. De hecho, que varias reformas de calado aparezcan atadas a un “gran paquete” hace que el debate público se atomice. Es un golpe bajo que además no conseguirá hacer más competitivo el sector digital europeo. ¿Cómo, si las grandes beneficiadas de esta desregulación serán las grandes compañías extranjeras?

¿Y ahora qué?

Este Ómnibus Digital no es el único ataque a los derechos digitales en el Viejo Continente. La sombra del Chat Control continúa (aunque por ahora se haya retirado de los órdenes del día de las reuniones del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea). Ya hay reacciones políticas. El grupo parlamentario europeo S&D, al que se adscribe el PSOE español, considera que tal y como está expuesto el Ómnibus Digital socava mucha de la regulación vigente, lo cual resulta intolerable.

Ahora el texto lo tendrán que debatir los dos colegisladores de la Unión Europea: el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (donde están representados los Veintisiete). Hasta que se alcance un acuerdo pueden pasar años.

Pero la sociedad civil también tiene voz. La puesta de gala de este Ómnibus Digital ya ha tenido respuesta activista, después de que las asociaciones Avaaz y WeMove Europe hayan lanzado sendas campañas de firmas con un eslogan bastante aterrizado. “Ursula: lucha por Europa, no por ellos”. La campaña aborda la posibilidad de que Bruselas obligue a Google a desinvertir en algunos de sus negocios, toda vez que en septiembre la propia Comisión concluyó que la multinacional del buscador había consolidado ilegalmente su monopolio publicitario.

En frente, claro, los lobbys. Las tecnológicas se gastan anualmente 150 millones de euros en hacer presión en los edificios comunitarios. Consiguen reuniones prácticamente a diarios con los europarlamentarios. Habrá que esperar para ver quién puede más, si sus millones o la capacidad de la sociedad civil de organizarse. Pero esa espera no podrá ser de brazos cruzados… Habrá que, por lo menos, mojarse los pies.

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He perdido práctica… Lo primero, ¡perdonad estos meses de silencio! El parón se me ha ido de las manos. Ya está en tu buzón otra entrega de La conquista del feed. Pincha aquí para saber de qué va esto y, si te gusta lo que lees, reenvía este correo o muévelo por redes para que más gente se suscriba con este enlace. Me ayuda mucho, ¡gracias!

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• Fuera caretas: qué dicen y hacen los políticos ante los bloqueos de LaLiga

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• La extra: Una excusa y una disculpa

Fuera caretas: qué dicen y hacen los políticos ante los bloqueos de LaLiga

“Los reguladores europeos tienen la obligación de prevenir bloqueos indiscriminados”, defiende Cloudflare

Foto de David Pupăză en Unsplash

2025 es el año en el que se está normalizando que cientos de páginas web dejen de funcionar cada fin de semana porque hay fútbol. Pero lo sorprendente de LaLigaGate no es solo que una decisión judicial dictada entre particulares (LaLiga y las operadoras) afecte así a la neutralidad de red o a derechos fundamentales. Lo sorprendente es el papel del Gobierno.

El escándalo estalló a mediados de febrero. Desde entonces, solo dos partidos han mostrado interés por el tema: el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El diputado Néstor Rego presentó una propuesta no de ley que se debatió en la Comisión de Economía del Congreso. No salió adelante. Varios diputados de ERC lanzaron un par de preguntas escritas al Gobierno, también en sede parlamentaria. Las respuestas fueron igual de insatisfactorias.

Volveremos a eso luego. Porque, tirando de tópicos, en este tema, como en el fútbol, no hay rival pequeño. Siempre hay espacio para la sorpresa.

Las prioridades

Mientras que el Gobierno de España defendía en su respuesta a ERC que cualquier bloqueo digital debe “respetar un principio de proporcionalidad”, una eurodiputada del PSOE lanzaba una pregunta a la Comisión Europea. Con fecha de 5 de septiembre, la parlamentaria inquiría a Bruselas por el “uso fraudulento” de redes de distribución de contenidos (CDN) o VPN para acceder a “contenidos ilícitos”, “eludiendo las medidas adoptadas judicial o administrativamente para bloquear a los infractores”.

La eurodiputada es Leire Pajín, exministra de Sanidad e Igualdad en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2010 y 2011. Abandonó la primera línea política en 2012 para regresar en abril del año pasado en las listas de los socialistas en las elecciones europeas.

Cada vez son más las pymes que denuncian los bloqueos indiscriminados de dominios web. elDiario.es recogía declaraciones muy ilustrativas en un artículo publicado este fin de semana. “Es una impotencia total. Internet está secuestrado”. En este contexto, la eurodiputada Leire Pajín ha preguntado por el uso de servicios digitales para tratar de sortear estos bloqueos. Se centra en el “uso fraudulento” de servicios digitales (los CDN, las VPN) para acceder a los contenidos ilícitos y bloqueados.

También inquiere a la Comisión si está “examinando el grado de cumplimiento” de los intermediarios digitales. Es necesario remarcar que en el marco de los bloqueos de LaLiga, la competición que dirige Javier Tebas ha llegado a acusar a compañías como Cloudflare (¡o Google!) de ser conniventes con la piratería.

La respuesta de Bruselas

La respuesta de la Comisión Europea no tiene mayor interés. Se conoció a finales de octubre, la firma la vicepresidenta y comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, y echa balones fuera. Se limita a recordar que el Reglamento de Servicios Digitales lo hace cumplir la propia institución comunitaria junto con los coordinadores nacionales.

En España, por cierto, el coordinador de Servicios Digitales designado es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). La CNMC, por el momento, no confirma si ya ha iniciado algún tipo de expediente o investigación sobre la industria de las redes virtuales privadas. La Unión Europea, por su parte, las tiene en su punto de mira: un reciente informe del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre el acceso a los datos para una aplicación eficaz de la ley acentuaba que las VPN son una de las herramientas que los delincuentes “aprovechan” para “cometer delitos”.

Esta newsletter se puso en contacto con Leire Pajín. Se le hacía llegar a la eurodiputada las siguientes preguntas: a) Si considera que estos bloqueos masivos plantean un problema de proporcionalidad o de afectación a la neutralidad de la red. b) Si ha tenido oportunidad de recabar información sobre el impacto que estas órdenes de bloqueo tienen sobre negocios y proveedores tecnológicos que operan legalmente.

ACTUALIZACIÓN (10/11/2025). La eurodiputada Leire Pajín ha respondido a las preguntas de La conquista del feed, aclarando que se encontraba la pasada semana fuera de España, en una misión en Colombia. Esta es su respuesta:

Cloudflare reacciona

Quienes sí han respondido son algunos de los agentes que más se están moviendo para denunciar los bloqueos digitales que LaLiga y las operadoras están practicando. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, incide en que “cuestiones como la piratería o el control del acceso a contenidos ilícitos online” es “utilizado con frecuencia como excusa” para imponer “medidas de control dictatoriales”. “Censurar las redes y vigilar las comunicaciones es un objetivo recurrente de políticos y empresas depredadoras para sus propios fines, que a veces incluso coinciden”.

Román Ramírez, de RootedCON, tiene la impresión de que “los gobiernos plantean excederse en el control vulnerando derechos fundamentales, como son el artículo 18 o el artículo 20 de la Constitución”. “No creemos que lo de LaLiga y Chat Control sean hechos disociados”, apunta. “Y un proceso administrativo además nunca puede ponerse por encima de los derechos fundamentales”.

Por su parte, una portavoz de Cloudflare también aclara a La conquista del feed que el recurso ante el Tribunal Constitucional “busca demostrar que los bloqueos de LaLiga son malintencionados” y que la empresa ya está colaborando con legisladores “para impulsar soluciones racionales que no impidan el acceso de millones de europeos a contenido legal”. “Páginas web inocentes se ven perjudicadas por las medidas excesivas de LaLiga, pero tampoco hay pruebas de que estas hayan sido efectivas para detener las infracciones”, lamentan. La empresa, además, ha dado parte a la Administración Trump de lo que está sucediendo en España.

“La UE debe prevenir los bloqueos indiscriminados”

La multinacional es la principal señalada por LaLiga de Javier Tebas. La compañía ofrece servicios de CDN (red de entrega de contenidos) que enmascaran direcciones IP, por esa razón los bloqueos de LaLiga, en lugar de ser quirúrgicos contra páginas pirata, acaban siendo masivos. Son esos servicios los que precisamente la eurodiputada Leire Pajín menciona en su escrito en la Eurocámara.

A pesar de ello, Cloudflare no opina sobre la pregunta parlamentaria. Solo insisten en que los reguladores europeos “tienen la obligación de prevenir los bloqueos indiscriminados, especialmente cuando se realizan únicamente por intereses comerciales”. “Las acciones de LaLiga son incompatibles con los principios de neutralidad de red de la Unión Europea y con los requisitos de proporcionalidad del Reglamento de Servicios Digitales”. También animan a los usuarios a “documentar los daños causados por estos bloqueos poniéndolo en conocimiento de los legisladores”.

Para ello, Cloudflare recomienda usar herramientas como las del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI), que sirven para “documentar la censura en internet a nivel mundial y sus consecuencias para los derechos humanos”.

Documenta y denuncia: pasa a la acción

La necesidad de documentar los perjuicios de estos bloqueos cobra especial relevancia. Sobre todo después de que el Gobierno, en su respuesta a una pregunta formulada por ERC este verano, enfatizara que el Ministerio de Cultura (dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar) no había recibido “comunicaciones o quejas formales que acrediten casos de sobrebloqueo”. Alegaba que Cultura tampoco disponía de “datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, al no haber recibido comunicaciones formales al respecto”. No será porque no haya medios enfadados.

Aun así, en una de sus respuestas escritas (esta es la otra), el Gobierno aseguraba seguir “con atención la evolución de esta situación”. También “anima a las personas o entidades potencialmente afectadas a trasladar sus casos por las vías previstas”. También recuerda, eso sí, que “la reparación de posibles daños por la ejecución de sentencias corresponde al ámbito judicial”. Por esa razón, RootedCON está animando a todo el mundo a denunciar e incluso ha ofrecido un modelo de denuncia en sus redes.

La asociación Conexión Segura y Libre es una de las entidades que hacen uso de las herramientas de OONI. Se trata de una plataforma española con una década de trayectoria documentando la censura digital en países latinoamericanos. Su presidente, Andrés Azpúrua, considera “alarmante” la cantidad de páginas sin relación con la piratería que están siendo bloqueadas recurrentemente. “Afecta a la vida y a los derechos de las personas de manera inconcebible”.

Dicha entidad ya está trabajando para “documentar la situación de manera que evidencie el daño causado, más allá de listar direcciones IP”. Anima a los internautas a contactar con ellos. “Si algún sitio web importante para ti no carga o si tus propias páginas se ven afectadas, avísanos, queremos recopilar esa información”. También pone de relieve el papel de Telefónica, “tristemente célebre en Venezuela por bloquear medios independientes y redes sociales”. A Azpúrua le resulta “irónico” que sus páginas donde denuncia la censura digital en Venezuela también hayan sufrido bloqueos en España.

“Una manifestación a favor de la piratería”

Humildemente planteo otro ejercicio más. Leer detenidamente las actas de la sesión de la Comisión de Economía del Congreso en la que se debatió la proposición no de ley que llevó Néstor Rego, del BNG, sobre los bloqueos indiscriminados a páginas web. Aquella proposición no salió adelante porque PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Votaron a favor el propio Rego, los diputados de ERC y los diputados de Sumar.

Puedes leer las actas en la página 13 de este documento (PDF o HTML). Por un lado, el discurso del diputado de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, es un calco de lo que ha dicho Tebas estos meses. “El verdadero responsable de esta situación es Cloudflare, cooperador necesario para el 38% de la piratería de LaLiga”. Acusa a la tecnológica de “hacer caso omiso de las notificaciones que recibe” cuando se le requiere retirar o dejar de prestar servicios a supuestas retransmisiones deportivas ilícitas.

En el debate siguió el turno del PSOE. El diputado Guillermo Hita defendió que el Gobierno es activo en los foros europeos en los que se discute la futura regulación para combatir la piratería de retransmisiones deportivas. “El Gobierno asegura una defensa equilibrada, protege los derechos audiovisuales de clubes y operadores, blinda el acceso legítimo de los ciudadanos y empresas y cuenta con la colaboración de proveedores de hosting, todo bajo la vigilancia y tutela de los jueces”.

Y el remate llegó con la estelar intervención de la diputada del PP, Tristana Moraleja. “Me sorprende que al BNG le interese algo que tenga que ver con competiciones deportivas en el ámbito nacional, cuando, si fuese por ustedes, realmente ni existiría”. (…) “Estamos a punto, incluso a un paso, de ver cómo el BNG violenta las calles, porque va a convocar una manifestación a favor de la piratería en el fútbol. Esto es lo que realmente usted está defendiendo”.

Con estos mimbres, el juez Santiago Pedraz al lado parece un perito informático. Con esa capacidad de reflexión y debate no puedo evitar preguntarme, como hacían los Beastie Boys, por qué estamos contra la pared.

En breve…

La extra: Una excusa y una disculpa

Lo decía al principio del mail. ¡Perdón! El parón se me ha ido de las manos. La conquista del feed está cerquita de cumplir un año y la mitad ha estado en barbecho. Sigo sin poder hacer promesas, porque no vivo de esto, aunque modestamente creo que hace falta, pero os podéis imaginar las causas. La vida adulta, el pluriempleo y el deseo nunca colmado de dormir unas cuantas horas por las noches. Poquito a poco.

Lo que sí puedo prometer, por ahora, es que si La conquista del feed vuelve a tener un apagón como el de estos meses trataré de avisar antes o durante. Entre tanto, le intentaré dar algo más de cariño a mis redes, que también las he abandonado; e iré mirando tema para dentro de dos semanas.

Lo que no he abandonado es dármelas de listo (qué va, tremendo lo de gestionar el síndrome del impostor). Algunos amigos han contado con mi voz para sus temas. La conquista del feed sale en este artículo de El Salto, Un algoritmo en el gobierno: Albania nombra ministra a una IA para tapar la corrupción institucional, y en La Marea, La generación Z busca su lugar en el mundo protagonizando un nuevo ciclo de protestas. ¡Muchas gracias, compas!

La conquista del feed

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• Los paliativos de la web muriente

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Los paliativos de la web muriente

La mierdificación nos trajo aquí, internet se convirtió en una industria del contenido y ahora escapar no basta: hay que demoler la prisión algorítmica

Foto de Michael Dziedzic en Unsplash

El mes pasado Google perdió en un solo día 150.000 millones de dólares. Un testigo intentaba defender a la compañía en el juicio en el que se dirime si es o no un monopolio en el mercado de los buscadores.

El argumento que empleó el testigo hizo que las acciones de la empresa se hundieran inmediatamente un 7,5%. Dijo, básicamente, que el dominio del buscador en el mercado era disputable, y lo refrendó con datos: en abril el número de consultas a Google realizadas desde Safari (el navegador por defecto de dispositivos Apple) había caído por primera vez en la historia. Una posible razón, por si no lo sospechas: la IA.

Algunos usuarios jóvenes han sustituido a Google por TikTok como buscador, y el SEO ha hecho que, paradójicamente, los resultados sean irrelevantes. Google ya no es útil si para encontrar lo que busco tengo que superar seis páginas de basura, normalmente de medios de comunicación retorciendo el lenguaje y matándose por medio byte de mi atención. El trabajo sucio de separar el grano de la paja lo hace mejor la inteligencia artificial generativa, más allá de sus peligrosísimas alucinaciones.

En esta ocasión, Google reaccionó rápido con un comunicado en el que matizaba que el número de consultas a Google en el cómputo global seguía creciendo. La compañía se recuperó del bache bursátil en sesiones posteriores. La semilla, sin embargo, ya estaba plantada: cada día hay más voces de que alertan de la muerte de la web tal y como la conocemos.

Pero no es la primera vez que vemos morir la web.

Preámbulo

Varias ideas para entender el proceso en el que está hoy sumergido internet.

La mierdificación. Acuñada por el periodista y escritor Cory Doctorow hace unos años, es la mejor síntesis hecha hasta la fecha de cómo las oligarquías digitales están ocupando y cooptando el espacio digital.

Te atraen con miel, te retienen con esposas. Una vez entras dentro de sus plataformas (Facebook, Instagram, X), estas entran en declive porque la prioridad dejas de ser tú: la prioridad pasan a ser primero sus anunciantes, y más tarde sus propios ingresos.

Ese proceso en el que pierdes el protagonismo es la enshittification, que además explica cómo las plataformas aprovechan tu FOMO (el miedo a perderte cosas) para elevar el ‘coste’ que tiene abandonar las redes sociales. Si dejas Instagram dejarás de estar al día de tus amigos. De ahí la importancia de acciones colectivas.

La teoría del internet muerto. Es una teoría con tintes conspiranoicos que promulga que desde hace casi una década apenas interactuamos con otros humanos en la red. Es cierto que desde hace años el tráfico de bots en la red iguala o supera al tráfico que generamos los seres humanos.

Un bot en la red puede ser una impresora conectada a tu wifi que ha sido secuestrada para hacer ataques de denegación de servicios, pero también son los spiders con los que Google u otros buscadores indexan la web o con los que empresas de IA generativa roban contenido para entrenar sus modelos. Estos últimos, por cierto, están ocasionando enormes gastos a pequeñas páginas.

El bosque oscuro digital. La paradoja de Fermi lanza una pregunta incómoda: si las probabilidades de que existan civilizaciones extraterrestres avanzadas son tan altas, ¿cómo es que no las hemos detectado? El escritor chino Cixin Liu, en su trilogía El problema de los tres cuerpos, desarrolla la teoría del bosque oscuro: el universo guarda ese silencio cósmico porque cada civilización es un cazador oculto entre los árboles, nadie puede confiar de las intenciones de los demás. El silencio es miedo a ser detectado.

En el ámbito digital se ha hecho una adaptación de esa teoría: hay gente abandonando las plataformas que se reivindicaban como “plazas públicas” (en realidad, centros comerciales), sustituyéndolas por comunidades atomizadas y pseudoprivadas. Buenos ejemplos son los servidores de Discord, los grupos de chat. El auge de este tipo de relaciones es lo que se ha venido a conocer como el bosque oscuro digital.

De la web liminal a la industria del contenido

Una cuarta idea. Internet ha perdido su condición de liminalidad. El filósofo David Casacuberta me dijo hace años que internet había perdido su capacidad utópica. Ahora que se ha popularizado el concepto de espacio liminal creo que se puede hacer un traslado con ese concepto a lo que representó la web. Era un espacio de frontera, un umbral entre lo que era y lo que podía ser.

Internet era un espacio liminal porque todo estaba por construir. Una banda de música podía hacer su página oficial, pero esta podía ser peor que la que ya le había hecho un aficionado. Nos comunicábamos mediante protocolos abiertos. Construíamos foros, blogs, chats. Se estaba inflando la primera burbuja de las puntocom y la web era un espacio abierto en el que los estados ya intentaban intervenir, todavía sin éxito.

Hace quince años empecé a oír hablar de las distopías en las que multinacionales como Meta -entonces Facebook- o Google podrían ser más poderosas que los estados. La distopía se tornó realidad, al menos en el espacio digital. La web ha sido cooptada por megacorporaciones privadas que nos enmierdan día a día.

En el proceso hemos visto cómo todo a nuestro alrededor se etiqueta como contenido. Hay un vídeo de Mozo Yefímovich que profundiza en esta idea mediante una analogía con Inside, de Bo Burnham. Toda la experiencia humana es susceptible de ser contenido, "(…) e incluso el discurso más explícitamente combativo de internet, al quedar reducido a los mismos parámetros del contenido, termina quedando subordinado, cuando no directamente convertido en un objeto de consumo identitario”.

La IA está angustiando a la industria de internet porque podría acabar con la web tal y como la conocemos. La realidad es que la web ya murió una primera vez cuando pasó de ser una red de portales que nos conectaba a ser el contenedor de plataformas y contenidos al que accedemos para evadirnos o reafirmarnos cultural y políticamente.

Esto tiene múltiples implicaciones, y una opción no puede ser el inmovilismo. Hace unos días vi un hilo en una de las redes en las que estoy activo de una persona que animaba a volver a consumir blogs. Pero, ¿cómo puede nuestro consumo por sí solo subvertir la industrialización del contenido? ¿Cómo volver a ocupar un internet libre y abierto si delegamos luchas esenciales, como la que se libra contra la censura de LaLiga y las operadoras?

El mantra del bienestar digital: autoayuda y paliativos

Cada vez hay más voces alarmando sobre la toxicidad de la industria del contenido en la que se ha convertido internet. Sin embargo, esas voces se acaban traduciendo en manuales de autoayuda. Como el auge de los discursos sobre gente tóxica, ahora hablamos de pantallas tóxicas. Hablamos de muchas cosas, menos de lo que hay en el fondo: algoritmos perversos y multinacionales haciendo negocio con nuestro tiempo.

Cada vez se habla y se escribe más sobre bienestar digital, pero se hace con discursos cronificantes. Como si lo que pasara fuese inevitable. Como si lo único que pudiésemos hacer fuese aplicar paliativos a un enfermo terminal. Son soluciones individuales a problemas estructurales. Hace unos días el Ministerio de Sanidad lanzó una campaña titulada Qué nos pasa en el que pretendían generar una conversación sobre los malestares cotidianos desde una perspectiva comunitaria. El anuncio fue muy criticado: una mujer con ansiedad por el curro, un chico con insomnio por el precio del alquiler, una creadora de contenido angustiada por el acoso…

Las principales criticas que arreciaron contra el Ministerio de Sanidad tenían que ver con que efectivamente lo que nos pasa es el capitalismo y que el Gobierno de coalición poco hace para revertir las circunstancias ansiógenas que nos atraviesan. Pero este dilema entre psicólogo o sindicato ya debería estar superado (son necesarios los dos) de la misma manera que tenemos que superar el debate en torno al bienestar digital.

¿Quieres desayunar un Lorazepan cada día para aguantar a tu jefe? ¿Quieres dejar un ratito el móvil para que internet no te afecte?

¿Y qué tal encontrar otras maneras de habitar lo digital y de combatir el negocio que las plataformas hacen con nuestras vidas? La pregunta es cómo.

Bosque oscuro: cuando reaccionar es refugiarse

No tengo respuestas claras. Quizá una única certeza: la manera en la que logremos subvertir toda esta basura de dicotomía (distopía mercantilista vs. regulación estatal) pasa por la acción colectiva.

Mis dudas están en cómo abordamos el escape de esta industria del contenido que es la web muriente. Soy consciente de la ironía. Este boletín que estás leyendo es otro ejemplo de contenido identitario: los creamos, los consumimos, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y poco o nada cambia. Hay otros ejemplos todavía más fascinantes. La revista Jot Down se marcó el otro día un articulín con un estupendo diagnóstico para acabar con una volea diciendo que se asociaban con Menéame “no para buscar tráfico, sino para construir una comunidad contralgorítmica” (?).

Con la compra de Twitter por parte de Musk muchos nos embarcamos en esos grandes éxodos a otras plataformas como el fediverso de Mastodon et. al o al ATProto de Bluesky et nadie más. El problema es que estas medidas no pueden servir solo para satisfacer nuestra coherencia o inquietud. Todavía me parece más estéril la idea de que hay que quedarse en X para disputar espacios. Eso lo dicen quienes han construido su medio de vida en torno a las plataformas de terceros. No es su culpa, pero que no se engañen.

Pero mientras la mierdificación es más intensa, mientras la teoría de la web muerta se convierte en realidad, mientras todos nos sumergimos en la maleza del bosque oscuro, todavía habrá gente pululando los claros. Aliviarnos en las burbujas-refugio es útil y necesario. Es fácil habitar internet de otra manera. Otra cosa es que sea útil si lo abocamos todo a una decisión personal. Las plazas controladas por algoritmos no desaparecerán por sí solas.

Prepararnos para lo que venga después

Ahí entra la mayor de todas las contradicciones. Cómo poner pie en pared en la industria del contenido. Cómo llamar activamente al boicot de las grandes plataformas, responsables de tanto malestar mientras tratamos de ampliar nuestro alcance para convertir esa idea en un movimiento de masas.

La conquista del feed es una newsletter alojada en una plataforma de terceros llamada Beehiiv. No es Substack, donde hay vía libre para boletines nazis, pero tampoco es este el paradigma de la soberanía tecnológica. El caso es que si Substack es una herramienta de newsletters tan popular es porque sus algoritmos favorecen el crecimiento de los boletines. Yo mismo me he descubierto haciéndome la pregunta. ¿Y si migro de Beehiiv a Substack? Más allá de la contradicción y del reproche moral que podría recibir, la pregunta clave es: ¿para qué quiero una audiencia?

Paris Marx, uno de los mayores críticos tecnológicos de la red, montó su boletín Disconnect a principios de 2023. Lo migró a Ghost, otra plataforma de boletines, en 2024. Este mismo año volvió a Substack. Las razones fueron financieras y de audiencia. Yo no gano un duro por La conquista del feed, y no tengo planes para ello. Pero, ¿tiene sentido predicar en el desierto? ¿Es útil?

El otro día Cuellilargo, un creador de contenido en YouTube nítidamente de izquierdas, explicaba que su canal de YouTube con más de 160.000 seguidores apenas genera 45 euros por vídeo. Sostiene el proyecto gracias a sus mecenas en Patreon, con los que factura una cifra inferior a los 1.500 euros brutos. Lo de Cuellilargo es un ejemplo común, teniendo en cuenta que su contenido es incómodo para marcas y que el algoritmo de YouTube probablemente no favorezca la difusión de su contenido.

La web está muriendo. La IA va a acabar con mucho del contenido que hasta ahora generaban seres humanos. Las recetas de OkDiario se irán por el sumidero de la historia. Seguramente tu youtuber también. Lo que venga después no será necesariamente mejor. Y seguimos atrapados aquí. Escapar no será suficiente. Hay que derribar este internet.

En No Obstante, el programa de Furor TV, entrevistaron hace poco a otro creador de contenido, Felipez360, y la entrevistadora insistió en varias ocasiones en la idea de si necesitábamos más creadores progresistas para disputar el relato. La respuesta era tan esperada como evidente. Sí. Sin embargo, el propio Felipez animaba a que quien empiece a crear contenido lo hiciese sin expectativas económicas.

Ese planteamiento es razonable. El problema es que con las cartas marcadas de las plataformas no se puede tener ni siquiera la expectativa de que la batalla pueda disputarse. Esto se agrava teniendo en cuenta que, mientras la web muere, la alternativa no puede ser únicamente crear “comunidades contralgorítmicas”, sean cuales sean, si estas no tienen la capacidad de sustituir con efectividad y contundencia a las grandes plataformas.

Destruir

La opinión pública está intervenida por los algoritmos. Replegarnos al bosque oscuro es necesario para poder respirar, pero no es la solución. Quedarnos en las plazas de los oligarcas tampoco. Esperar audacia por parte de las instituciones públicas es quimérico. La web se muere. Lo que venga después será peor. No nos quedemos de brazos cruzados.

Qué hacer. Por mi parte van unas propuestas. Primero, aceptar un programa de mínimos. El fediverso es probablemente el protocolo que mejor encarna todo lo deseable de un internet abierto y libre. No tiene ningún sentido, eso sí, enrocarnos violentamente con discusiones sobre si es mejor Mastodon o sobre si es mejor Bluesky, ni lamentar que una organización política de base siga en Instagram. Los reproches morales solo están bien para sentirse mejor con uno mismo.

Segundo, saltar de lo digital. Hace quince años del auge de Anonymous y de los primeros casos de hacktivismo en España. Además de lanzar ataques DDoS contra las webs de la SGAE, el movimiento también pergeñó iniciativas como la Op Paperstorm. Su nombre da lo que esperas: empapela la calle. Pero no hace falta ni que vayas a la copistería. Habla con tus amigas, con tus vecinas. ¿Por qué no creas una instancia en el fediverso para tu sindicato de barrio o para tu asociación?

Tercero. Contenido. Sí, contenido. Pero contenido respetuoso con que ciertos debates ya estén superados. Que no insulte la inteligencia de nadie. Que no hable de disputar espacios en la plataforma de Elon Musk. Contenido con propuestas e ideas. Las necesitamos. Tal vez un primer paso sea hacer contenido con las preguntas adecuadas. El tema no era irse o no irse de Twitter o qué hacer con la web muriente. El tema era destruir Twitter, destruir Instagram y destruir TikTok. Destruir, en fin. Para poder construir.

En breve…

La conquista del feed

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En el número de hoy...

• Justicia, calle, internet: avanzan los frentes contra los bloqueos de LaLiga

• Picoteo de noticias breves

• La extra: El extraño televoto de Eurovisión

Justicia, calle, internet: avanzan los frentes contra los bloqueos de LaLiga

Foto de Compare Fibre en Unsplash

El presidente de LaLiga sigue negando la mayor, defendiendo que su persecución de la piratería no está provocando “sobrebloqueos” de dominios web y asegurando incluso que se “está pagando” a agencias de comunicación para que digan que “todo está siendo un desastre y que LaLiga se está cargando internet, pero no es verdad”. Y yo sin ver un duro, nos ha jodido.

Desde mediados de febrero, internautas de toda España denuncian que las proveedoras de red (ISP) están bloqueando dominios indiscriminadamente. Las telecos de turno, por su parte, explican desde entonces que lo hacen amparadas en una sentencia que consiguió LaLiga en una acción judicial coordinada con Movistar. El problema, del que ya he hablado en el pasado (aquí, aquí o aquí), lejos de remitir, se está agravando. Mientras el problema crece, también lo hace la hostilidad del propio Tebas.

El dirigente de las principales competiciones del fútbol profesional español se quedó a gusto en sus redes sociales este fin de semana. “Poco a poco vamos cercando a estos falsos paladines de la neutralidad de la red. Léase: ladrones”. En el pasado, Tebas ya se ha referido a los críticos con los bloqueos de LaLiga como “cuatro frikis”. Todo un adalid de la concordia y el diálogo. Todo un Trump.

Pero igual que la hostilidad de Tebas crece, también lo hace la firmeza de los internautas. Hay que ser agradecidos. Gracias a nuestro Trump, cada vez más gente habla de neutralidad de red: creadores de contenido como BaityBait o Alexelcapo se han pronunciado ante sus audiencias, la Asociación de Internautas ha anunciado que acudirán al Defensor del Pueblo y la RootedCON, el mayor congreso de ciberseguridad de España, ha anunciado un recurso de amparo ante el Constitucional.

Pero todo esto no es suficiente y, a la vez, todo suma. Veamos por qué.

El clásico recap

Primero, un pequeño resumen, para quien llegue nuevo a este asunto: gracias al amparo judicial que LaLiga y las telecos cosecharon en un juzgado de Barcelona, todas ellas cooperan para etiquetar y bloquear páginas web en las que presuntamente se ofrezca una emisión pirata del fútbol. El tema es que muchos de esas páginas usan servicios de redes de entrega de contenido (CDN) como los que ofrecen Cloudflare u otras compañías tecnológicas. Estos CDN son herramientas que dan una capa extra de privacidad a los titulares de los dominios.

Por eso LaLiga y las telecos no pueden ‘apuntar’ bien a sus dianas. Lo habitual es disparar cuando sabes que vas a acertar. A LaLiga esto le da igual y sus disparos están provocando el bloqueo de cientos de páginas web legítimas. Tanto, que hay usuarios tratando de contabilizar las pérdidas que estos bloqueos pueden estar provocando en negocios legítimos y las cifras son conservadoras: 266.000 euros. Las críticas más ásperas del torneo siguen recayendo sobre Cloudflare, a la que acusa de proteger delincuentes, pero usuarios de otros CDN también están siendo objeto de bloqueos. Hace apenas una semana una página afectada fue la megaconocida tienda de videojuegos Steam.

Cloudflare y RootedCON presentaron ante el juzgado de Barcelona un incidente de nulidad para revertir esa sentencia que ampara estos bloqueos indiscriminados, pero no tuvieron éxito. Portazo.

Por eso, RootedCON ha anunciado ahora un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de “haber agotado todas las vías legales para hacerle entender al juez que su decisión en favor de LaLiga y Telefónica (…) de bloquear páginas web y restringir el acceso a usuarios legítimos representa una grave anomalía en un Estado democrático”. Con este recurso que el Constitucional tendrá que estudiar, la Rooted solicita medidas cautelares que implicarían el cese inmediato de las ráfagas de bloqueos que los internautas españoles llevan soportando tres meses.

El problema no es la piratería

Debido a los bloqueos indiscriminados de LaLiga y las operadoras se vuelve a hablar de neutralidad de red y derechos digitales. Paradojas de la vida, quienes tengan memoria pueden empezar a hacer analogías entre Tebas y la carrera de Teddy Bautista al frente de la SGAE.

No voy a convertir este en otro ejercicio memorialista de la lucha por internet, porque no es el lugar. Pero LaLiga defiende que los clubes españoles que participan en sus competiciones pierden al año entre 600 y 700 millones de euros por este problema. La cifra la dio el mes pasado Guillermo Rodríguez, director de Operaciones Antifraude de la patronal del fútbol. “Es como si doce equipos de LaLiga recibiesen cero euros por derechos de televisión”.

Trampas al solitario. Al hablar del impacto económico de la piratería se parte siempre de análisis con metodologías como poco discutibles. ¿Cada partido de fútbol visto en una emisión pirata es una entrada al campo de fútbol no vendida? ¿Una suscripción? Si el problema fuese la supervivencia del ecosistema del fútbol, estoy seguro de que LaLiga habría intervenido de inmediato para evitar la huelga culminada con éxito por CGT y CNT en Mediapro. ¿No? Exigían la continuidad de 850 trabajadores en las nuevas empresas que realizarán los partidos la temporada que viene.

Resulta todavía más difícil de comprender la gravedad de este supuesto problema si encima asumimos como cierto lo que LaLiga misma cuenta. Según una nota de prensa publicada en su propia página web hace menos de un mes, la competición cerró la temporada 2023/2024 “con máximos históricos en ingresos”, una facturación de 5.049 millones de euros.

A lo mejor todo esto se entiende mejor parafraseando al académico griego y profesor de la Escuela Superior de Economía de Moscú Yiannis Mylonas con un artículo publicado hace ya 14 años que problematizaba la piratería “como un discurso hegemónico y una tecnología de control cuyo objetivo es securitizar la acumulación del capitalismo tardío”. O acudiendo a John Perry Barlow, un ganadero que acabó siendo uno de los primeros teóricos sobre los derechos digitales, cofundador de Fronteras Electrónicas.

Perry Barlow escribió en 1994 su teoría Vender vino sin botella, un ensayo en el que cuestionaba la noción de propiedad intelectual en ámbitos digitales. En síntesis, Barlow proponía repensar modelos económicos para una era de información no tangible, replicable y barata. Pero en 2025 todavía hay gente que vive en los 90.

El problema es internet

La cosa de todo esto es que la piratería es desde hace lustros la zanahoria que nos ponen por delante. Una red con puertas al campo, libre, abierta, federada, neutra, es incompatible con modelos de negocio obsoletos. Después lo será con los gobiernos autoritarios.

Fue el propio Tebas quien la semana pasada presumía en sus redes de una sentencia en Francia que trae reminiscencias del conflicto en España. “Unos montan negocios millonarios con lo que no es suyo; otros, simplemente, se escudan en discursos sobre internet libre para no pagar por un producto que disfrutan gratis. Pero la justicia ya ha empezado a hablar. Y esta vez, lo ha hecho alto y claro en Francia”.

El presidente de LaLiga compartía la noticia de una sentencia de un tribunal parisino a favor de la LFP (la análoga de LaLiga en el país vecino) “en el marco de un procedimiento contra las redes privadas virtuales (VPN) cuyos servicios pueden utilizarse de forma abusiva para acceder a sitios de streaming y servicios de IPTV que transmiten ilícitamente partidos de Ligue 1”.

Giphy

Es decir, el problema ya no son los CDN como los que ofrece Cloudflare: el problema son las VPN, una herramienta imprescindible para garantizar, por ejemplo, un teletrabajo seguro en muchas empresas o, qué leches, para periodistas y activistas de los derechos humanos.

Lo que Tebas no compartió, eso sí, es otra noticia jurídica que también viene de Francia. Allí también se están bloqueando dominios, pero son los juzgados los que van autorizando esos bloqueos a las operadoras. No sucede como en España, donde un juzgado directamente ha aceptado que sea LaLiga y las telecos las que se las arreglen entre ellos, con el consecuente menoscabo cívico.

La noticia en cuestión es, básicamente, un golpe de efecto. Un juzgado ha desestimado una petición de bloqueo de una plataforma deportiva por no presentar las suficientes pruebas de que el contenido pirateado era el de su retransmisión. Si en la emisión pirata no sale tu logo, qué vas a bloquear tú, pájaro.

¿Qué hacer? Pues todo suma

Mención aparte tiene lo de que el fútbol pueda ser protegido como propiedad intelectual en España, algo a lo que el Supremo ya dio portazo en 2022 ya que no es obra literaria, artística o científica.

Pero bueno, al meollo. Este sábado estuve un buen rato hablando con uno de los promotores de LaLigaGate, el hub de referencia al que acudir (junto con BandaAncha) para estar al día de todos los frentes legales y activistas contra los bloqueos indiscriminados de LaLiga. Fue un largo rato de charla de la que salí con ánimo e ilusión. Y con una idea: esta batalla es a largo plazo.

¿Por qué? La Primera División de LaLiga termina el próximo fin de semana y ya está todo el pescado vendido. La Segunda División terminará ya a principios de junio (lo de que un Cartagena-Mirandés pueda joder a Steam me tiene loco). Llega el verano y las competiciones no se reanudarán hasta mediados de agosto. Los bloqueos web se van a relajar y seguramente todo este suflé se acabe bajando.

Ahí está el principal desafío de quienes sostienen este frente. Saben que esta va a ser una batalla a largo plazo y con esa baza juegan en LaLiga. No solo porque el Constitucional tarde lo que tarde en resolverle el recurso a la RootedCON, que está por ver: las amenazas a la neutralidad de red ni empiezan ni terminan en el fútbol.

La ley Sinde empezó a agitar el avispero hace quince años y desde entonces los “paladines de la neutralidad de red” se han comido muchos goles en forma de decretos, convenios y regulaciones con nombres de otros políticos (como Iceta). Se han abierto nuevas luchas, como el de la IA desbocada. Todo ha estado muy tranquilo por aquí.

Pero también hacía quince años que no oía expresiones como “iniciativa legislativa popular” u “organización”. La imaginación vuelve a bullir pero tampoco es posible dejarnos llevar por la ansiedad. La RootedCON está poniendo la cara en el Constitucional. ¿Qué podemos hacer el resto?

Por lo pronto, no permitir que se salgan con la suya. No dejar de hablar del tema. Seguir apretando. Por lo pronto solo un diputado del Bloque Nacionalista Galego ha asumido el tema y lo está peleando en las instituciones. Que el resto de representantes en Cortes lo hagan también.

En breve…

La extra: El extraño televoto de Eurovisión

Este sábado se celebró una nueva edición del festival de la canción de Eurovisión de nuevo marcada por el genocidio en Gaza. La televisión belga lanzó una campaña recordando que Israel sí tiene voz en el concurso mientras que el pueblo palestino no. Hubo mucha incredulidad entre los espectadores al ver cómo Israel acaparaba la práctica totalidad del voto del público. Estuvo a punto de ganar. España volvió a dar los doce puntos (el máximo) a la candidata israelí, como ya sucediera el año pasado.

El voto mayoritario de los espectadores de países como Irlanda o España, cuya opinión pública se decanta por apoyar a las víctimas del genocidio, fue a parar a Israel. RTVE pidió antes del concurso un debate sobre la pertinencia de que este país siga participando en el festival, pero la Unión Europea de Radiodifusión dio patada adelante al asunto.

Claro, la industria de ciberespionaje israelí es posiblemente la más grande del mundo. La capacidad tecnológica de este estado es total. Que el tema huele no computa ni como conspiranoico, que decían por ahí. RTVE pedirá este lunes una auditoría sobre las votaciones de Eurovisión. Se da después de que la tele eslovena sembrara también algunas dudas sobre el sistema de voto que no recibieron respuesta satisfactoria por parte de la organización.

Os recomiendo este hilo de Marcelino Madrigal y os comparto también que, igual que RTVE pedirá una auditoría, el grupo parlamentario de Sumar también va a elevar unas preguntas a RTVE en el Congreso.

En fin, todo esto era una excusa para compartir la opinión de mi influencer favorito de Instagram, manoletus.internet, que tiene criterio para hablar del temazo.

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En el número de hoy...

• Apagón y ciberataque: ni se descarta ni puede ser la única razón

• Picoteo de noticias breves

Apagón y ciberataque: ni se descarta ni puede ser la única razón

Foto de Susan Q Yin en Unsplash

¿Es fácil apagar un país mediante un sabotaje informático? No. Aunque “los ciberataques pueden causar un apagón a nivel nacional de muchas maneras distintas”.

Lo aclara Enn Kukk, ingeniero e investigador en el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE, por sus siglas en inglés) de la OTAN. Este organismo se ubica en la capital de Estonia, en Tallin, y no es una unidad operativa, por lo que no monitorea ni investiga ciberataques concretos. Su plantel de expertos, sin embargo, sí documenta y analiza todo tipo de ofensivas en el mundo digital.

¿Fue el apagón del lunes pasado fruto de un ciberataque? Mis vecinos lo tuvieron claro desde el minuto uno, con una ufanía contagiosa. “Ha sido un ataque de Putin”. Red Eléctrica descartó haber sufrido un ciberataque 24 horas después del cero eléctrico (pero no puede descartar que un ataque afectara a cualquier otro agente que opera en la red). Casi al mismo tiempo, la Audiencia Nacional iniciaba de oficio una investigación, sin descartar “el ciberterrorismo” como causa. El miércoles se decretaba el secreto de sumario.

Kukk desgrana a La conquista del feed algunas vías por las que un ciberataque podría penetrar en una red eléctrica estatal. Pero también advierte que una red “debería ser capaz de soportar muchas afecciones diferentes” y por lo tanto “es difícil creer que un ciberataque sea la única causa de un apagón nacional”. “Normalmente se necesita la coincidencia de varios factores para que ocurra un accidente de gran magnitud”, zanja.

Con todo, una semana después no se conocen las razones exactas del cero eléctrico. Las elucubraciones vuelan desde entonces, aunque toda prudencia es poca en circunstancias como esta. Lo único que parece objetivable es que mucha gente ya sabe del potencial destructivo que puede haber tras un incidente de ciberseguridad.

Ahora al meollo: cómo se ataca una red eléctrica estatal desde las sombras.

Qué se sabe hasta ahora del apagón

Red Eléctrica Española (REE) es el operador del sistema eléctrico español. Goza de un régimen de monopolio y es filial de la privada Redeia, cuyo mayor accionista es el propio Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 20% del capital. Por el momento, lo que REE ha compartido sobre el incidente es que dos centrales de generación eléctrica del suroeste peninsular se desconectaron de la red en el lapso de un segundo y medio, lo que desencadenó la catástrofe.

Toda red eléctrica debe cumplir ciertos requisitos para operar con seguridad. Tres de ellos son el equilibrio entre oferta y demanda, una potencia suficiente y estable y una frecuencia constante. En el momento en el que dos plantas de generación se desconectan de la red, la frecuencia en la red decae, lo que lleva a que Francia active automáticamente sus cortafuegos desconectándonos de la interconexión con Europa y precipitando el apagón.

Lo que iremos viendo estos días es un baile de reproches y acusaciones entre fotovoltaicas, oportunistas nucleares, eléctricas en general, oportunistas políticos y Gobierno. Bueno, ese baile ya ha comenzado, como explica aquí Javi en La vida que vendrá. Pero todavía no se sabe por qué esas dos plantas que ha señalado Red Eléctrica se desconectaron y qué pudo fallar en la gestión del sistema como para no contener la incidencia. Claro, ni siquiera se sabe si era contenible.

Mundos solapados

Aunque eran dos mundos distintos, desde hace lustros el plano digital y el físico se vienen solapando. Ya están solapados. No solo llevamos en el bolsillo potentes ordenadores con los que generamos una indeleble huella digital sobre nuestra vida: tu casa se está llenando de dispositivos conectados. Desde la Alexa de turno hasta la Thermomix: ya se han testeado ataques a cafeteras inteligentes que hacen que el electrodoméstico no pare de escupir agua hirviendo hasta que pagues un rescate (o lo desenchufes, claro).

Multiplica esto por cien en el ámbito industrial. Infraestructuras críticas y entornos industriales despliegan en sus instalaciones PLC y todo tipo de dispositivos conectados. A todo esto hay que meterle mano. En noviembre del año pasado entró en vigor el Reglamento de Ciberresiliencia de la Unión Europea, que exige nuevos estándares en ciberseguridad a los fabricantes de todo tipo de aparatos. Los expertos, no obstante, asumen que los efectos de la nueva norma no se harán notar en muchas factorías hasta dentro de unos años.

¿Y en las infraestructuras críticas, qué? En la jerga de la ciberseguridad los colectivos de cibermercenarios patrocinados por estados reciben una codificación y son conocidos como amenazas persistentes avanzadas (APT, por sus siglas en inglés). Estos APT tienen en su diana a las redes eléctricas, pero no solo: también a las infraestructuras de telecomunicaciones o redes de agua. También se han visto intentos de sabotaje a plantas de tratamientos de agua. Imagina intoxicarte porque unos ciberdelincuentes alteraron los químicos en la planta que trata el líquido que sale de tu grifo.

Apagar la luz desde las sombras

El Foro Económico Mundial lanzó hace siete años una iniciativa en torno a la seguridad informática de las infraestructuras eléctricas. En 2023, un informe del mismo Foro incidía en que “a medida que los sistemas eléctricos experimentan una rápida transformación digital, el vínculo entre la ciberseguridad e infraestructura se hace cada vez más evidente”.

Las regulaciones son importantes, pero la complejidad de las redes requiere que “ninguna entidad”, sea esta la operadora de la red o un proveedor, “trabaje de forma aislada”. Estamos lejos de ese ideal, en tanto que el propio Gobierno ha tenido problemas para acceder a datos cruciales de la red por los reparos de las eléctricas.

Los ciberataques a las infraestructuras críticas no son algo nuevo, después de todo. En junio se cumplirán 15 años desde que se descubriera Stuxnet, un gusano que fue capaz de alterar el comportamiento de las turbinas en las que se enriquece uranio de una planta nuclear iraní. El objetivo del malware es que aquellas turbinas se autodestruyeran. Se pudo evitar un incidente mayor, pero Stuxnet es considerado el primer malware que superó la barrera del mundo digital llegando al mundo físico.

También este 2025 se cumplirán diez años de un ciberataque que dejó a 80.000 personas sin luz durante horas en Ucrania. El incidente se atribuyó a un APT ruso. Eran las tres y media de la tarde de un 23 de diciembre de 2015 cuando un operario en un centro de control de Prykarpattyaoblenergo, la responsable de la red en varias regiones ucranianas, lo empezara a flipar al ver que el ratón de su ordenador se estaba moviendo solo. 

Ya en 2016 la periodista Mercè Molist se preguntaba si algo así podría pasar en España. Un experto le contestaba: “Aunque estuviésemos bien protegidos, algo que no se puede afirmar rotundamente, algo así podría pasar en cualquier momento”.

Difícil de creer, pero no imposible

Con todo, Enn Kukk, del CCDCOE de la OTAN, apunta que si bien los ciberataques “pueden provocar apagones estatales de distintas maneras”, no es tan sencillo que toda la red se venga abajo como sucedió en la península hace una semana.

“Atacar directamente los sistemas de control de la red eléctrica es una opción, pero también es posible generar inestabilidad en la red alterando el consumo y/o la producción. Por ejemplo, los paneles solares: atacar un solo panel solar no significa nada para la red, pero si los ciberdelincuentes logran apagar miles de ellos al mismo tiempo, podría ser peligroso”.

Esto es especulación, pero después de que Red Eléctrica Española señalara que dos plantas generadoras del suroeste peninsular se desconectaron de la red, la patronal fotovoltaica, UNEF, lanzó un comunicado a los medios en el que advertían: “Las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente, fueron desconectadas de la red”.

Por otro lado, los medios no han explicado bien que Red Eléctrica solo ha descartado un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones.

Kukk continúa: “Aun así, la red eléctrica debería ser capaz de soportar muchas condiciones diferentes y es difícil creer que un ciberataque sea la única causa de un apagón nacional”. “Normalmente, se necesita la coincidencia de varios factores para que ocurra un accidente de gran magnitud”. En otras palabras: una serie de catastróficas cagadas.

IT, OT, IoT y la leche de los contadores

La ciberseguridad se ha construido estos años en torno a lo IT, siglas en inglés de tecnologías de la información. Todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, redes y sistemas informáticos es IT. En la otra mano están las tecnologías de operación, u OT: todo aquello que controla y automatiza procesos físicos en fábricas, plantas de energía, transportes, etc.

En la última edición de RootedCON, el mayor congreso de ciberseguridad de España, Jairo Alonso, técnico y especialista en seguridad OT, impartió una interesantísima charla sobre los desafíos industriales en torno a la ciberseguridad. Cada vez hay más IT en lo OT, y cada vez convergen más ambas ramas. El preocupante resumen que hacía el experto es que el mundo OT puede tener una madurez en el ámbito de la ciberseguridad similar a la que tenía lo IT… hace veinte años.

nbc on Giphy

El Reglamento de Ciberresiliencia europeo puede ser un buen acicate para subsanar esa situación, pero claro: en el ámbito IT, una empresa puede cambiar los portátiles de su plantilla cada pocos años, actualizar sus servidores, estar a la última… Mientras que los períodos de amortización de los controladores en fábricas pueden ser de décadas. Los efectos de la nueva norma comunitaria tardarán en notarse.

Hay otro elemento que actúa como puente entre lo IT y lo OT. Es el internet de las cosas, el IoT. Que puede ser tu nevera con recetas, tu horno que solo acepta panes autorizados, el sistema de cámaras de videovigilancia IP… o los sensores de presión en una planta de gas, robots en cadenas de montaje, etc.

A medida que hay más cosas conectadas, mayor es la superficie de ataque. Hace años, una empresa de ciberseguridad, Tarlogic, destapó una seria vulnerabilidad en los contadores inteligentes de la luz que las eléctricas despliegan desde hace años. Una vulnerabilidad que permitía a posibles atacantes cortar la luz, modificar la potencia, alterar los consumos, modificar el contrato de los residentes… e incluso provocar apagones por barrios. Las eléctricas que desplegaban esos contadores jamás admitieron esos problemas públicamente.

Entonces, ¿fue un ciberataque?

Lo ideal es seguir invocando la cautela.

Si detrás de parte del incidente pudo haber un actor malicioso sin patrocinio de un adversario estatal, lo esperable es que el ‘ataque’ hubiese sido ya reivindicado. No ha sucedido. Al menos no públicamente.

Si el eventual atacante contaba con patrocinio de un país extranjero, entonces es algo que o se sabrá dentro de meses… o no se sabrá nunca.

La magnitud de este apagón no la pudo provocar un ciberataque.

El próximo… ya veremos.

En breve…

La conquista del feed

Hay política en tu algoritmo: derechos digitales, privacidad, ciberseguridad e internet con el foco puesto en las personas, no en las empresas.

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En el número de hoy...

• #LaLigaGate: organízate contra la censura digital en España

• Picoteo de noticias breves

• La extra: La angustia de Pichai y Zuckerberg

#LaLigaGate: organízate contra la censura digital en España

Photo by Maria Lysenko on Unsplash

LaLiga, una sentencia judicial y las operadoras son las responsables de, invocando una supuesta lucha contra la piratería, llevar dos meses bloqueando indiscriminadamente páginas web en España. El Gobierno mira a otro lado, pero la gente ya se está organizando. Empieza #LaLigaGate.

En las últimas décadas ha sido habitual leer titulares sobre arrestos y juicios contra blogueros en países como Yemen, Cuba, Siria o Arabia Saudí. En 2008, Evgeny Morozov ya jugueteaba con la idea de que el derecho a bloguear fuese la siguiente gran frontera de las libertades. “¿Recibirán los blogueros la misma protección que periodistas y presos políticos? […] Es la pregunta que gobiernos occidentales y muchas organizaciones de derechos humanos deberían responder cuanto antes”.

Algunos debates son consustanciales al derecho a bloguear, y muchos se han cerrado en falso. El de la neutralidad de red es uno de ellos. Este es el principio por el que se garantiza que internet es un bien básico con el que las proveedoras de red (ISP) no deben jugar: deben permitir el tráfico de contenidos sin privilegiar a nadie.

David Casacuberta, el fundador del extinto capítulo español de la organización Fronteras Electrónicas, ya cuestionó hace unos años la supervivencia de ese principio. Lo hizo en una entrevista que le pude hacer poco después del confinamiento por la pandemia. “Hacemos videoconferencias y vemos pelis por un tubo. Eso es posible porque la neutralidad de red se ha perdido. Netflix tiene mucho más poder de transmisión, de bando de ancha, que cualquiera de nosotros”.

Curiosamente, en Europa el término ha resucitado en los últimos años a cuenta de un debate también algo viejo: el fair share o retribución justa que las telecos exigen a las grandes tecnológicas. Economía básica: las Netflix y Google de turno se han hecho de oro consumiendo una infraestructura que ponen otros.

Mientras, esos otros, quienes tiran los cables, entienden que la alta demanda que exigen las plataformas están estrechando sus márgenes de beneficio. Por eso las telecos instan a los reguladores a que tomen cartas en el asunto y aprueben un impuesto a la red que asuman esas grandes multinacionales. Las Netflix y Google de turno están escandalizadas, claro, pobres: ¡quieren acabar con la neutralidad de red!

Más allá de la bronca entre corporaciones, lo cierto es que la neutralidad de red se menoscaba día a día. A veces hay razones legítimas. Acabar con la propagación del material de abuso sexual infantil es el mejor ejemplo. Otras razones son, como poco, discutibles. Combatir el contenido ilegal -inserte aquí su definición de ilegal- o simplemente proteger obras con derechos de autor o copyright.

A Madrid o a Bruselas se le ha llenado la boca estos últimos años con una idea. Lo que es ilegal en el mundo físico también debe serlo en el mundo digital.

Sin embargo, ni La Moncloa ni la Comisión Europea han abierto todavía la boca sobre el atropello a los derechos digitales y a las libertades civiles que está suponiendo el bloqueo indiscriminado de dominios que están protagonizando las ISP a instancias de LaLiga de Javier Tebas. El 2 de mayo se cumplirán dos meses desde que muchas páginas y servicios en línea dejan de ser accesibles los fines de semana sencillamente porque hay fútbol.

Qué está pasando

Ni el Gobierno español ni la Unión Europea han abierto la boca por el momento con este tema. Ni siquiera los medios generalistas lo están abordando con la gravedad que merece. Solo puedo destacar el enormísimo trabajo que protagoniza desde hace semanas Joshua Llorach al frente de BandaAncha.eu, que ya hace unos días advertía de la semana horribilis que vamos a tener: la jornada 32 de LaLiga se solapa con la jornada 33, con lo que habrá fútbol ininterrumpidamente desde este lunes hasta el próximo jueves.

Sobre el por qué de este apagón informativo tengo algunas ideas, pero algunas razones son más prosaicas de la que muchos se pueden imaginar. El periodismo está mal pagado y la precariedad azota el sector. Muchos debates en torno a los derechos digitales se han cerrado en falso, como decía hace unas líneas: también el que contrapone la propiedad intelectual con la libertad de expresión. La lucha que protagonizaban hace quince años una recua de abogados y activistas contra villanos como la SGAE no ha tenido relevo. Y el nuevo ciclo de luchas recae en gente que no sabe que otro internet fue posible.

Cronología

Por no seguir dando las cosas por sabidas, recapitulamos brevemente:

A principios de febrero muchos internautas detectan que hay páginas web sin piratería inaccesibles durante la emisión de partidos de fútbol. En un principio, debido a bloqueos de amplios rangos IP a instancias de las operadoras (Movistar, Vodafone, MásOrange, Digi…).

Gol en Las Gaunas. LaLiga se hinche el pecho asegurando a mediados de ese mismo mes que han conseguido desactivar antes del derbi de Madrid una plataforma que pirateaba sus retransmisiones.

Días después LaLiga vuelve a la carga y en un segundo comunicado acusa a Cloudflare, una multinacional proveedora de servicios de redes de entrega de contenido (CDN), de “proteger a organizaciones criminales de forma intencionada con el fin de lucrarse”. Cloudflare ofrece con sus CDN una capa de privacidad que permite a los dominios ocultar su nombre, y esta es la razón por la que el bloqueo a páginas piratas están afectando a otras que no tienen nada que ver con supuestas actividades ilícitas: se ponen a matar moscas a cañonazos.

La comunidad descubre que LaLiga se está amparando en una sentencia de 2022 de un juzgado de Barcelona. LaLiga y Telefónica denunciaron a las telecos (sí, Telefónica se denunció a sí misma). Las telecos se allanaron, es decir, mostraron su conformidad con las medidas que exigía LaLiga: la competición daría dominios que las operadoras deberían bloquear, y estas bloquearían. Lo conté más en detalle en este artículo que saqué en Público.

Cloudflare, evidentemente, no se queda parada. Presenta un incidente de nulidad contra esa sentencia. Aquí fuimos de los primeros en España en contarlo. RootedCON, la asociación que da vida al mayor congreso de ciberseguridad celebrado en España, se suma con otro recurso de nulidad.

A finales de marzo, el juez rechaza sendos recursos. RootedCON muestra su sorpresa con el magistrado: “Asumíamos que no se le había proporcionado toda la información necesaria. Lamentablemente, ahora ha quedado claro su papel”. Cloudflare también reacciona: “El juzgado no evalúa el significativo impacto que [estos bloqueos tienen] en nuestros servicios y el daño a los internautas inocentes”.

Días después, LaLiga emite un nuevo comunicado ya con recochineo, sobre una reunión en Madrid con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con la Coalición de Propietarios de Derechos Deportivos y con miembros del Parlamento Europeo como Maravillas Abadía, del PP. Ya en enero mantuvo otro encuentro con el eurodiputado socialista Marcos Ros.

Y ya el remate de los remates (estoy juguetón con los juegos de palabras), el girito ibañesco que necesitaba la historia. LaLiga está buscando un “analista junior de ciberseguridad” para los fines de semana para que se sume al equipo que está haciendo el trabajo sucio.

En qué punto estamos y qué se puede hacer

Lejos de amainar, la polémica está creciendo ya en foros internacionales mientras el Gobierno español mira a otro lado. Ya se sabe que los bloqueos indiscriminados de LaLiga y las operadoras no arremeten únicamente contra los CDN de Cloudflare. Vercel, otra empresa tecnológica que ofrece los mismos servicios, también está siendo diana de estas restricciones.

El CEO de Vercel, el argentino Guillermo Rauch, se mostró taxativo en redes: “España está censurando internet bloqueando las IP de los CDN de Vercel, las puertas de entrada de millones de aplicaciones y páginas web. Estamos trabajando duro en mitigar este ataque para restaurar la libertad de expresión, ya que [España y LaLiga] están siendo poco comunicativos, muy discretos y no se amilanan por las quejas de los usuarios”. Y Cloudflare o Vercel no son las únicas.

Theo Browne, un desarrollador y creador de contenido con cerca de medio millón de suscriptores en YouTube, ha publicado un vídeo abordando el tema. Se titula: “España bloquea la mitad de internet”.

Uno se podía imaginar que la distopía comenzaría con ataques a la libertad de expresión con razones algo más sofisticadas que la idea de que nadie piratee el Barça-Mallorca de mañana, pero en estas andamos.

Es de esperar que esto no quede así, faltaría más. Es de esperar que pronto se vean nuevas acciones legales contra todo este despropósito. Para lo que ya no hay que esperar es para ver que algo se está moviendo.

Ha nacido el movimiento #laligagate, con una web en la que se está recopilando información y recursos, como un sistema que te indica si hay ahora mismo algún partido en juego y monitorea las IP que se están bloqueando en tiempo real, a la plataforma Afectados por LaLiga, una página en la que puedes incluir tu dominio en caso de que se vea afectado por los bloqueos para ir contabilizando las pérdidas económicas que esta actitud está provocando. Este domingo las pérdidas se cuantificaban en 50.000 euros. Horas después, la cifra se elevaba a 73.000.

Una cosa tengo clara. Javier Tebas, el jefazo de LaLiga, dijo hace semanas que quienes se quejan de estos bloqueos son “cuatro frikis”. Jamás dejaría que mi ego pudiera cabrear mínimamente a los mejores hackers de España. Alguno he visto con ganas de ver qué pasa en el Clásico del próximo 11 de mayo.

En breve…

La extra: La angustia de Pichai y Zuckerberg

Las regulaciones europeas tienen muy angustiadas a las grandes tecnológicas estadounidenses. Quizá uno de los efectos más evidentes de que el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse en el Viejo Continente es una chorrada: desde el buscador de Google ya no hay enlaces directos a su aplicación Maps.

Si eso ya supuso un disgusto para el gigante de las búsquedas, qué habrá pasado por la cabeza de su CEO y presidente, Sundar Pichai, tras conocer el fallo judicial de un juzgado en EEUU: la compañía abusó de su posición dominante en dos de las tres patas de su negocio publicitario (en la de las herramientas que usan los editores para alojar inserciones publicitarias y en la del software que facilita la subasta de esos espacios).

Ya en agosto del año pasado, otra sentencia estadounidense resultaba igual de taxativa, esta vez sobre el papel de Google en el mercado de las búsquedas en línea. “Google es un monopolio, y actúa como tal para seguir siéndolo”.

Ahora que se sabe que Google también es un monopolio en la industria publicitaria, se abre el proceso para que la justicia dictamine qué medidas debe tomar la compañía. El Departamento de Justicia de EEUU ya exige la desinversión de algunas herramientas publicitarias. En otras palabras: que Google se desgarre y venda parte de sus negocios. La jueza dio el jueves siete días a las partes para hablar de medidas concretas. Google, por supuesto, ha asegurado que recurrirá la sentencia. Os recomiendo esta tribuna del exfiscal general de EEUU bajo el primer mandato Trump, Bill Barr.

Meta también está pasando cierta fatiga. Mark Zuckerberg ya ha tenido que declarar en sede judicial por otro juicio antimonopolio que se cursa en EEUU. La vista comenzó la semana pasada y se podría alargar hasta dos meses. El fallo judicial podría llevar a Meta a desprenderse de plataformas tan suculentas como Instagram.

Dudo que tal cosa llegue a ocurrir, pero vaya pintas deben estar teniendo los CEO de las tecnológicas teniendo en frente a la fiscal general de EEUU nombrada por Trump, a quien llevan tantas semanas agasajando.

Mientras tanto, Europa no pasa de las amenazas. Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, avisó por enésima vez el 8 de abril. No dudarán en imponer multas, dijo. La pistola cuando se saca es pa disparar, el que la saca pa enseñarla es un parguela, digo yo.

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• El mundo cruje por Trump, Silicon Valley puede crujir por Europa

• Picoteo de noticias breves

El mundo cruje por Trump, Silicon Valley puede crujir por Europa

Los aranceles de Trump ponen en jaque al mundo. | Teng Yuhong en Unsplash

El arancelazo que Trump proclamó el miércoles pasado desde la rosaleda de la Casa Blanca está haciendo crujir el mundo. Si cerca tienes a alguien que trata de darle empaque de estadista a lo de este notas, frénalo. No hay nada que teorizar en torno a este tío. Lo explica muy bien Roger Senserrich en 4freedoms.

Trump detesta la idea de que EEUU mantenga déficit comerciales con cualquier país del mundo, incluso con una diminuta isla poblada por pingüinos. El presidente de EEUU se subió al púlpito desde Washington para hacer literalmente cuentas de la vieja imponiéndole aranceles del 34% a China (que ya han sido respondidos) o del 20% a la Unión Europea.

EEUU es ahora mismo un imperio colapsando. Sus mercados de futuros han registrado hundimientos que avanzan que este será otro lunes negro. Los leñazos se están produciendo en las bolsas de Asia. La idea de que en las próximas horas se apliquen frenos comerciales (suspender la cotización para evitar que encorbatados salten desde las azoteas) no es desdeñable.

Y la Unión Europea todavía tiene que salir a bailar en este circo.

La respuesta europea

Es de esperar que la Comisión Europea anuncie sus contramedidas a los aranceles de EEUU este mismo lunes, aunque se trate de una propuesta inicial de Bruselas que tenga que ser ratificada por los Veintisiete. Todavía es una incógnita el alcance que tendrá la respuesta comunitaria: Irlanda pedía proporcionalidad e Italia cuestionaba incluso la pertinencia de responder en sí mismo a los nuevos gravámenes de Washington.

Pero Alberto, ¿a santo de qué me estás hablando de comercio internacional? Pues a cuento de que si algo sabe Bruselas es que las grandes tecnológicas son un melón muy tierno al que meterle mano. Que ya era hora.

Diversos medios han asegurado que en las quinielas europeas para responder al arancelazo estadounidense entran las grandes tecnológicas. Algo intuirán los tecnoligarcas, cuando a Elon Musk no le ha quedado otra que sollozar en público rogando por un comercio sin barreras entre EEUU y la UE, generando críticas entre los más fieles acólitos de Trump. Musk, por cierto, cesará supuestamente en sus funciones gubernamentales en unas semanas, según Politico.

La periodista tecnológica Kara Swisher compartió el viernes, dos días después de que Trump anunciara los aranceles, que -según le habían contado varias fuentes- un grupo de “empresarios tecnológicos de alto perfil y líderes financieros” estaban de camino a Mar-a-Lago (el complejo en Florida en el que Trump pasa los fines de semana) para hablar con el presidente. “Sus millones de dólares en donaciones [al presidente] se están convirtiendo en miles de millones en pérdidas”.

Aranceles a servicios digitales

El debate de la fiscalidad de las grandes multinacionales digitales no es nuevo. ¿Os acordáis de la famosa tasa Google? De hecho, las críticas más mesuradas al arancelazo de Trump es que precisamente sus gravámenes se han calculado no sobre barreras comerciales reales, sino sobre un mejunje de cargas fiscales o legales -desde el IVA a las regulaciones tecnológicas que sufren las empresas estadounidenses-.

No sería de extrañar que Bruselas se lance primero a por Silicon Valley y a por Wall Street -la gran banca americana también está en la mira, aunque la diplomacia comunitaria también advierte de no excederse con las respuestas a Trump si no queremos más represalias de Washington-. Al fin y al cabo, Europa exporta bienes, pero importa fundamentalmente -aunque no solo- servicios.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, estuvo la semana pasada en EEUU, donde esquivó confirmar si Bruselas se lanzaría a por las grandes tecnológicas en respuesta a los aranceles de Trump, en declaraciones que recoge Alba Asenjo en El Independiente.

En este momento es una incógnita si se le va a meter manos a las tecnológicas y en caso afirmativo, cómo se hará. Se pueden impulsar procedimientos administrativos a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) o del Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Ya hay comisarios europeos pronunciando las siglas del DFA, el Reglamento de Equidad Digital, cuya propuesta borrador no se conocerá hasta dentro de unos meses. También se pueden poner sencillamente aranceles de los que compañías como Amazon tendrían difícil librarse, por ejemplo.

De hecho, las medidas que adopte Bruselas podrían impactar más allá de en las grandes plataformas estadounidenses. Le envié hace unos días un correo al equipo de Bluesky, por ejemplo, porque no dejan de ser una empresa con sede en EEUU. Quería saber si son conscientes del riesgo. Por el momento no han contestado.

En cualquier caso, los nervios están a flor de piel. Europa no es el principal mercado de las grandes tecnológicas estadounidenses, pero sí es el mercado único (o intento de) más grande del mundo, con 450 millones de potenciales consumidores o usuarios.

Europa se desinfla

A pesar de que se oiga ese ruido de tambores el panorama es un tanto desalentador.

Repaso rápido: hace un mes Reuters contaba que Apple y Meta se enfrentan a multas “modestas” por violar el Reglamento de Mercados Digitales. Sus fuentes aseguraban que las multas europeas serían “modestas” porque la norma está más centrada en hacer que las empresas cumplan la norma que en sancionarlas, y también en que la violación de la norma era breve en el tiempo (normal, la ley se aplica desde hace apenas un año y pico).

Días después se supo que la Comisión tiene ya evidencias que demuestran que tanto Android (Google) como Apple han violado esta misma regulación. La primera, porque Google favorece sus propios servicios en detrimento de la competencia y porque en Android hay barreras a que los desarrolladores puedan usar pasarelas de pago alternativas. La segunda, por los obstáculos a que dispositivos puedan conectarse a un iPhone.

nanalan en Giphy

Luego, Politico dijo que las multas a Apple y a Meta llegarían en la primera semana de abril. ¿Tú las has visto?

Por otro lado, la Comisión está investigando a X, la plataforma de Elon Musk, por posibles violaciones de otra regulación, el Reglamento de Servicios Digitales. The New York Times contó hace unos días que la primera de las investigaciones habrían dado sus frutos y que Bruselas prepara una multa ejemplarizante que superaría los 1.000 millones de dólares… pero que se anunciaría tan pronto como verano. Un portavoz de Bruselas negó la cifra.

Las cositas de palacio van despacio.

En el peor momento posible

Por si fuera poco, y posiblemente en el peor momento posible, la Unión Europea se prepara para debatir cómo aligerar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La norma tecnológica más conocida de Europa, adalid de eso llamado efecto Bruselas, podría empezar a descafeinarse este mismo año.

Valga recordar que el RGPD exige que los datos personales de los ciudadanos europeos se exporten a países tan garantistas con la privacidad como lo es la Unión Europea. EEUU no ha sido nunca un ejemplo de nada con esto, y el actual acuerdo marco de transferencias de datos transatlánticas no ha convencido a los expertos.

Ya es humillante que a principios de marzo se deslizara que el primer interesado en romper ese acuerdo sería la Administración Trump, pero bueno. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, dijo a mediados del mes pasado que la intención de Bruselas era seguir desplegando dicho acuerdo.

A vueltas con el RGPD, el propio McGrath abundó hace escasos días que el RGPD necesita una revisión para apoyar más a las pymes, para no inundarlas con burocracia. Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora en la organización en defensa de los derechos digitales EDRi advirtió en Politico que “reabrir el RGPD para simplificarlo es arriesgado, por bienintencionada que sea la propuesta”.

Max Schrems, activista por la privacidad y presidente honorífico de la asociación Noyb, se mostró algo más confiado en el mismo artículo. El RGPD sigue siendo una obsesión para los lobbistas de las grandes tecnológicas, pero sus bases están consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, zanjó.

Yo no sería tan optimista. A ver qué tal se da la semana.

En breve…

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• Somos presos de jardines vallados y quizá también del miedo de nuestros dirigentes

  • Más funciones para la AEPD

  • El ‘escudo digital’ se olvida de la política de competencia

  • El amargo regusto de no poder

• Picoteo de noticias breves

Somos presos de jardines vallados y quizá también del miedo de nuestros dirigentes

(Foto: Unsplash/Kenny Eliaso)

Está un poco raro todo, ¿no? Por decir algo.

Ayer Donald Trump dijo que la Unión Europea es “muy desagradable”. “No nos permiten vender coches allí. Es prohibitivo por sus políticas y por sus aranceles no monetarios. (…) Ponen obstáculos en tu camino contra los que no puedes hacer nada. Muy, muy asquerosa. Denuncian a nuestras compañías…”.

El miércoles comenzaron a aplicarse los aranceles de EEUU del 25% sobre el aluminio y el acero. La Unión Europea se preparó para responder estratégicamente con más aranceles sobre 26.000 millones de euros en productos estadounidenses tan icónicos como el bourboun, los vaqueros Levi’s o las Harley-Davidson. Apenas horas después, el tipo naranja nos estaba llamando asquerosos y agitando la idea de aplicar aranceles del 200% sobre el vino o el champán europeos.

Pero también dijo eso de que la Unión Europea obstruye a las empresas estadounidenses con sus “aranceles no monetarios”. ¿Qué leches es un arancel no monetario? Pues un formidable eufemismo que nos va a ayudar a entender de qué va todo esto. EEUU no está librando solo una guerra comercial. Está librando una guerra económica que también tiene sus implicaciones tecnológicas.

De hecho, el ejemplo que inmediatamente después puso Trump es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que falló el año pasado contra Apple, exigiendo al fabricante del iPhone a devolver 14.000 millones de euros en impuestos que debió pagar a Irlanda. La historia esta tiene su miga: el Tribunal General ya lo sentenció hace años, pero Apple recurrió el caso… y la propia Irlanda también.

Lo jodido es que Trump, en algunos aspectos, ya está ganando. No es que esto vaya a terminar aquí, ojalá. Es que el pánico puede llegar a paralizar a los dirigentes de los países europeos a la hora de reivindicar nuestra soberanía fiscal o digital. ¿Desarrollar una ley que fomente la libre competencia o que blinde un internet libre? ¿Acabar con que las grandes tecnológicas puedan utilizar material protegido por derechos de autor para entrenar sus grandes modelos de inteligencia artificial?

Todo eso suena muy bien… pero, ¿qué pasa si Trump se cabrea con nosotros?

¿Qué pasa si se cansa de nuestros… aranceles-no-monetarios?

🤪 

Más funciones para la AEPD

Ayer estuve en un desayuno de prensa organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sirvió para que el nuevo presidente del organismo, Lorenzo Cotino, y su adjunto, Francisco Pérez Bes, conocieran a los habituales que cubrimos todo lo que salga de la autoridad de control responsable de hacer cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en España.

Una de las preguntas que lanzó un compañero resultó inevitable. ¿Cómo ven Cotino y Pérez Bes el escenario internacional? Una investigación impulsada por la AEPD en colaboración con otras agencias nacionales de la Unión Europea podría representar otro “arancel no monetario” para Trump.

La respuesta del presidente de la AEPD fue tan clara como divertida. “Es una cuestión más del Reglamento de Servicios Digitales. Afortunadamente, en ello no entramos”. Cotino hizo así alusión a las investigaciones que pudieran emanar de hacer cumplir esta norma, conocida como DSA por sus siglas en inglés. Se trata de la regulación europea que exige transparencia y rigor a las plataformas en su relación con los usuarios. Es la ley comunitaria que obliga a las tecnológicas a combatir la desinformación y a contener la proliferación de productos ilegales o discursos de odio en sus foros.

El presidente de la AEPD en realidad se refería más a que el organismo ya está sobrecargado con competencias. También tiene razón. El Consejo de Ministros del martes pasado sirvió para aprobar un anteproyecto en el que se reparten las tareas que requiere otra norma europea, el Reglamento de la Inteligencia Artificial. La Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) tendrá su rol, pero también tendrán competencias el Poder Judicial, la Junta Electoral y, por supuesto, la AEPD, cuando esta agencia ya tiene un déficit de personal cada vez más grave: su actividad se multiplica e intensifica pero sus recursos no crecen al mismo ritmo (y parece que la posibilidad de contar con nuevos Presupuestos Generales este año que solucionen la situación se desvanece en el horizonte).

Sin embargo, ese “afortunadamente en ello no entramos” también tiene otra lectura evidente. Ahora mismo las regulaciones tecnológicas son una enorme patata caliente que puede provocar más bronca con el sheriff al otro lado del Atlántico.

El ‘escudo digital’ se olvida de la política de competencia

Igual que el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto para ‘adaptar’ el Reglamento de IA, semanas atrás el Gobierno hizo lo propio poniendo sobre la mesa otro anteproyecto que pretende ‘adaptar’ el Reglamento de Servicios Digitales a la legislación nacional.

En realidad los reglamentos europeos no necesitan transposición, como sí sucede con las directivas, pero es cierto que es hábito en los legisladores adaptar las leyes nacionales para poder cumplir adecuadamente con estas normas. Bueno, España va a llegar dos años tarde a designar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia como Coordinadora de Servicios Digitales y habrá que esperar si no cae un multón, pero eso ya lo abordamos aquí.

El ministro para la Transformación Digital aseguró días atrás que con esos anteproyectos el Gobierno está desplegando “un escudo de derechos digitales para los ciudadanos”. Y me parece que de nuevo la regulación europea con más potencial es la que más olvidada está quedando.

El Reglamento de Mercados Digitales va a donde duele: a la pasta, a las cuotas de mercado, a las prácticas anticompetitivas. Y eso lo sabe hasta Trump: su Departamento de Justicia ha propuesto las primeras compensaciones que le exigiría a Google para dejar de ser un monopolio allí… vender Chrome, y quién sabe si vender Android también.

Este Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA por sus siglas en inglés, es la norma que está llamada a romper el cerco de los famosos jardines vallados con los que las grandes tecnológicas han parcelado lo que en su día fue un internet libre. Es, en realidad, una serie de instrumentos con los que la Comisión podrá investigar prácticas contrarias a la competencia en el sector digital sin tener que invocar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Lo que había hasta ahora es como si para denunciar a un homicida tuviéramos que invocar la Constitución Española.

Esa regulación le da herramientas más ágiles a Teresa Ribera, actual comisaria europea de Competencia. Pero las cositas de palacio van despacio.

El amargo regusto de no poder

En los últimos años he hablado mucho con Luis Hernández, el fundador y CEO de una tienda de aplicaciones con sede en Málaga llamada Uptodown. No nos llevemos a ningún equívoco. Luis es un empresario, no un activista. Mira por su negocio. Pero hay algunas de las cosas que dice que me resuenan todavía en la cabeza.

Luis formó parte de los diversos grupos de trabajo que la Comisión Europea puso en marcha en la anterior legislatura comunitaria para entender por dónde habría que abordar la problemática que pretendía atajarse con el DMA. Al final la insatisfacción es grande, y aunque Apple y Google van a tener que ceder en algún momento (¿seguro?), los obstáculos son enormes.

A Apple, por ejemplo, se le dobló el brazo para que permitiera la instalación de apps mediante tiendas de aplicaciones de terceros. Es decir, que en un iPhone te pudieses instalar aplicaciones sin que mediara el fabricante de la manzana. Por supuesto, Apple ha puesto mil excusas y condiciones con el argumento de la “seguridad” y la “confianza” de los usuarios y los resultados distan de ser los deseables.

Esos son los famosos jardines cerrados en términos digitales. Uno de los últimos artículos que publiqué en Business Insider iba precisamente sobre el término. Internet se ha llenado de muros y se acerca la hora de derribarlos, titulé entonces. Desde luego, como futurólogo no me ganaría la vida.

A las marcas les interesan tenernos encerrados en sus muros vallados. No navegamos por internet, simplemente estamos en ecosistemas. Jugamos videojuegos en Steam, escuchamos música en Spotify, iniciamos sesión con Google, y todo dentro de un iPad de Apple. Los más listos luego pasan el cazo: Apple y Google cobran hasta el 30% de todos los pagos que se hacen dentro de aplicaciones en sus sistemas operativos, razón por la que estalló el conflicto con Fortnite hace años.

Por cierto, este Reglamento de Mercados Digitales era el que iba a hacer que todas las aplicaciones de mensajería que utilizamos fuesen interoperables. Un paso de gigante para romper ese cerco. Poder escribir desde Telegram un mensaje a un usuario de WhatsApp. Claro que el papel lo aguanta todo.

A finales del año pasado Meta presentó los requisitos técnicos que le exigía el reglamento, con plazos bien laxos mirando más a 2025 y 2027. Matrix, un protocolo abierto que permite que la app de mensajería que tú crees funcione sobre él -un poco como la idea del fediverso con Mastodon- anunció que trabajaría por interoperar con WhatsApp de forma experimental. Gateklons, un especialista en política digital europea, me contó hace un par de meses que seguramente la gente de Matrix lo acabaría consiguiendo… pero que serían más rápidos si tuvieran más dinero, claro.

Me sigue pareciendo increíble que hace doce años uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, fuera el encargado de avisar que una de las grandes amenazas para la libertad de internet era la prevalencia de estos jardines vallados. En 2025 seguimos usando la nube de Google, el gestor de correo de Google, las herramientas de ofimática de Google, el gestor de contraseñas de Google, el navegador de Google…

Luis, de Uptodown, cree que la solución pasa por romper con esas plataformas y volver a abrazar el ecosistema web, estándar abierto para todo el mundo. Posiblemente ese sea el camino. Eso, o quedarnos entre sus muros mientras nos cuidamos de no deslizar ningún otro arancel-no monetario más…

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• España va a ser la primera en incumplir la ley con la que Europa puede frenar a los oligarcas tecnológicos

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España va a ser la primera en incumplir la ley con la que Europa puede frenar a los oligarcas tecnológicos

El ministro Oscar López en el Congreso de los Diputados (Foto: PSOE/Eva Ercolanese)

La Unión Europea tiene ya herramientas para hacer frente al poder de los oligarcas tecnológicos de EEUU. Una de ellas es el Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Eso sí, por el momento la norma no ha estrenado su régimen sancionador: ni Instagram, ni TikTok ni X han recibido multas por infringirla.

Paradojas de la vida, la primera multada por incumplir este reglamento podría ser España. El presidente del Gobierno ha estado muy beligerante en las últimas semanas cargando contra la oligarquía de empresarios tecnológicos estadounidenses. Pero del dicho al hecho hay un trecho.

En el Consejo de Ministros del martes pasado, el Gobierno anunció un anteproyecto de ley para la gobernanza democrática de los servicios digitales y para crear el registro de medios de comunicación. Aunque suena a nuevo, algunas disposiciones de este anteproyecto, que aspiran a ‘adaptar’ a la legislación nacional el DSA, llegan ya un año tarde.

El DSA comenzó a aplicarse en toda la Unión Europea en febrero del año pasado, e introdujo medidas para garantizar más transparencia en la gestión de las grandes plataformas digitales, evitar decisiones arbitrarias de sus propietarios, combatir la desinformación -y la diseminación de contenidos ilegales- y, en definitiva, proteger a los ciudadanos europeos que las utilizan.

Al albur de los acontecimientos de las últimas semanas, la norma se ha convertido en una de las grandes esperanzas para poner coto al omnímodo poder de los oligarcas tecnológicos que orbitan la Administración Trump. Pero sus plazos están resultando exasperantes.

Con el Reglamento de Servicios Digitales, Bruselas le tiene cogida la matrícula a varias plataformas y motores de búsqueda previamente seleccionados por reunir ciertos requisitos relacionados con su número de usuarios y su cuota de mercado. Sin embargo, por ahora solo se han iniciado procedimientos contra AliExpress, Facebook, Instagram, TikTok, Temu y X. Sobre la plataforma de Elon Musk, de hecho, se han emprendido dos. El último, en enero de este año.

Más allá de la lentitud de Bruselas, tampoco es que la Comisión esté pudiendo contar con Madrid.

La CNMC, de manos atadas

Igual que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales contempla la figura de los coordinadores nacionales. En cada uno de los 27 países que conforman la Unión Europea se debe designar a un coordinador nacional de Servicios Digitales para que vele por el cumplimiento del DSA en su territorio.

En el ámbito del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la competente de investigar posibles infracciones. El organismo de control, por cierto, ha puesto fin a su situación de interinidad (de la que hablamos aquí) en la que llevaba ya más de un lustro. Lorenzo Cotino y Francisco Pérez Bes ya son formalmente presidente y su adjunto.

En el caso del DSA, España anunció hace más de un año que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) asumiría el rol de coordinadora de Servicios Digitales. Sin embargo, Cani Fernández, presidenta del supervisor, demandó en el Congreso en septiembre, nueves meses después, que se ejecutaran las reformas necesarias para que pudieran asumir sus nuevas funciones.

Todavía se está a la espera.

Las oportunidades perdidas

Oportunidades ha habido.

El Gobierno inició en octubre la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que restituirá la Comisión Nacional de la Energía, un órgano que se integró en la CNMC y ahora volverá a tener entidad propia. Es verdad que su tramitación parlamentaria va con retraso, pero ya el año pasado se oía que en Cortes podría apañarse la remodelación de la CNMC aprovechando esa coyuntura. Nada.

La segunda oportunidad llegó en el último Consejo de Ministros del 2024. El Gobierno aprobó el nuevo decreto ómnibus en el que, esta vez sí, aparecía la esperada y necesaria reforma de la CNMC para que pudiera emprender sus funciones como coordinadora de Servicios Digitales. Finalmente, el decreto, ya sabes, decayó en el Congreso. Las Cortes deben convalidar los decretos del Gobierno y los votos en contra de PP, Junts y Vox, además de poner en un aprieto la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público, disolvieron la posibilidad de habilitar a la CNMC como coordinadora de Servicios Digitales.

Lo sorprendente es que esta habilitación del supervisor no se introdujera en el decreto ómnibus bis que el Gobierno sí pudo sacar adelante semanas después.

Ya estamos en febrero de 2025. A principios de mes, el Gobierno anunció la creación de un Observatorio de Derechos Digitales. Ya lo comenté en esta entrega. Para volver oír hablar de la CNMC y sus funciones ha habido que esperar a finales de este mes. En el último Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital, Óscar López, presentó el anteproyecto de ley para la gobernanza democrática de los servicios digitales.

Vísteme despacio

Este nuevo anteproyecto de ley reforma otras tres leyes: la ley de servicios de la sociedad de la información de 2002, la ley de creación de la CNMC de 2013 y la ley de la comunicación audiovisual de 2022. La primera, para designar a la CNMC como coordinadora de Servicios Digitales. La segunda, para crear la nueva dirección de Servicios Digitales dentro del supervisor. La tercera, para crear el famoso registro de medios de comunicación.

Pero es que llega tardísimo, y lo que es peor, el que se presente ahora como anteproyecto de ley da cuenta de que pasarán meses hasta que la CNMC sea efectivamente habilitada como coordinadora de Servicios Digitales.

Hablé con el abogado y especialista en derecho tecnológico Borja Adsuara hace unos días. Tenía curiosidad por ver qué opinaba. “Hay una contradicción. Nos lo habían intentado colar en un real decreto porque era de urgente necesidad y ahora lo presentan en un anteproyecto de ley, que tiene una tramitación primero como anteproyecto, tendrá que llegar a segunda lectura, y después ser proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria”.

Es cierto, matizaba Adsuara, que Bruselas podrá actuar de oficio en infracciones del DSA que puedan estar dándose en varios Estados miembros a la vez. Pero incluir esta habilitación legal que ya va con retraso de un año en una norma más amplia (y controvertida) puede hacer que su tramitación sea todavía más ardua. “El primero que va a incumplir el Reglamento de Servicios Digitales no va a ser una red social, va a ser el Gobierno español”, me comentaba.

Bruselas se impacienta

Ni el DSA es la palanca que cambiará la historia ni yo me considero un cagaprisas, pero cuando digo que la habilitación de la CNMC ya está llegando tarde es porque Bruselas ya envió un toque de atención a España en julio del año pasado.

Al no ver novedades, la Comisión envió un dictamen motivado en diciembre (séptimo apartado de esta nota de prensa). En otras palabras: si en dos meses España no argumentaba bien las razones por las que la CNMC no era ya la coordinadora de Servicios Digitales, la Comisión llevaría al Gobierno español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ese plazo de dos meses terminó a mediados de febrero. Y la CNMC sigue sin ser habilitada.

Lejos de serlo, la presentación del anteproyecto del martes pasado da cuenta de que esto irá para largo. No es solo que España vaya a llegar muy tarde a las políticas que puedan poner freno a los abusos de las redes sociales en el Viejo Continente. Es que, en palabras de Borja Adsuara, el retraso acumulado hasta ahora (un año) va a convertirse presumiblemente en un retraso de dos años “y nos van a meter un viaje en el TJUE por no cumplir”.

En breve…

La extra: ¡Moral pirata!

Estos días, a cuenta de los bloqueos indiscriminados que están protagonizando LaLiga y las telecos (resumidamente: como no pueden bloquear el acceso a dominios con el fútbol pirata si estos se enmascaran con Cloudflare, han empezado a bloquear el acceso a rangos IP, afectando también a páginas legales) he pensado en las absurdas campañas contra la piratería que veíamos en los cines hace una década o algo más.

De lo de LaLiga y las telecos escribí este tema en Público que se ha quedado ya un poquito viejo, y en este mismo boletín hice una entrega especial de una primicia hace unos días: Cloudflare ha emprendido acciones legales contra la competición de fútbol que preside Javier Tebas.

Me acordé de aquellos vídeos ridículos. Sí, los de: “No robarías un auto…”. “El robo es ilegal. Piratería es un crimen”.

Creo que ya todos tenemos la madurez mínima como abordar debates de esta naturaleza con perspectivas algo más complejas. Vivimos en un mundo en el que autores de videojuegos se ven obligados a regalar sus títulos cinco o diez años después de su lanzamiento para garantizar la preservación de su obra, porque las editoras no tienen el más mínimo interés. Y algo similar se puede extrapolar a industrias como la audiovisual o la musical.

Sin embargo, estamos en 2025 y siempre tiramos de moralidad para afrontar estos temas. Lo que nos lleva, claro, a extremos chuscos. Javier Tebas, el año pasado, en Miami: “Si uno acude a Google y pone 'quiero comprar cocaína' o 'sexo niños' no aparece nada. Pero si pones 'deporte fútbol gratis' sí aparece. Unos son delitos más graves, pero con otros como éste, que es robar, no se está haciendo lo mismo”. Pues bueno.

Pensaba sobre eso también al leer esta noticia en elDiario sobre cómo las universidades españolas y el CSIC han intentado renegociar a la baja sus contratos con las principales editoriales científicas del mundo. Elsevier, la editora más grande del mundo, y la que más tajada sacaba de esos organismos españoles (26,5 millones de euros) ha rechazado el nuevo acuerdo, por lo que los científicos españoles no podrán acceder a los artículos científicos que publique Elsevier… ni tampoco publicar sus artículos en sus publicaciones.

En el fragor de la pandemia me acuerdo de un hacker que se animó a piratear y divulgar miles de artículos científicos relacionados con el coronavirus que afloraban en aquel momento. Fue su contribución a la comunidad científica para combatir el SARS-CoV-2. ¿A qué moral apelan personajes como Tebas?

El año pasado un juez de la Audiencia Nacional estuvo a punto de bloquear Telegram en toda España un viernes por la noche. Echó el freno cuando leyó en los periódicos digitales que Telegram era una app de mensajería. El freno fue parcial, claro. Entre enero y octubre del año pasado, Telegram atendió 22 solicitudes de las autoridades españolas para identificar direcciones IP o números de teléfono de 85 usuarios.

En los tres últimos meses del año pasado esa cifra aumentó a 213 solicitudes para identificar a 518 usuarios. Este número no se ha publicado en ningún medio en España.

En fin, esta gente tiene ya todos los dispositivos legales a su alcance para proteger sus propiedades intelectuales. No nos van a dictar también lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No robarías un televisor, decían esos vídeos. ¿Y por qué no? 🏴‍☠️

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Cloudflare emprende acciones legales contra LaLiga y las operadoras que están rompiendo internet

Ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia que ampara los bloqueos indiscriminados a páginas web

Rafa Aparicio (CC Attribution-Share Alike 4.0 International, Wikimedia)

Revés de última hora. Cloudflare ha presentado este martes un incidente de nulidad frente a la sentencia española que permite desde 2022 a LaLiga y a las operadoras (Movistar, Vodafone, Orange, MásMóvil, Digi…) bloquear indiscriminadamente dominios web.

Este tema lo toqué solo de pasada en el último número de este boletín. Ahora merece la pena un artículo rápido porque Cloudflare, una multinacional tecnológica que ofrece servicios de redes de entrega de contenido (CDN), ha dicho basta.

Long story short. Si en las últimas semanas has notado que algunas páginas no te cargan, probablemente no sea cosa de tu router. LaLiga ha emprendido una cruzada contra la piratería en la red que está afectando a páginas web legales. Solo en lo que va de febrero la competición deportiva ha presumido en dos comunicados (aquí y aquí) de haber derribado varios portales que pirateaban las retransmisiones de fútbol.

Pero, ¿a qué precio? Al precio de afectar también a portales legítimos. En esos comunicados, LaLiga acusa a compañías como Cloudflare o Google de encubrir a los piratas para lucrarse. Cloudflare, en su paquete de servicios CDN, permite a los dominios enmascarar su nombre, con lo que LaLiga y las operadoras ya no pueden bloquear con precisión quirúrgica páginas que contienen contenidos pirateados. Por esa razón, LaLiga y las operadoras han empezado a bloquear rangos de IP afectando a servicios legítimos.

¿Cómo es posible? Porque en 2022 LaLiga y Telefónica lograron dos sentencias de dos juzgados de lo Mercantil de Barcelona. En ambos casos, las demandas se interponían contra las operadoras. Sí, Telefónica se demandó a sí misma. Lo que LaLiga y Telefónica (como titular también de los derechos de emisión del fútbol) pedían a las operadoras es que estas bloqueasen urgentemente los dominios con piratería.

El modus operandi pactado: LaLiga y Telefónica darían a las operadoras un listado semanal de dominios que estas tendrían que bloquear urgentemente. ¿Qué sopesaron en este caso los jueces que instruyeron estas dos causas? Más bien poco. En ambos casos, las telecos se allanaron, es decir, se retiraron del proceso, aceptando tácitamente lo demandado. El juez estampó su firma.

Tienes esto explicado con más detalle en un artículo que saqué en Público.es con testimonios de la presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerino; un socio del bufete de abogados 451.legal, Javier Prenafeta, y el presidente de Xnet, Sergio Salgado. Puedes leerlo aquí.

La persecución de LaLiga a la piratería pone a internet en jaque con cortes a páginas web legales

Enésimo capítulo en la lucha entre la antipiratería y el acceso a un internet libre y abierto: LaLiga y las operadoras están detrás de los últimos bloqueos

Aunque las sentencias son de 2022, no ha sido hasta febrero de este año cuando sus efectos se han hecho notar con más virulencia. Y como han deslizado ya expertos legales en los últimos días, son sentencias que generan mucha inseguridad jurídica, porque las partes invocadas en esos procedimientos fueron en todo momento LaLiga y las operadoras: no los titulares de los dominios web o los propios internautas que sufrirían los efectos de los bloqueos masivos e indiscriminados de estos días.

La Asociación de Internautas ha recomendado a los usuarios acudir al Ministerio de Transformación Digital, mientras que los organizadores del congreso de ciberseguridad RootedCON están reuniendo a afectados por estos bloqueos para impulsar también acciones todavía por concretar.

Ha sido esta vez Cloudflare la que ha dado un primer paso.

La compañía estadounidense ha remitido una nota de prensa a última hora de este martes en la que anuncia un “incidente de nulidad” frente a una de las sentencias que invocan las telecos a la hora de aceptar ejecutar esos bloqueos.

“Como defensor de un internet abierto desde hace mucho tiempo, Cloudflare ofrece servicios de seguridad y fiabilidad que protegen a millones de sitio web de ciberataques y refuerzan la infraestructura de internet”, avanza en su comunicado.

La compañía tecnológica detalla que LaLiga “obtuvo esa sentencia sin dirigirse a los proveedores de servicios cloud, ocultando al juzgado el previsible perjuicio a terceros y al interés público”. “Las acciones de LaLiga suponen una clara amenaza para el internet abierto. Cloudflare ha presentado hoy un incidente de nulidad frente a esa sentencia, con el fin de establecer que las desproporcionadas medidas de bloqueo de LaLiga son ilegales”.

La guerra entre Cloudflare y LaLiga había crecido en intensidad en los últimos días. El pasado sábado, la competición deportiva que preside Javier Tebas lanzó un comunicado en el que aseguraba tener pruebas de que dos direcciones IP “amparadas por Cloudflare” proporcionaban “acceso a pornografía infantil”.

Por su parte, la tecnológica se limita a recordar que colabora “habitualmente” con los titulares de los derechos para ayudar “a resolver problemas como el de las retransmisiones ilegales”, pero “LaLiga no ha dejado a Cloudflare otra opción que emprender esta vía legal”.

“En lugar de responder a las preocupaciones de los usuarios españoles sobre el bloqueo de contenidos, LaLiga ha intentado desviar la atención con acusaciones infundadas contra Cloudflare, al tiempo que intensificaba sus prácticas de bloqueo ilegales”.

La firma, así mismo, espera que esta acción judicial “ayude a prevenir futuras medidas de bloqueo indiscriminado y deje claro que los titulares de derechos no pueden anteponer sus intereses comerciales sobre el derecho fundamental de millones de consumidores a acceder a un internet abierto”.

¿Qué leches es un incidente de nulidad? Regulado en la ley orgánica del Poder Judicial, es una vía extraordinaria de impugnar lo que sea que pueda estar lesionando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, los bloqueos indiscriminados de LaLiga y las operadoras.

No es un recurso ni abre una nueva vía judicial: será el mismo jugado de lo Mercantil de Barcelona que aceptó la demanda de LaLiga el que tendrá que pronunciarse en esta ocasión. Será cuestión de tiempo que conozcamos novedades.

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En el número de hoy...

• Hay que salvar internet, pero ¿de qué?

• Picoteo de noticias breves

• La extra: Una preguntita

Hay que salvar internet, pero ¿de qué?

(Foto: Unsplash/Ehimetalor Akhere Unuabona)

Internet está jodido, pero puede estarlo aun más.

La concepción de internet como una vía para comunicarnos de una forma federada, libre, neutra y accesible lleva lustros en peligro. David Casacuberta, filósofo y uno de los primeros activistas digitales de España, me contó hace tiempo que antes era fácil y habitual encontrar webs sobre bandas o pelis más curradas que las páginas oficiales de la época. Me refiero a antes de que las tecnológicas empezaran a mediarlo todo. Antes de los oligarcas y antes de la fiebre de las puntocom.

Esa anécdota, para Casacuberta, es muestra de que hace ya bastante que internet perdió su potencial utópico.

Desde entonces hemos transitado diversos estadios. Ahora estamos entrando de lleno en el mierdificosceno. Cory Doctorow, crítico tecnológico y ensayista, acuñó el término enshittification (mierdificación) para explicar el proceso con el que las plataformas digitales (los Instagram, TikTok y Twitter de turno) nos arrastran en su decadencia. Propone dos principios para escapar de ese mierdificosceno: superar intermediarios y dotarnos del derecho a salir de aquí, de las plataformas (frente al FOMO que incentivan estas y los oligarcas tecnológicos).

No es fácil. Janus Rose publicó a principios de mes un artículo muy celebrado en 404 Media que se titulaba No se puede salir del fascismo posteando (You Can’t Post Your Way Out of Fascism) con un subtítulo que es un magnífico y gráfico resumen de su tesis: los autoritarios y CEO de las tecnológicas comparten objetivo. ¿Cuál? Tenernos atrapados en un doomscroll eterno para que no podamos organizarnos contra ellos.

Aun así, en su último tema, Macklemore tira eso de que no vamos a retroceder, finally see the oligarchy and men that control us all (al fin vemos a los oligarcas y a los hombres que nos controlan). La urgencia de estos tiempos requieren que ocupemos espacios que van más allá de lo digital. Eso, por descontado. Pero internet sigue siendo una herramienta muy poderosa y tenemos el derecho y la obligación de recuperar su potencial utópico.

A estas alturas no deberíamos enredarnos en diagnósticos o en reparto de responsabilidades. El tiempo apremia y el desafío es mayúsculo. Pero incurriríamos en un grave error si asumimos que el único peligro al que se enfrenta internet es la amenaza de las grandes tecnológicas. Sí, sus jardines amurallados nos han llenado los pies de barro, sus algoritmos nos han distraído e incluso sus políticas nos están enmudeciendo.

Otras formas de romper internet

Sin embargo, solo en los últimos días hemos visto cómo LaLiga ha echado mano de una autorización judicial que consiguió en 2022 para ordenar a las proveedoras (Movistar, Digi, etc) bloquear discrecionalmente dominios alegando que en ellos hay contenidos ilícitos (pirateados). La competición de fútbol ha provocado así que internautas no pudieran acceder correctamente a dominios o servicios legítimos estos días.

Lejos de concitar un sesudo debate sobre cómo esta medida judicial y esta política comercial afectan a la misma libertad de expresión, la noticia ha pasado desapercibida. Y solo he leído el titular más exacto en BandaAncha.eu, por Joshua Llorach.

Podrían escribirse libros sobre cómo el abuso del copyright ha minado el ágora digital en los últimos años. Sería una historia apasionante sobre acción política colectiva y en red, sobre la polémica que suscitó la ley Sinde y sobre cómo la ministra de Cultura del último Gobierno de Zapatero consiguió que lo que más se oyera en la alfombra roja de los Goya de 2011 fuesen abucheos de manifestantes usando máscaras de V de Vendetta. Una epopeya, en fin, que desembocaría en el 15-M.

Pero desde entonces las hostias siguen cayendo. El Ministerio de Cultura presume anualmente de en cuántos bloqueos de dominios ha colaborado o de haber conseguido emprender una iniciativa para bloquear mirrors de presuntas páginas piratas en 24 horas sin intermediación judicial. Mientras, LaLiga sigue envalentonándose y acusando a redes de entrega de contenido (CDN) y multinacionales como Google de connivencia con la piratería, llegando a amenazar con denunciar (y denunciando) a usuarios finales.

La otra amenaza está en casa

Ya habrá tiempo y entregas para hablar de ese viaje. Los peligros de internet no son solo los oligarcas o los lobbistas de la propiedad intelectual: también la ineptitud con la que nos acercamos a estos debates.

A principios de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el nuevo Observatorio de Derechos Digitales. “No podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje Oeste. ¿Por qué aceptamos en el mundo digital lo que jamás aceptaríamos en el mundo físico?”. La ocurrencia ni siquiera es nueva: se viene repitiendo desde hace décadas y una de las personas que más ha verbalizado esta idea en los últimos años ha sido Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Este Observatorio nace para velar el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales, lo cual es ya algo divertido en sí mismo: esta Carta no es ni una ley ni un decreto ni un reglamento ni nada que se le parezca. Es una declaración de intenciones que el propio Gobierno sigue eludiendo desde que se presentó.

Durante la presentación de este Observatorio, Sánchez reivindicó algunas de las medidas que ya anunció en enero en Davos: acabar con el anonimato en internet, exigir transparencia en los algoritmos y que los magnates directivos o propietarios de grandes plataformas sean responsables penales de los contenidos que alojan.

La ocurrencia del anonimato

Lo primero es de perogrullo. Nadie es anónimo en internet. Sí, como en el meme, puedes decir eso de “suerte, estoy detrás de siete proxys”. Pero vayámonos cayendo del guindo.

No tendrás cuenta en Facebook y sin embargo habrá plataformas de publicidad digital que te ubiquen perfectamente como (por ejemplo) una chica de Lugo apasionada del pádel, el anime y la fotografía. Seguramente el correo que usaste para registrarte en aquel foro de videojuegos esté a la venta en docenas de bases de datos subastadas al mejor postor. Y tú, máquina, el chavalete que se hace el gallito en Twitter Fútbol acosando “a los rojos JAJA”: es extraordinariamente fácil cerrarte el cerco. Para exposearte solo hace falta que alguien se aburra en un tren de Extremadura a Madrid.

Insistir en la idea del anonimato en internet en pleno de 2025 no es solo cándido, es obsceno. Aquí ideas de bombero salen a patadas: el PP propuso en 2021 en el Congreso que las plataformas como Instagram te exigiesen el DNI a la hora de registrarte.

Por no hablar de la miopía argumental. No solo se pretende matar moscas a cañonazos, es que se erra el tiro y el obús le puede caer a quien menos te lo esperas. Detrás de pseudónimos también hay oprimidas denunciando injusticias, no solo cafres a sueldo de Moscú.

Venga, haz algo

Hacer que los algoritmos sean más transparentes tampoco es una ocurrencia del presidente del Gobierno: es una directriz muy clara que desde hace años empujan diversas organizaciones por los derechos digitales.

De hecho, Eticas, la consultora y auditora de algoritmos fundada por Gemma Galdon, ha publicado recientemente un artículo en el que se propone una forma de medir cómo modelos IA afectan a diferentes grupos demográficos (por ejemplo, con algoritmos de selección de personal) y pauta una serie de herramientas para corregir los sesgos presentes en estas herramientas.

La propia Eticas ha hecho en el pasado ejercicios de ingeniería inversa y auditoría algorítmica para detectar sesgos en modelos tan rutinarios como los que determinan los precios de un viaje en Uber: ¿varían en función del código postal de destino?

Pero con esta propuesta sucede lo mismo que con la de hacer a las empresas dueñas de las plataformas digitales penalmente responsables de los contenidos que alojan (que también puede tener contraindicaciones, por otro lado).

Simplemente, hágase.

It’s time to ride

Xnet publicó el año pasado Digitalización democrática, un libro esencial para entender el papel que han jugado las instituciones públicas en la configuración de este mierdificosceno en el que nos estamos zambullendo. De hecho, es interesante ver cómo Simona Levi, uno de los rostros más visibles del colectivo, ya enfatizó entonces en varias entrevistas que la gente y las empresas no tienen responsabilidad de la situación de internet.

“La responsabilidad no es de la gente ni tampoco de los negocios. Si tú les dejas, los negocios se lo comen todo. Quienes aquí tienen responsabilidad para que eso no suceda son las instituciones”, me dijo entonces. Regular las empresas, no internet.

Estamos en 2025, Trump lleva apenas tres semanas en el Despacho Oval, todo Silicon Valley le rinde pleitesía y de momento en el Viejo Continente no hemos pasado del deeply concerned. Otro tema que pasó desapercibido en medios de comunicación (ninguno lo publicó en España) fue, por ejemplo, que Bruselas ha desistido de sacar adelante el nuevo reglamento ePrivacy.

Este reglamento ePrivacy venía a sustituir la directiva europea del mismo nombre. Si el Reglamento General de Protección de Datos se centra en la (ojo) protección de tus datos personales (indistintamente de la herramienta tecnológica que se emplee para tratarlos), el reglamento ePrivacy venía a tapar algunos huecos centrándose en toda la información que los ciudadanos generamos mediante nuestras comunicaciones electrónicas.

No hace falta que diga el por saco que le habría dado esta regulación a más de una red social.

Bruselas desiste de sacar adelante ese reglamento porque, aparentemente, no suscita consenso entre los Veintisiete. Mientras, en Madrid, Sánchez presenta un Observatorio para vigilar una Carta que no tiene incidencia jurídica reseñable. Y aliña su discurso con propuestas vacías y peligrosas (al fin y al cabo, también las podría aplicar el día de mañana algún Trumpito europeo).

Internet se enfrenta a muchos peligros. No son solo Trump, Musk, Tebas o la tibieza y desatino de los líderes europeos, no. Pero empezar a señalarlos es un punto de partida necesario. En lo de Macklemore también se dice lo de

the next 4 years it’s time to ride (they got us fucked up)

En breve…

La extra: Una preguntita

Que X es una aspersor de propaganda trumpista es un debate por suerte superado. Que en Instagram o en TikTok también cuecen habas, también.

Pero en las últimas semanas me estoy dando cuenta de que los algoritmos de recomendación de estas dos últimas plataformas ya no me conocen tan bien…

Una de las premisas básicas de las redes sociales es segmentar y compartimentar a sus audiencias en camaritas de eco en las que estemos todo el mundo a gustito sin conflicto, predispuestos a ver anuncios.

Entonces no sé muy bien por qué me han salido tiktoks y reels con que si Pedro Sánchez es el culpable de la crisis de la vivienda (en todo caso, lo será de no atajarla) o con que si con Franco se vivía mejor. Todo aplaudido por chavalitos cuya madurez pues no parece levantar un palmo del suelo.

Quería preguntaros, ¿os está pasando algo similar? Si es así, cuéntamelo. Responde a este mismo correo. Qué se yo, no creo, pero a lo mejor toca investigar si la pleitesía a Trump que ya rinden los CEO de las tecnológicas ya tiene su traslado a lo que nos traguemos en el resto del mundo.

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¡Por cierto! Han llegado aquí muchas personas gracias a Marcos Bou, de Negocios RX y coeditor de Edición Deluxe, un boletín diario e imprescindible sobre la industria de los videojuegos. En La extra os cuento un poco más sobre esta primera colaboración y el presente y futuro de este proyecto.

En el número de hoy...

• EEUU y China toman posiciones en la carrera por la IA

• Picoteo de noticias breves

• La extra: Consolidando La conquista

EEUU y China toman posiciones en la carrera por la IA

Photo by Darren Halstead on Unsplash

Esta semana hemos vuelto a vivir de manera frenética.

Decíamos días atrás que las plataformas digitales (X, Facebook, Instagram) se han acercado a los bajos de la Administración Trump por pura supervivencia: si quieren mantener su oligopolio en mercados como el europeo tendrán que combatir el fuego con fuego. Y si alguien puede dar respuesta a las regulaciones que emanan de Bruselas es ese tipo anaranjado que se sienta desde hace unos días en el Despacho Oval.

Con la IA pasa un tanto de lo mismo. Los jefes de Anthropic, una compañía fundada por personal que estuvo en OpenAI, ya han dicho que limitar a China el acceso a los codiciados chips IA es una cuestión “existencialmente importante”.

La china DeepSeek lanzó su modelo DeepSeek R1 el 20 de enero. Solo los más puestos en el mundo de la IA llamaron entonces la atención sobre el acontecimiento. Algunos juguetearon con el chatbot y empezaron a divertirse preguntándole al cacharro por las protestas en la plaza de Tiananmén de 1989.

A muchos se les congeló la sonrisa en cuestión de horas.

El lunes se evaporó más de un billón de dólares de la valoración bursátil de varias compañías tecnológicas. La más afectada, Nvidia, cuyo valor cayó en casi 600.000 millones de dólares: ostenta el récord de ser la compañía que más valor ha perdido en una sola sesión de mercado de toda la historia de EEUU.

Desde entonces corren ríos de tinta. Lo cierto es que al día siguiente las acciones de muchas de las compañías comenzaron a recuperarse.

En Reddit, por ejemplo, mucho techbro compartía su frustración al descubrir que los inversores no tienen ni puñetera idea ni de tecnología ni de IA. Y es verdad: muchos, sencillamente, plegaron velas al leer que una empresa china había lanzado un modelo IA tan competente como los últimos productos de OpenAI, y que lo habían hecho invirtiendo bastante menos de lo que acostumbran las empresas estadounidenses.

Varias cuestiones

¿Por qué Nvidia es la más afectada? Porque es la que fabrica las tarjetas gráficas y componentes que necesitan los centros de computación que requiere la IA. Al saberse que una empresa china era capaz de hacer más por menos, cundió el pánico y muchos inversores optaron por retirarse.

¿Es una burbuja estallando? Lo sería en otras circunstancias. En este momento aceleracionista, las tecnológicas se van a preocupar mucho de lanzar una serie de mensajes inequívocos. ¿Se puede hacer más con menos? Tal vez. Pero imagina lo más que se podría hacer simplemente con más.

Estamos viendo los arreones de una guerra armamentística en la que la Unión Europea, por cierto, no quiere perder coba: el miércoles Bruselas anunció un programa para crear en los Veintisiete “gigafactorías IA”, al estilo del proyecto Stargate (500.000 millones de dólares con los que OpenAI, Softbank, Oracle o el fondo emiratí MGX quiere llenar EEUU de centros de datos con el beneplácito de Trump). Por aquí comentábamos lo del impacto ambiental de los data centers, por cierto. Bis: para todos los apocalípticos de que “Europa va tarde”, una sugerencia: relax. Todavía hay mucho por definir.

¿Y qué están diciendo ya las tecnológicas? Jefazos de OpenAI, los propietarios de ChatGPT, han sacado su sonrisa más falsa para celebrar la consolidación de DeepSeek como nuevo competidor de la industria. Horas después, deslizaron que su producto se ha desarrollado destilando los últimos modelos de ChatGPT. La destilación es un proceso mediante el cual modelos más pequeños se refinan usando las respuestas u outputs de uno más grande.

Que también tiene narices que OpenAI, que entrenó sus modelos robando datos de toda la red, acuse a un tercero de haber hecho lo propio con su tecnología.

Unas lecturas

En todo esto bulle mucha literatura y mucho pensamiento. Va más lejos de las racistadas que algunos periodistas españoles andan soltando (ya he leído a un par de compañeros del gremio hacer referencias a que DeepSeek es una IA de bazar, sí).

Ryan Broderick, en Garbage Day, exponía en referencia a TikTok que “es dudoso que los oligarcas tecnológicos estadounidenses sean capaces de aceptar lo jodidos que están”, pero en el ámbito de la IA es peor. “Para ellos la IA no es solo una estafa piramidal masiva, se ha convertido en una pseudorreligión”.

Yanis Varoufakis no se corta la lengua. El economista griego habla de una nueva guerra fría y de que la aparición de DeepSeek es un “momento Sputnik”. Y Marta Peirano recuerda que “los términos y condiciones indican que los datos de los usuarios, incluidas las conversaciones y las respuestas generadas, serán almacenados en servidores en China y utilizados con propósitos comerciales”, con lo que DeepSeek “no es ni mejor ni peor que ChatGPT, Claude o Grok”.

De hecho, ayer mismo la autoridad italiana de protección de datos anunció el bloqueo provisional de DeepSeek en todo el país europeo. Puede resultar sorprendente, pero ChatGPT pasó exactamente por el mismo proceso en abril de 2023, el mes en el que también fue inaccesible allí. OpenAI acabó siendo multada con quince millones de euros.

Hay quien duda de que el entrenamiento de los modelos de DeepSeek haya sido más eficiente. De que en realidad no hayan usado las H100 de Nvidia, cuya importación a China está sujeta a restricciones que impuso el expresidente de EEUU Joe Biden. Lo que sí es seguro es que, al ser open-source, uno se puede meter en las entrañas del códigode DeepSeek a comprobar lo que haga falta. Y que Trump se mantiene en sus trece de aplicar aranceles a los chips que se fabrican en Taiwán, con la esperanza de que este modo muchas marcas abran sus factorías en EEUU.

Tan seguro como que la guerra armamentística por la IA acaba de crecer en escala. Un resplandor y hace…

En breve…

La extra: Consolidando La conquista

El primer motivo por el que puse en marcha La conquista del feed es porque me quedé en paro y los periodistas somos insoportables. Tenemos un FOMO asqueroso.

El segundo: creo que entre el activismo digital y la información mainstream hay unos cuantos puentes que cruzar.

Esta no es una prerrogativa mía, no me malentendáis, en España o en español hay mucha gente muy buena haciendo muchas cosas y la idea es que esto sirva para darlas a conocer. Pero al otro lado del charco hay mucha más gente hablando de cultura digital y tecnofeudalismo. Todo se queda en inglés.

Ese es el propósito radical de La conquista del feed. Hablar y pensar más y en español sobre mejores formas de habitar las redes y de relacionarnos con la tecnologías. Y sin dejar de tener el ojo puesto en el mainstream. Por ver por donde nos vienen, vamos.

Cuando empecé hace mes y poco pensé que tendría el tiempo para tratar las cosas con algo más de calma. Tengo una lista de temas pendientes que no para de crecer: un reportaje sobre el derecho a reparar en la UE con extrabajadores de servicios técnicos, un ensayito sobre el esqueumorfismo, un artículo sobre las estéticas y corrientes estéticas digitales (el Y2K, el vaporwave), etc. Hay un mundo por reivindicar y espero que pronto lo podáis leer por aquí.

Lo que no me podía imaginar es que el regreso de Trump a la Casa Blanca iba a suponer que todo el proceso tecnofeudalista se acelerara a estas cotas. La idea del boletín es que llegue al correo cada dos viernes. En enero ha llegado los cuatro.

Por otro lado, la gente responde y esto crece. Os estoy muy agradecido. Mención especial a Marcos Bou, de Negocios RX y de Edición Deluxe, gracias a quien muchas habréis llegado a este rinconcito. Marcos, por si alguien no le ubica, hace labores de consultoría a negocios y edita una newsletter de videojuegos maravillosa. Y me encanta una de sus premisas: los medios están tan jodidos con el SEO que es más fácil encontrar un resumen diario de actualidad en tu bandeja de entrada.

En fin, todo este rollo es simplemente para rebajar un poco las expectativas.

También para invitaros a todos los que recibís este correo a participar: podéis contestar este mismo email con sugerencias o ideas de qué querríais leer aquí. Procuro responder todo. Y lo de siempre: que si te gusta esto, lo compartas y animes a la gente a que se apunte.

Nada más. Bueno sí, qué leches. Poneos este cuplé de la comparsa Las ratas del Concurso de Carnaval de Cádiz de este 2025, sobre la IA pero también sobre el desplazamiento de los vecinos de la ciudad por el turismo. 15’45”. Abajo tenéis la transcripción. Gracias Álvaro por pasármela (os recomiendo este texto suyo sobre Vampiros… digitales).

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La conquista del feed se envía cada dos viernes. Están pasando tantas cosas estos días que, de forma excepcional, nos adelantamos una semana.

En el número de hoy...

• Los ecologistas se organizan en Aragón para frenar la sed de Amazon

• Una manera de frenar a los tecnoligarcas: cortarles el grifo del maná

• Picoteo de noticias breves

• La extra: El rey MasterCard está desnudo y no da ni las gracias

Los ecologistas se organizan en Aragón para frenar la sed de Amazon

(Foto: Unsplash / Mario Caruso)

La noticia: el colectivo Tunubesecamirío, en alianza con varias organizaciones, como Ecologistas en Acción Aragón o la Red Aragonesa por el Agua Pública, ha presentado una serie de alegaciones a un plan de interés general aprobado por Aragón que supondrá la ampliación de varios centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en la región.

El colectivo destaca que estas alegaciones son “las más numerosas y variadas que se han presentado hasta la fecha contra centro de datos en España”. El contexto:

El auge de la inteligencia artificial supone un desafío en múltiples ámbitos. El de los derechos de autor, por ejemplo. El del futuro del trabajo, uno de los más evidentes. Pero esta tecnología requiere de una gran capacidad de computación y, en consecuencia, de una gran cantidad de energía. Su impacto ambiental es insoslayable.

Lo evidenció Donald Trump, que en el mismo día en el que fue entronizado presentó una iniciativa en la Casa Blanca en la que OpenAI (ChatGPT), Softbank, Oracle o MGX se unían para invertir 500.000 millones de dólares durante cuatro años. El objetivo: llenar el país de centros de datos. Reindustrializarlo.

Es la iniciativa Stargate. Corren ríos de tinta, y algunas cabeceras están tirando de mordacidad para explicar que parte del suministro eléctrico de los centros de datos llegaría de proyectos de energía solar de una de las firmas que participan en la inversión. Todo ello, a pesar de que Trump sea poco amigo de las renovables.

Ya en octubre del año pasado, Google anunció una alianza con una startup para construir varios reactores nucleares portátiles para alimentar sus hambrientos centros de datos.

España es consciente de la necesidad de que el despliegue de la inteligencia artificial se haga bajo unos estándares de sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, por ahora lo más avanzado es un Plan Nacional de Algoritmos Verdes que deja estupefactos a algunos expertos. ¿Qué leches es un algoritmo verde?

Parte de ese plan se está concretando en crear un sello para que las empresas que quieran (será voluntario) demuestren que sus centros de datos y que sus modelos de IA son eficientes en términos energéticos. Un poco como el Nutriscore del impacto ambiental de la tecnología.

Mientras esto sucede, distintas comunidades están entusiasmadas con las noticias de que tecnológicas recalen en el territorio para construir macrocentros de datos. Un buen ejemplo es el de Talavera de la Reina, donde Meta proyecta una de estas infraestructuras cuya construcción ya es inminente.

A raíz del proyecto de Meta en Talavera se empezó a hablar con más intensidad en España del impacto ambiental de estos desarrollos. Nacía el colectivo Tunubesecamirío que llegó a enfadar al presidente de Castilla-La Mancha. “No voy a permitir nunca que una empresa se deje de establecer aquí porque le falta agua”, dijo Emiliano García-Page.

Ahora muchas miradas están sobre Aragón. En octubre, sin ir más lejos, Blackstone anunció la inversión de 7.500 millones de euros para un centro de datos en Calatorao (Zaragoza) que crearía (según sus estimaciones promesas) más de 1.400 empleos directos.

Con la ampliación de los centros de datos de Amazon en la misma región, Aragón se pone líder en la suerte de carrera por los centros de datos entre las autonomías españolas. Sin ir más lejos, la ampliación de dichos data centers supondría duplicar el consumo energético de la región.

Además del consumo energético, estas infraestructuras hacen un gran consumo de recursos hídricos para tener la capacidad de enfriar toda la maquinaria. En alguna ocasión, las tecnológicas explican que su centro hará un consumo de nosécuantos hectómetros cubícos. La mayoría de las veces, prefieren eludir la pregunta. Y otras tantas, hacen previsiones a la baja.

Por ejemplo, Microsoft prometió que un centro de datos en Países Bajos consumiría entre 12 y 20 millones de litros de agua potable para funcionar. Un diario local informó de que en 2021 el centro consumió 84 millones.

En este contexto surgen las alegaciones que Tunubesecamirío, EeA Aragón, Amigas de la Tierra, la Asociación Naturalista de Aragón, Ingeniería Sin Fronteras, Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, la Red Aragonesa por el Agua Pública o SEO/Bird Life acaban de presentar.

“Este nivel de coordinación entre colectivos no tiene precedentes en la historia de las resistencias en España contra los centros de datos”.

“Quieren servir de referencia y combatir la sensación de impunidad que tienen las grandes tecnológicas”, explicitan, al tiempo que recuerdan que los perjuicios de la “implantación masiva de centros de datos” ya se aprecian en lugares “como Virginia (EEUU), México, Irlanda o Países Bajos”.

Una manera de frenar a los tecnoligarcas: cortarles el grifo del maná

(Foto: Unsplash/ Annie Spratt)

Ahora mismo hay una solicitud en curso que le pide a la Unión Europea revisar el acuerdo con EEUU por el que se legaliza la transferencia de datos de ciudadanos europeos al otro lado del Atlántico. Esto es importante porque, recuerda, nuestros datos son el maná de las tecnológicas.

¿El problema? Solo la han votado 33 personas. Estás a tiempo de sumarte aquí.

En La conquista del feed de la semana pasada comenté que lo que estamos a punto de ver es el inicio de una guerra comercial y regulatoria entre EEUU y la Unión Europea. Hace unos días, en un acto de Más Madrid, se deslizó que el hecho de que Teresa Ribera sea comisaria de Competencia da un poco de esperanza.

Yo tengo mis dudas sobre el papel que Bruselas o cualquier otra capital europea pueda jugar. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha propuesto en Davos (Suiza) acabar con el anonimato en las redes. Es una iniciativa con un reverso perverso: puede limitar la libertad de expresión de gente vulnerable.

Sánchez también ha propuesto que las plataformas sean responsables del contenido que se viertan en ellas. Ese es el gran terror que tienen las tecnológicas, en realidad: que puedan ser ¿penalmente? responsables de las barbaridades que se digan en las redes.

Estamos lejos de eso. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) que comenzó a aplicarse el año pasado le aprieta las tuercas al sector, eso sí: van a tener que ser más eficaces y transparentes moderando contenidos.

Ahora, ya sabes: Meta deja atrás a los fact-checkers, YouTube se suma a esa senda y, ah, cierto, Spotify, que es una multinacional de origen sueco, también ha puesto unos cuantos huevos en el cesto de Trump. Hay vida más allá de Spotify y hay vida más allá de Goodreads, por otro lado. Hay vida más allá, en general.

La cosa es que yo creo que una forma muy viable de atar en corto a las tecnológicas es, además de seguir desarrollando regulación, hacer cumplir la que ya existe.

Y en eso nuestra UE no es siempre la más espabilada, la verdad. ¿Sabías que en julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que las transferencias de datos de ciudadanos europeos a servidores en EEUU eran ilegales?

Max Schrems, presidente de Noyb, una plataforma de activistas y abogados en defensa de la privacidad, denunció el acuerdo de transferencias de datos entre Washington y Bruselas al entender que en EEUU no se trataba con el mismo celo los datos de ciudadanos europeos que como se hace en la UE con los datos de EEUU.

Schrems ganó el caso. De hecho, no era la primera vez que lo hacía. Ya tumbó años antes otro acuerdo para garantizar esas transferencias. Por eso existen las sentencias Schrems I y Schrems II (lol).

La cosa es que desde verano de 2020 y hasta hace meses esas transferencias fueron ilegales. ¿Lo sabías? Las plataformas sí, claro: Meta le recordaba anualmente al regulador bursátil de EEUU que su negocio se podría ver alterado por una abrupta salida del mercado europeo si no se solucionaba la movida.

Washington y Bruselas cerraron un acuerdo para seguir enviando datos europeos al otro lado del charco. Biden firmó una orden ejecutiva con unos cuantos cambios cosméticos en la ley que ampara a las agencias federales estadounidenses a recabar inteligencia de ciudadanos europeos en plataformas estadounidenses.

Ahora, carraspeo, Schrems vuelve a escena. ¿Veremos una sentencia Schrems III?

Lo que ya hay es una solicitud presentada ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

La ha presentado el francés Pascal Vautrin, que intervino en el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado. En su intervención, Vautrin recordó que el actual acuerdo de transferencia de datos “está relacionado con la ley de servicios de inteligencia exterior de EEUU”.

Vautrin pide que la Unión reconsidere o directamente anule este acuerdo de transferencia de datos, recordando que en 2015 ya se anuló el primer acuerdo entre EEUU y la UE y que en 2020 el TJUE nuevamente tumbó el segundo acuerdo.

Lo cierto es que Bruselas aceptó ese acuerdo con Washington con el Parlamento Europeo en contra. La Comisión ya ha respondido a Vautrin asegurando que “en caso de que haya desarrollos negativos en el marco legal estadounidense” no se dudará en “proponer suspender, paralizar o enmendar la actual decisión de adecuación”.

Hablé hace unos días con Pascal. Me reconoció que se esperaba esta respuesta de Bruselas. Pero el partido no ha terminado. Así que lo dicho: a votar. Cerrar tu cuenta en Instagram está muy bien. Poner en apuros a Meta está mejor.

En breve…

La extra: El rey MasterCard está desnudo y no da ni las gracias

Un hacker se gastó 300 pavos y mucho tiempo para cubrirle las espaldas a MasterCard, que tenía un fallo gravísimo en sus servidores. La multinacional no le ha dado ni las gracias. Que no era para tanto.

Lo cuenta bien Brian Krebs aquí, pero en resumen: entre 2020 y principios de este 2025, MasterCard tenía una liada en sus registros DNS. Los registros DNS son como una agendita, como un manual de instrucciones.

Si tú escribes en tu navegador google.es accederás a Google. Esto es gracias a esos registros DNS, que permite a los internautas no tener que apuntarse miles de direcciones IP para acceder a distintos sitios. Gracias a los registros DNS, nuestros dispositivos son capaces de traducir un montón de numeritos en eso, en google.es.

MasterCard configuró cinco servidores DNS para gestionar todo el tráfico que recibían hacia mastercard.com. El nombre de los cinco servidores terminaban en akam.net. ¿Todos? ¡No! Uno de ellos terminaba en akam.ne. Ne, y no net.

Una erratilla la tiene cualquiera. El problema es que parte del tráfico que recibía mastercard.com estaba enviando solicitudes a una dirección incorrecta. ¿Y qué? Pues que si un actor malicioso se hubiese pispado y hubiese comprado el dominio akam.ne habría estado recibiendo parte de ese tráfico.

Como explica Krebs, si un actor malicioso hubiera creado un correo electrónico terminado en akam.ne habría recibido algunos correos dirigidos a mastercard.com y, con unas poquitas piruetas más, podría haber obtenido hasta certificados de cifrado de sitios web o, quién sabe, contraseñas de Windows de los ordenadores de los curritos.

Giphy

MasterCard tuvo suerte de que no fuese un actor malicioso sino un hacker ético el que detectara este error y además invirtiera meses y 300 dólares en contratar la dirección .ne en cuestión.

Al final la empresa reconoció el fallo, pero diciendo que ya se había corregido la errata y que sus sistemas no se habían visto comprometidos en ningún momento.

La sorpresa fue todavía más mayúscula cuando el hacker en cuestión, Philippe Caturegli, recibió un correo de Bugcrowd (una plataforma que conecta a empresas con hackers éticos) pidiéndole que borrara su publicación en LinkedIn en la que contaba esta aventura.

En el mundo del hacking existe el concepto de divulgación responsable: los hackers comparten errores subsanados para enriquecer a toda la comunidad con más conocimiento y prevención. De hecho, es habitual recompensar a los hackers, creando toda una red global de hackers cazarrecompensas.

MasterCard ha dado un ejemplo de negligencia al atender así el trabajo desinteresado de un hacker. A lo mejor la próxima vez no tiene tanta suerte.

En España conocemos casos de hackers que han intentado ayudar a empresas y administraciones y se encontraron con demandas. Pasó con Renfe: en 2012 dos hackers españoles demostraron que era posible hackear las máquinas de venta de billetes y Renfe, en lugar de agradecer el aviso, demandó. Fueron absueltos.

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En el número de hoy...

• Musk y Zuckerberg quieren llevar Europa a la guerra

  • ¿Entonces las grandes tecnológicas ahora son ultras?

  • Todo esto, con TikTok en la cuerda floja

  • Tambores de guerra

  • Europa sigue a por uvas

• Picoteo de noticias breves

Musk y Zuckerberg quieren llevar Europa a la guerra

(Foto: Unsplash / Snowscat)

Sabía que algún día vería el planeta arder por hombres poderosos, pero no esperaba que fueran semejantes perdedores. Rebecca Shaw escribe ese titular en The Guardian, y es quizá uno de los resúmenes más certeros para todo lo que hemos visto en las últimas semanas.

Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre (el mismo día que me despidieron, je) y en cuestión de horas será investido presidente. Elon Musk fue el primero en arremangarse los dobladillos para besar el suelo que pisa su jefe, quien por cierto ya tiene nuevo retrato oficial y la expresión de su rostro recuerda a la que aparece en la ficha policial de cuando fue detenido en 2023.

Musk, propietario de X y CEO de Tesla o SpaceX, no ha sido el único oligarca tecnológico en postrarse ante las botas de Trump. Una viñetista de The Washington Post ha dimitido después de que el periódico le vetara una caricatura de Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del diario desde 2013. Democracy dies in darkness, la democracia muere en la oscuridad, era hasta ahora el eslogan del medio. ¿El nuevo eslogan? “Narrativas apasionantes para todo EEUU”. Hay cabreo.

Bezos ya no dirige Amazon, pero el gigante del comercio electrónico, conducido por Andy Jassy, se ha apresurado en reducir sus programas de diversidad e inclusión (DEI). La compañía, igual que OpenAI (responsable de ChatGPT) o Meta (propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp), ha donado un millón de euros para la ceremonia de investidura de Trump.

Quizá la que más ruido ha provocado ha sido Meta. Su fundador y CEO, Mark Zuckerberg, anunció hace días cambios en sus políticas de moderación de contenidos. Sin paños calientes: anunció la eliminación de su programa de colaboración con agencias y organismos de verificación de hechos, los especialistas en fact-checking.

El programa nació en 2016 de la colaboración de Facebook con agencias de noticias y organizaciones como AP o AFP. El movimiento era obvio: Zuckerberg necesitaba blanquear la imagen de sus plataformas tras el caso de Cambridge Analytica. Sin embargo, los escándalos no han parado de sucederse.

Los papeles de Facebook que filtró la extrabajadora de Meta Frances Haugen desvelaban lo que eran secretos a voces: que las redes sociales de la multinacional hacían daño a niños y a adolescentes y que la compañía lo sabía (hace años trabajaba en una versión de Instagram para menores de edad).

Ahora el programa de colaboración con los fact-checkers se revierte porque, en palabras de Zuckerberg, estos estaban introduciendo sesgos políticos revisando los contenidos bulos que proliferan en Facebook o Instagram. El programa será sustituido por unas notas de la comunidad similares a las que existen en X, de eficacia cuestionable.

De momento esta medida solo se da en EEUU, según ha confirmado Meta a las autoridades brasileñas. Eso sí, las agencias de verificación del resto del mundo ya están poniendo sus barbas a remojar al tiempo que reprochan los desatinos del fundador de Facebook.

Los cambios van más allá de la colaboración con los verificadores. Marta G. Franco hace un estupendo resumen en su newsletter. También Maldita enumera muchos cambios en las políticas de la comunidad de Facebook o Instagram: se podrá decir que las mujeres están locas y los homosexuales enfermos.

Otra newsletter, Platformer, ha informado de que en Meta, a nivel interno, se están dando indicaciones para que semejantes barrabasadas dejen de ser penalizadas y limitadas por los algoritmos de recomendación de contenidos de las redes. Y User Mag publica que Instagram ha restringido estos meses las búsquedas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+ a menores.

¿Entonces las grandes tecnológicas ahora son ultras?

Zuckerberg habla de libertad de expresión. En sus palabras: “EEUU blinda constitucionalmente la libertad de expresión, pero en otras regiones como Europa, América Latina y China la situación es cada vez más restrictiva. Necesitamos el apoyo del gobierno estadounidense para revertir esta tendencia global”.

No deja de ser un cobarde. En una reunión con un pez gordo del gabinete de Trump, Zuckerberg prometió que desmantelaría sus programas de diversidad e inclusión y echó balones fuera, asegurando que los instauró en realidad su exjefa de Operaciones. También hace poco dijo que dirigiendo empresas hace falta algo más de “energía masculina” y pidió a Trump que defendiera a Meta de Europa. Comprando su marco, aquí Zuckerberg está derrochando más bien energía de pito pequeño.

¿Entonces? ¿Qué está pasando? Aquí se habla de un asalto al poder de los tecnoligarcas. En el Financial Times se preguntan si es que la gran empresa estadounidense se ha vuelto trumpista y algunas cosas que recoge el artículo son inquietantes: está cambiando incluso la forma de hablar en Wall Street. “Me siento liberado, podemos decir retrasado y cobarde sin que nos cancelen”, decía un banquero.

En una columna en The Wall Street Journal también hacen una lectura mordaz de todo lo que está pasando. Los programas de diversidad e inclusión se han convertido en el chivo expiatorio de un montón de señores que no se atrevían a decirle a otros señores que no se les contrataba no porque el puesto estuviese reservado a una mujer racializada, sino porque simplemente eran unos mediocres.

Es sencillo. Aunque los ultras y buleros de turno estén entusiasmados, lo que está sucediendo supera por mucho el concepto de guerra cultural. Es una cuestión geopolítica y comercial. Y como escribía Marta Peirano en El País, no es que los magnates tecnológicos tengan un cambio de ideología. Es un cambio de actitud.

Todo esto, con TikTok en la cuerda floja

La investidura de Trump coincide con la supuesta prohibición de TikTok en EEUU.

Tranqui, que ahora encajarán las piezas.

Me enteré el otro día por el periodista Manu Contreras de que millones de jóvenes estadounidenses, ante la posibilidad de que TikTok se acabe yendo del país, han migrado a otra red social china, Xiaohongshu, también conocida como RedNote.

Es improbable que el idilio de los usuarios de EEUU con RedNote dure, pero ha dado estampas divertidas, como jóvenes chinos preguntando a los “refugiados” recién llegados si de verdad tienen que endeudarse para estudiar una carrera.

Trump, todavía no se sabe cómo, va a intentar posponer el veto a la red social en cuanto llegue al Despacho Oval. De hecho, el CEO de TikTok, Shou Chew, está invitado a la investidura del presidente.

Ignoro qué hay detrás de ese movimiento. No se puede descartar que Trump acabe doblándole el brazo a ByteDance (la propietaria de la plataforma china) o que una prórroga para evitar la prohibición de TikTok acabe siendo un favor que quiera cobrarse después.

Hace unos días Garbage Day contaba lo de RedNote y me gustó mucho este párrafo: “Las tecnológicas estadounidenses saben que no están en sintonía con China. Saben que están perdiendo terreno en todo el mundo frente apps como TikTok, Temu, Shein, CapCut y AliExpress”.

“Los legisladores estadounidenses creen ingenuamente que el mercado y la audiencia estadounidenses son lo suficientemente valiosos como para que sirvan como moneda de cambio. Por eso siguen ocupados con disputas regulatorias mientras China sigue conquistando el resto de internet”.

La cosa es que EEUU ya no va a ir solo a por China. Ahora en la diana está la Unión Europea. Pero, ¿cómo? Si el bloque comunitario no participa de la carrera tecnológica. Bueno…

Tambores de guerra

En EEUU se conoce como efecto Delaware a aquellas iniciativas legislativas que acaban provocando regulaciones más laxas, mientras que el efecto California es aquel que hace que sean más estrictas. Reciben esos nombres por la influencia jurisdiccional que tienen esos estados en el resto del país.

El efecto Bruselas, por otro lado, es la capacidad de influencia que había demostrado la Unión Europea por conseguir que sus regulaciones acabaran siendo estándares en otras jurisdicciones del mundo. El concepto fue acuñado en 2012 por una profesora de Derecho estadounidense, Anu Bradford.

Y sí, las grandes tecnológicas están hasta las narices del puñetero efecto Bruselas. De ahí que Mark Zuckerberg sea muy explícito pidiendo a Trump que apoye a Meta y la defienda frente a las “restricciones a la libertad de expresión” que crecen en el Viejo Continente.

No es el único. El CEO de Epic Games, la propietaria de Fortnite, se ha subido a este barco. Tim Sweeney ha sido muy beligerante estos años con Google y con Apple por los jardines valllados que son Android e iOS (y que les obliga a pagar un 30% de cada compra que se hace en Fortnite si lo juegas en esos sistemas).

En la pasada legislatura comunitaria, Bruselas aprobó dos reglamentos cruciales: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). El primero combate las malas prácticas que hacen las plataformas moderando sus contenidos, baneando a sus usuarios, o siendo opacas para investigadores.

El DMA, por el contrario, es una regulación que dota a Bruselas de más herramientas para combatir las prácticas de las tecnológicas contrarias a la libre competencia.

Este último, el DMA, es el que le interesa a Sweeney. Pues va el tío y en un tuit intenta explicar que el DSA y el DMA no es lo mismo: “El DSA es el reglamento que los políticos europeos están intentando utilizar indebidamente para censurar”. Lo dicho: el discurso ya está escrito.

EEUU ha tenido durante años el foco puesto en China. La guerra regulatoria con Europa está a punto de estallar.

Europa sigue a por uvas

La Unión Europea, que ha estrenado nueva Comisión hace apenas unos meses, no parece estar viendo con la misma gravedad lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico.

Un ejemplo muy somero. La aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) recae en las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión. En los casi siete años que la norma ha estado en aplicación, la autoridad irlandesa de protección de datos no empezó a trabajar de forma diligente hasta hace unos meses.

Que Irlanda empezara a trabajar bien provocó la furia del jefe de Asuntos Públicos de Meta, Nick Clegg. (La última entrega de La conquista del feed, por cierto, versó precisamente sobre el relevo en la autoridad española de protección de datos).

Ahora se sabe que el Supervisor Europeo de Protección de Datos está muy preocupado por la elevada dependencia que Bruselas tiene de tecnología de Microsoft.

Max Schrems, un activista en defensa de la privacidad, no ha podido ser más claro: “Si la Comisión sigue usando Microsoft 365 con una Administración Trump extremadamente hostil (…) básicamente se arriesga a que Trump lea todos los documentos de la Unión en tiempo real”.

Estamos a las puertas de una guerra comercial y regulatoria entre EEUU y la Unión Europea. En el Viejo Continente, cantos de sirena alarman sobre la excesiva regulación. Se espera que a finales de mes la Comisión presente su agenda para impulsar la competitividad económica... Y no se descartan pasos atrás en materia de regulación.

En España pintamos bastos. Velar por el cumplimiento del DSA recae en autoridades nacionales. En nuestro caso, en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

No se habilitó a la CNMC para ello hasta el último Consejo de Ministros del 2024, vía decreto: con casi 9 meses de retraso y una semana después de que la Unión Europea enviara un dictamen motivado a Madrid (un broncón, vaya).

Simona Levi, de Xnet, me comentó en una entrevista que los políticos deben entender que “no podemos seguir siendo clientes de la digitalización, debemos ser actores”. El colectivo presentaba Digitalización democrática, libro fruto de una investigación que le encargó el Parlamento Europeo, y que radiografiaba los nulos esfuerzos que se estaban haciendo en las instituciones por sacar la digitalización de la lógica de la empresa privada.

Rebbeca Shaw decía en The Guardian que se esperaba que el mundo ardiera por culpa de los hombres poderosos, pero que lo que no podía imaginar “y ni siquiera predecir” es que dieran tanta vergüenza ajena.

Los políticos y gobernantes que deberían confrontarlos (al menos a este lado del charco) están pareciendo igual de losers.

En breve…

La conquista del feed

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En el número de hoy...

• La Agencia Española de Protección de Datos busca jefe... y te afecta más de lo que crees

  • Un cese que llega casi cinco años tarde

  • Por qué te importa este baile de nombres

  • Meter en cintura a las tecnológicas

  • Una sucesión en un momento delicado

• Picoteo de noticias breves

• La extra: Las entidades que no contestan los correos

La Agencia Española de Protección de Datos busca jefe… y te afecta más de lo que crees

Cámaras de vigilancia. (Foto: Unsplash / Lianhao Qu)

Esta noticia pasó desapercibida por dos razones.

La primera y más evidente: la noticia llegó el 24 de diciembre, en los prolegómenos de la Nochebuena. En estas épocas los medios están a otras cosas.

La otra, quizá igual de evidente: los medios siguen estando a otras cosas cuando se trata de valorar la importancia de la protección de datos y de la privacidad frente a los modelos de negocio depredadores.

Mar España, directora general de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), era cesada vía decreto del Consejo de Ministros. A pesar de eso, la confianza en ella era total. Fue nombrada al cargo por el primer Gobierno de Rajoy, en julio de 2015, a instancias del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá.

En realidad, el mandato de Mar España caducó hace más de un lustro. Debió haber sido sucedida en 2019, pero una suma de factores lo hizo inviable. Hubo que esperar hasta 2021 para que un Gobierno de Pedro Sánchez presentara un real decreto con los nuevos estatutos de la Agencia. En ellos, se eliminaba la figura de directora general de la AEPD y se sustituía por una Presidencia y una Adjuntía.

Aunque fue nombrada directamente por un Gobierno del PP, Sánchez ha convertido algunos ejes estratégicos de la AEPD en cuestión de Estado, como por ejemplo la protección de los menores en entornos digitales (con una controvertida ley antipantallas trabajada por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego junto a ministerios como el de Interior o el de Transformación Digital).

El cese, en realidad, responde al cansancio de la propia España. Ella misma explicaba el pasado 24 de diciembre que su cese coincidía con su solicitud de jubilación anticipada. Ya en 2022, cuando los nuevos estatutos de la AEPD hacía meses que habían visto la luz, la propia Agencia aclaraba que España no podría dejar el cargo hasta que se encontrara un sucesor o sucesora en sus funciones.

Un cese que llega casi cinco años tarde

En realidad ya hubo un intento para suceder a Mar España como directora de la AEPD a finales de 2021. La Agencia contaba con sus nuevos estatutos, pero PP y PSOE alcanzaron un acuerdo en 2021 para renovar varios magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los consejeros del Tribunal de Cuentas. En la letra pequeña se incluyó renovar la AEPD.

¿El problema? Por entonces no se había iniciado el proceso para designar al presidente o presidenta y a su adjunto al frente de la AEPD, que contempla un proceso selectivo público al que cualquiera puede presentarse.

El Gobierno trató de salvar aquella papeleta abriendo a posteriori el proceso selectivo. Los estatutos también indican que es el Consejo de Ministros el que debe hacer después una propuesta al Congreso para que las Cortes voten y aprueben con una mayoría de tres quintos al nuevo presidente (o presidenta) de la AEPD.

De forma insospechada, el Consejo de Ministros aprobó entonces una propuesta que en realidad era una terna entre tres candidatos. El Gobierno propuso al Congreso que votara entre tres personas para liderar la Agencia: Belén Cardona (a propuesta del PSOE, con un adjunto, Borja Adsuara, a propuesta del PP); Ricard Josep Martínez y Leonardo Cervera, funcionario en el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Cervera cuestionó el proceso al considerar que nacía viciado de origen (en lugar de un nacer con la apertura de un proceso selectivo, lo hizo con un acuerdo entre PP y PSOE). Por esa razón lo recurrió y el Tribunal Supremo anuló el decreto del Gobierno con la terna entre tres candidatos, obligando al Gobierno a reiniciar todo este proceso selectivo.

Más de dos años después, el Gobierno está a punto de cerrar este capítulo. En octubre y noviembre de 2024 se constituyó el comité de selección para valorar el currículum, el perfil y la idoneidad de los postulados. A este proceso volvió a concurrir Leonardo Cervera, que medios y expertos situaron cerca de la órbita de Ciudadanos.

Pero el Gobierno no cuenta con Cervera. El Consejo de Ministros resolvió el 24 de diciembre, el mismo día en el que cesó a España, la propuesta que tendrá que aprobar el Congreso: el catedrático Lorenzo Cotino, como presidente de la AEPD, y Antonio Troncoso, como adjunto a la Presidencia. Las Cortes tendrán la última palabra.

Por qué te importa este baile de nombres

Lo que pasa en la AEPD te afecta. ¿Recuerdas como hace apenas un año la mayoría de periódicos digitales que visitas comenzaron a obligarte a aceptar las cookies o, en su defecto, a pagar unos céntimos para rechazarlas? Antes no era así, ¿verdad?

La historia tiene su miga y tiene que ver con una controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Meta. Sin entrar demasiado al trapo, esta idea de bombero (o tragas o pagas) fue validada por la propia AEPD con una guía hace unos meses, lo que animó a muchas empresas a ponerla en práctica.

Desde 2018, año en el que en la Unión Europea se empieza a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cada Estado miembro debe tener al menos una “autoridad de control” nacional. Ese es el papel que juega la AEPD.

Esas autoridades de control son las responsables de velar por el cumplimiento del RGPD en el territorio nacional. Muy (muy, muy) resumidamente: eso ha provocado un cuello de botella en Irlanda (la mayoría de las grandes tecnológicas están en ese país por sus tasas impositivas) que no ha empezado a desatascarse hasta hace nada.

Eso no quita que la AEPD haya jugado un rol clave en el contexto europeo. Bajo el mandato de Mar España, la agencia ha sido un modelo a seguir para el resto de autoridades europeas. Es la agencia que más multas ha impuesto en toda la Eurozona, aunque es la sexta según el valor de las multas.

Irlanda ha impuesto 30 multas, pero el valor de todas ellas supera los 3.500 millones de euros. España ha puesto 899 multas, pero el valor de todas ellas no llega a los 83 millones de euros.Esto no es extraordinario, claro: no es lo mismo multar a Facebook que multar a una comunidad de vecinos que ha puesto cámaras de vigilancia sin permiso.

Pero hasta en ese detalle lo que sucede en la AEPD te afecta a ti, incluso más allá de internet.

De hecho, piénsatelo si querías instalar una mirilla inteligente en tu puerta. La Agencia suele variar su criterio, pero la resolución más reciente sobre el tema (una de las últimas de 2024) es divertida: una persona denunció a su vecino ante la AEPD por haber instalado una en su puerta. La AEPD lo ha archivado porque en su respuesta, el vecino explicó que había instalado la cámara porque le ponían chinchetas en el felpudo.

Meter en cintura a las tecnológicas

Lo cierto es que los funcionarios de la AEPD han hecho en los últimos años un esfuerzo sobrehumano. La Agencia ha estado infrafinanciada en el último lustro. En España se han prorrogado en varias ocasiones los Presupuestos Generales del Estado. Ahí fuera, sin embargo, los desafíos seguían multiplicándose.

La propia Mar España avisaba antes de las elecciones generales de julio de 2023. El siguiente Gobierno tendría que atender a las demandas de la AEPD, advertía, porque el organismo estaba a punto de colapsar.

Este 2024 que ya dejamos atrás ha supuesto un punto de inflexión para la Agencia. A pesar del cuello de botella irlandés, la autoridad española no se amilanó contra Worldcoin, una iniciativa de Sam Altman (quien te sonará por ser el fundador y CEO de OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT).

Worldcoin es un proyecto que persigue democratizar el blockchain y cimentar una renta básica universal cripto (no estoy de coña). Por eso, para acercar a todo el mundo a su token empezó a ofrecer unas monedas a cambio de que los usuarios se registraran… fotografiándose el ojo.

El resultado es el que te imaginas. Stands de Worldcoin en todo el mundo con colas de jóvenes y personas migrantes ofreciendo su ojo para recibir un token y después ir a un exchange para canjearlo en fiat (en euros, vamos). La AEPD llamó una mañana con urgencia a varios periodistas (ahí que fui) a una rueda de prensa en la que anunciaron que paralizaban de inmediato la actividad de Worldcoin en España.

Worldcoin se puso farruca, pero no hubo caso. Denunció a la AEPD de vuelta, pero hace escasas semanas se supo que la AEPD y la autoridad bávara de protección de datos (un organismo alemán, competente de investigar a Worldcoin) concluían que la entidad tendrá que eliminar los códigos resultantes de haber fotografiado el iris a miles de personas.

El caso contra Worldcoin (y la paralización de unas iniciativas de Facebook e Instagram sobre las elecciones europeas, también en verano de 2024) han sido un reflejo de cómo la propia AEPD está poniendo pie en pared contra prácticas predatorias de grandes tecnológicas.

Las preguntas que tocan: ¿es suficiente? ¿La AEPD puede seguir sola? ¿El RGPD se ha quedado obsoleto? ¿Qué va a hacer con todo esto en el futuro presidente de la AEPD a expensas de que lo apruebe el Congreso (si es que lo aprueba)?

Y si la Cámara no da luz verde, ¿qué será de la AEPD en una nueva fase de interinidad)

Una sucesión en un momento delicado

Cotino y Troncoso, los nombres propuestos para presidir la AEPD, tendrán que someterse a una votación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Ahí deberán reunir una mayoría de tres quintos con los votos favorables de más de dos grupos parlamentarios, según la ley orgánica de protección de datos.

Si no lo consiguen en primera votación, tendrán una segunda oportunidad, pero seguirán necesitando mayoría absoluta de la Comisión de Justicia.

Lo cierto es que el relevo de Mar España llega en un momento delicado. Un nuevo período de interinidad en la AEPD podría resultar fatal. El mercado de la IA generativa sigue creciendo voluptuosamente vulnerando derechos de creadores y artistas, pero también de usuarios que ven cómo sus datos personales pueden llegar a ser parte de todo un banco de datos para entrenar modelos.

De hecho, ChatGPT ya las ha tenido con la autoridad de protección de datos italiana, sin ir más lejos.

El reto es mayúsculo. Lo reflejan hallazgos como el de una base de datos vulnerable de Volkswagen. El medio alemán Der Spiegel publicaba a finales de 2024 un extenso reportaje titulado Sabemos dónde está tu coche y el título era, de hecho, riguroso: la base de datos filtraba la ubicación de más de 800.000 coches de la marca, incluyendo algo más de 80.000 coches de marca Seat.

Entre los datos filtrados: el nombre de los propietarios y datos de ubicación. Todo un compendio de información en el que es fácil descubrir dónde viven, trabajan, compran, juegan al tenis o llevan a sus hijos al cole miles de propietarios de un Vokswagen. Por no hablar de la información relativa a oficinas, embajadas o servicios de inteligencia.

Ya no es solo que las tecnológicas y las empresas en general puedan tener prácticas predatorias con tus datos personales. Es que en muchas ocasiones, de forma accidental, se producen cagadas negligencias que ponen tu privacidad en riesgo.

¿Estará preparada la AEPD del mañana para todo esto?

En breve…

La extra: Las entidades que no contestan los correos

En el último número de La conquista del feed nos metimos hasta el fondo de la cocina diseccionando el real decreto en el que trabaja el Ministerio de Cultura sobre las licencias colectivas ampliadas, el instrumento legal que el equipo de Urtasun quiere importar a España para poner orden en el robo masivo que hace la IA de creaciones artísticas.

Para hacer aquel reportaje estuve intentando recabar la opinión de entidades de gestión de derechos de autor que por entonces no se habían pronunciado al respecto. En concreto, con la SGAE (músicos), con VEGAP (artistas plásticos) o CEDRO (editoriales y autores).

El Ministerio de Cultura sí respondió, tras mucha insistencia, y solo a las preguntas que consideraron. No se ha dicho todavía, por ejemplo, cuántas aportaciones recibió el borrador del decreto tras el plazo de audiencia pública.

A día de hoy ni SGAE ni VEGAP ni CEDRO han contestado a las preguntas de este boletín, pero sí han emitido un comunicado junto a otras entidades en las que reivindican su apoyo al proyecto del Ministerio. Dicen hacerlo en “representación de más de 180.000 autores, actores, artistas musicales, guionistas, directores, fotógrafos, pintores y escritores”.

Tan sorprendido como yo están hoy muchos de esos 180.000 “representados”, que denuncian desde hace días en redes sociales que estas entidades de gestión jamás les han consultado su opinión sobre el tema.

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En el número de hoy...

• El Gobierno prepara encuentros para consensuar cómo licenciar el contenido que ya roba la IA

• Picoteo de noticias breves

• La extra: Un nuevo derecho de rectificación

El Gobierno prepara encuentros para consensuar cómo licenciar el contenido que ya roba la IA

Ernest Urtasun, ministro de Cultura. (Foto: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez)

El Ministerio de Cultura está trabajando en un decreto con el que se importará a España un instrumento: el de las licencias colectivas ampliadas. El departamento que dirige Ernest Urtasun espera aprovechar esa herramienta, presente en la directiva europea de copyright, para poner coto al robo masivo de contenido de artistas y creadoras que protagoniza la IA en internet.

La directiva copyright (que ya se transpuso en España con la polémica ley Iceta) tendrá un revival. Cultura abrió un plazo de audiencia pública para el nuevo decreto (aquí está el borrador) entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre. Y claro, ha generado una buena bronca porque artistas y creadoras entienden que el Ministerio les está dejando de lado.

Fuentes de Cultura indican a La conquista del feed que por ahora este decreto “está en una fase muy preliminar”. “Durante el periodo de consulta pública se han estado recogiendo aportaciones, que se van a analizar para ver cuáles se pueden incorporar”.

“Se seguirán manteniendo reuniones con el sector para que se pueda alcanzar un consenso”, concluían. Preguntado por cuántas aportaciones se ha recibido sobre el decreto, el Ministerio de Cultura no ha ofrecido ninguna cifra concreta.

Vamos con el contexto.

El robo masivo de la IA

No hay mucho debate. Si nos descargamos un libro electrónico de dudoso origen para poder comentarlo en el club de lectura, si nos ponemos una serie (incluso descatalogada) a través de un streaming chungo, o si nos bajamos unos mp3 para poder escuchar música sin conexión, la conclusión es la misma: estamos pirateando.

Las empresas que desarrollan los populares modelos de IA generativa también han pirateado, y de una manera masiva. Esas compañías que te ponen el botón de reescribir con IA incluso al hacer la lista de la compra han cebado su tecnología con textos, imágenes, vídeos y fotos protegidas por licencias. Y sin permiso.

Claro, hay una ligera diferencia: el club de lectura de tus amigas no está levantando millones de dólares en rondas de financiación.

Qué son estas licencias colectivas ampliadas

El decreto que prepara Cultura trae a la legislación esas licencias colectivas ampliadas. Básicamente, para evitarle a una multinacional el mal rato de ir pidiendo permiso por el uso de cada obra una a una, estas megacorporaciones podrán llamar a la puerta de una entidad de gestión de derechos de autor y cerrar un acuerdo.

Funciona así: el Gobierno confiará en las entidades de gestión de derechos de autor más reconocidas (la SGAE o el CEDRO de turno) esa labor: cerrar acuerdos con las desarrolladoras de IA para que estas puedan acceder a un enorme catálogo de producciones protegidas con las que seguir alimentando sus modelos de forma legal.

Esas entidades serán las responsables de gestionar estas licencias colectivas ampliadas y, además, los creadores podrán indicarles si no quieren que su trabajo pueda ser objeto de esos acuerdos con las tecnológicas. El opt-out será una opción. Al menos, así se estipula en el borrador del decreto conocido hace semanas.

Avalancha de aportaciones

Aunque Cultura no ha indicado cuántas aportaciones recibió después de que hace unos días terminara el plazo de audiencia, es fácil intuir que en el buzón ha habido una avalancha tanto de particulares como de organizaciones.

En el ámbito de las aportaciones particulares, muchos textos se han escrito desde las tripas. "En este proyecto de ley ustedes pretenden que mis creaciones y las de muchos otros compañeros sirvan para alimentar una maquinaria tecnológica que me dejará sin el poco trabajo que puedo hacer", denunciaba El Torres.

Otro ejemplo del feedback que ha recibido Cultura: que el decreto exija más transparencia a las tecnológicas que quieran hacer uso de esas licencias colectivas ampliadas. Por ejemplo: alojamiento de los datos que entrenarán el modelo, algoritmos usados, consumo energético estimado del entrenamiento.

El colectivo Arte es Ética, junto a los Sindicatos de Espectáculos, Gráficas, Audiovisuales y Papel (SEGAP) adheridos a la CGT, expusieron su frontal rechazo al proyecto de decreto. Lo hacían denunciando el contexto en el que nace la propuesta: no tiene mucho sentido desarrollar la figura de las licencias colectivas ampliadas sin atender que previamente muchos modelos de IA ya han robado masivamente creaciones de muchas personas.

Una portavoz de Arte es Ética cuestionaba, en declaraciones a La conquista del feed, la posibilidad de que las propias entidades de gestión puedan estar “alineadas con los artistas y autores” en este tema.

El colectivo Xnet planteaba en sus aportaciones la necesidad de establecer tarifas para evitar que estas licencias colectivas ampliadas generen o consoliden monopolios tecnológicos y la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) volvía a reivindicar flexibilizar y armonizar un decreto de 2021 que transpuso la directiva copyright europea.

Aquel decreto, el de la ley Iceta, introdujo en su artículo 67 que no sería necesaria autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual para la “minería de textos y datos” con unas cuantas excepciones. Claro, la propuesta de FESABID es (asumo) bienintencionada, representa a investigadores y a archiveros, no a depredadores de Silicon Valley.

Pero es prueba de lo complejo del asunto. De no armonizar ese decreto, FESABID entiende que se “podría incentivar la externalización de proyectos de minerías de datos a otros países”. Este nuevo enfoque de colonialismo digital va a ser mi Imperio romano unas semanas.

Por supuesto, por si cabía alguna duda, la propuesta de Cultura tampoco ha gustado a las grandes tecnológicas o al Ministerio de Transformación Digital. En síntesis: a ellos, lo que hay ahora, les va bien.

Qué se está haciendo en otros sitios

Antes de que la directiva copyright de 2019 introdujese en la legislación comunitaria la idea de estas licencias colectivas con derechos ampliados, estas ya existían. De ello da cuenta un informe publicado hace unas horas por el Instituto Autor, una entidad que fundó la SGAE en 2005.

El análisis que hace Instituto Autor se detiene en los casos de las licencias colectivas ampliadas de países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, aunque en este último caso el alumbramiento de este instrumento no tuvo que ver con el auge de la IA.

Es un informe muy sucinto, pero llama la atención que en casos como el sueco o el noruego quede bien claro que los autores tienen derecho a una compensación, cuando no a una remuneración, y eso incluye a los creadores no asociados a las entidades de gestión.

Más interesante parece lo de Brasil. Allí hace unos días el Senado aprobó un proyecto de ley de IA que contempla la necesidad de remunerar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras que hayan sido utilizadas para entrenar modelos de IA. Votaron en contra los bolsonaristas, por cierto, que apoyan a las grandes tecnológicas.

Para Arte es Ética, el ejemplo de Brasil “demuestra que la organización, unión y presión colectiva pueden ganarle el pulso al lobby tecnológico”.

La norma tendrá que pasar por la Cámara de los Diputados brasileña, eso sí, y “tampoco es la mejor alternativa” porque “si bien se reconoce el derecho a la remuneración, dicho pago beneficiará a los titulares de derechos de autor que tengan condiciones efectivas de negociar, lo que beneficiará en la práctica a grandes empresas titulares, como grandes editoriales o discográficas, más que a titulares de pequeño tamaño”.

Más cerca de España, en Reino Unido se ha iniciado una consulta pública sobre un proyecto legal similar al visto aquí.

Qué va a pasar y cómo se resuelve esto

El Ministerio de Cultura sigue adelante con sus planes de buscar consenso con el decreto. El proyecto sigue ahí, en un cajón, y no sería extraño verlo aparecer en un Consejo de Ministros de 2025.

Sobre cómo se resuelve esto, no tengo una respuesta clara, pero este que aquí os escribe comparte algunas líneas de Arte es Ética y CGT: asumir que la vía para que las grandes tecnológicas dejen de robar creaciones es amparar legalmente esas sustracciones implica, de algún modo, cierto derrotismo institucional.

El mismo derrotismo que veo en el proyecto legal brasileño, sin ir más lejos: ¿qué es eso de que solo negocien quienes puedan negociar?

“Si no puedes pagar por una vivienda te envían los antidisturbios para desahuciarte. Pero si las empresas tecnológicas no pueden pagar por los derechos de autor hay que buscar un consenso”, denunciaba el SEGAP de CGT días atrás.

Por otro lado, me preocupa que tras el ciclo tecnopolítico de hace algo más de una década, en el que vimos el fulgurante nacimiento y auge del copyleft, ahora una de las barricadas de esta batalla sea precisamente el copyright.

Resulta evidente que cuando hace unos años la piratería era una cuestión de Estado no se buscó con el mismo ahínco el consenso, y aquello dio pie a la censura sin mediación judicial de dominios web que hoy se ha normalizado. Este 2024 que estamos ya despidiendo fue el año en el que la Audiencia Nacional estuvo a punto de cargarse Telegram un viernes por la noche. Por situarnos.

Es un follón. Pero por eso lo importante es escuchar a los damnificados y exigir a las grandes tecnológicas que sus modelos sean verdaderamente abiertos. Dos investigadores neerlandeses propusieron este año el término openwashing.

Si el greenwashing es el ecopostureo en el ámbito del impacto climático, de openwashing podríamos hablar cuando leemos a Meta o a Google reivindicar que sus modelos son abiertos mientras esconden información crítica, como con qué datos han sido entrenados o cómo los han reunido.

En breve…

La extra: Un nuevo derecho de rectificación

Días atrás el Consejo de Ministros anunció una reforma de la ley que contempla el derecho de rectificación. La medida se encuadra dentro del Plan de Acción por la Democracia con la que el Gobierno quiere poner coto a, básicamente, la fachosfera digital.

La ley reformada permitirá que la rectificación se pueda requerir en 10 días (antes era en un plazo de 7 desde la publicación de lo rectificable) y afectará no solo a medios, sino a influencers con más de 100.000 seguidores.

Solo un par de anécdotas sobre los límites y peligros de estas rectificaciones.

Leía el otro día en Twitter que Mr. Wonderful exigió en una rectificación corregir que operara en “el sector cuqui”. La otra es mía: hace muchos años me tocó retirar una noticia por decir que un partido era nazi por el mero hecho de que no lo es por estar legalizado ante Interior.

Ya os lo digo yo. Lo era.

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